La diáspora venezolana llegó a los 7.774.494 migrantes, según los datos de la plataforma multiagencial R4V, que le hace seguimiento, con 300.759 refugiados reconocidos y 1.184.889 solicitudes de la condición de refugio pendientes. Se ha convertido en el fenómeno de movilidad humana más grande del mundo. Se calcula que Venezuela ha perdido aproximadamente el 27 % de su población desde la llegada de la Revolución Bolivariana al poder.
Por El Espectador
En 2023 salió el 20,58 % de la migración venezolana, 1.589.106 personas, pero paradójicamente fue el año de menor respuesta, solo contó con la tercera parte de los recursos de la cooperación internacional requeridos para su atención en la región, mientras que varios gobiernos endurecieron las medidas migratorias y la xenofobia continuó creciendo.
Al complejo panorama se suma la crisis migratoria de la población en dirección a los Estados Unidos por la selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá. Para el 6 de junio las autoridades panameñas reportaban que 174.513 personas transitaron por la selva este año y de ellas el 64,84 %, unos 113.244 migrantes eran venezolanos.
Ni Venezuela se está recuperando, ni sus migrantes están regresando; por el contrario, la “Crisis Humanitaria Compleja” prevalece y se espera que en el segundo semestre de 2024, dependiendo de los resultados de las elecciones presidenciales pautadas para el próximo 28 de julio, se dé un crecimiento significativo de la migración, especialmente de jóvenes y así como de familias en procesos de reunificación en los países receptores.
Particularmente la coyuntura política ha agudizado la persecución contra opositores, defensores de derechos humanos, miembros de organizaciones sociales y los detractores del chavismo en Venezuela, causando la salida de algunos de ellos ante la represión. Pero sobre todo, genera especial preocupación las presuntas operaciones del régimen de Nicolás Maduro contra venezolanos en Chile y Colombia que van desde las detenciones ilegales, pasando por las torturas, el asesinato y la extracción contra ciudadanos que deberían ser objeto de protección internacional y reconocimiento de la condición de refugiado.
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