El Gobierno de Gabriel Boric está empeñado en aprobar su Reforma de Pensiones, una promesa de campaña que ha sido fuertemente combatida por la oposición, la que ha sido acusada de negarle “la sal y el agua” al mandatario. En una medida de presión, hace unos días la ministra vocera, Camila Vallejo, anunció que la próxima semana el Gobierno pondrá en discusión inmediata el proyecto de ley en la Comisión de Trabajo del Senado, a fin de agilizar su empantanado trámite legislativo.
Por Infobae
“Consideramos que ya es momento de votar la idea de legislar en la Comisión de Trabajo, para que rápidamente sea votada la idea de legislar en la sala del Senado, y empiece entonces el trámite en particular de vuelta en la Comisión de Trabajo del Senado”, informó en su tradicional punto de prensa.
La ministra Vallejo recalcó que “el presidente ha pedido expresamente que esto ya empiece a entrar en su recta final. Cada vez que el presidente sale a alguna comuna o localidad, se encuentra con un adulto mayor que le pregunta qué pasa con las pensiones, cuándo van a poder aumentarlas. Por lo tanto, independiente de las diferencias que tiene la oposición con esta reforma de pensiones, necesitamos empezar a concretar”.
Historia de una ley
Siguiendo los consejos del economista José Piñera, -hermano mayor del ex mandatario Sebastián Piñera-, Augusto Pinochet instauró en 1981 el actual sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), privatizando las jubilaciones y obligando a millones de adultos mayores a abandonar las cajas previsionales y afiliarse a estas empresas. Las Fuerzas Armadas, sin embargo, se mantuvieron al margen de este nuevo sistema y el Estado siguió siendo el garante de sus pensiones, que hasta el día de hoy son mucho más altas que las del resto de los jubilados chilenos.
Dicha ley establecía que cada trabajador debe destinar un 10% mensual de su sueldo a una cuenta personal, de la que puede disponer cuando se jubile y que es gestionada por las AFP, las que hacen crecer esos ahorros de los afiliados invirtiéndolos en acciones y bonos de empresas en Chile y el extranjero, así como en títulos de la Tesorería General y el Banco Central.
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