Un nuevo proyecto de ley que otorga a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estatal más poder para expulsar a los ocupantes ilegales y aumenta las sanciones penales para los infractores entró en vigor el lunes, lo que potencialmente da a los propietarios de viviendas de Florida las herramientas para proteger su propiedad y al mismo tiempo evitar largos procesos judiciales.
Por New York Post
En un video publicado en X, el gobernador Ron DeSantis dijo que su estado está “poniendo fin a esta estafa de ocupantes ilegales de una vez por todas” con la HB 621.
“Mientras que otros estados se ponen del lado de los ocupantes ilegales, nosotros estamos protegiendo a los propietarios y castigando a los criminales que buscan jugar con el sistema”, dijo DeSantis en una conferencia de prensa en la Oficina del Fiscal Estatal del Condado de Orange después de firmar el proyecto de ley en marzo.
“Tenemos gente que se queda aquí siete meses al año y luego se va a Michigan, Nueva York o incluso Canadá. Cuando regresas después del verano, hay alguien en tu casa y se queda allí seis meses. Ahora, en Florida, llamas, llenas un formulario, viene el sheriff y lo echa de tu propiedad”, le dijo DeSantis anteriormente a Sean Hannity sobre la ley.
“Si no tenemos derechos de propiedad privada, no tendremos una sociedad libre, por eso es el fundamento que defiende Florida y estamos orgullosos de hacerlo”, continuó.
El abogado Kevin Fabrikant, supervisor del bufete de abogados especializado en desalojos de Florida, dijo a Fox News Digital que el proceso legal de Florida para expulsar a un ocupante ilegal de una propiedad era uno de los más rápidos del país incluso antes de la aprobación del proyecto de ley, y que normalmente demoraba alrededor de un mes.
En comparación, los ocupantes ilegales en estados como Nueva York y California se han convertido en un dolor de cabeza que dura meses para algunos propietarios.
Pero puede ser costoso para los propietarios, dijo Fabrikant, comenzando con una tarifa de presentación de $300 y luego, generalmente, una representación legal costosa.
Pero bajo la nueva ley, los agentes del orden público que antes estaban con las manos atadas podrán eludir el proceso judicial y llevar a cabo desalojos, siempre que el propietario presente una declaración jurada y el intruso cumpla varios criterios:
El ocupante debe haber ingresado ilegalmente a la propiedad, el propietario ya debe haberle pedido que se vaya, no puede ser un inquilino actual o anterior de la casa y no puede ser un pariente inmediato del propietario que busca sacarlo de su propiedad.
“Está diseñado para una situación muy específica: si dejas que alguien ingrese a tu propiedad y quieres que salga, es probable que no aplique”, dijo Fabrikant.
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