La comunidad internacional ha reaccionado de manera diversa al informe presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela, reflejando su profunda preocupación.
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La Unión Europea ha instado al chavismo a permitir prontamente la reapertura de la oficina de la ONU en el país, expresando además su inquietud por los casos de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias de opositores políticos, así como los ataques contra la prensa y los defensores de derechos humanos.
Lamentaron la decisión de rechazar la misión de observación electoral de la UE y subrayaron la importancia de elecciones transparentes y libres.
Canadá ha expresado su preocupación por la continua violación de los derechos civiles en Venezuela y la persecución de los defensores de derechos humanos, citando el caso de Rocío San Miguel.
Consideran que penalizar a aquellos con opiniones divergentes es contrario a los derechos humanos y priva a los venezolanos de su libertad.
Perú también ha mostrado su preocupación por el cierre del espacio cívico en Venezuela, incluyendo la persecución y criminalización de los defensores de derechos humanos. Han instado a las autoridades a restaurar la presencia de la Oficina de la ONU en el país.
Portugal ha resaltado que la única forma de recuperar la confianza en las instituciones en Venezuela es a través de elecciones libres y justas. Sin embargo, señalan que continúan observando restricciones al espacio cívico, detenciones arbitrarias y desapariciones. Han llamado a Venezuela a restaurar la presencia de la Oficina de la ONU.
Chile ha señalado que la crisis en Venezuela ha trascendido la esfera política, causando privación del derecho a la alimentación y la salud. Esperan el pronto retorno de la Oficina de la ONU al país y estarán atentos a las elecciones del próximo 28 de julio.
EEUU, Georgia, Albania, Brasil, Austria, Reino Unido, Suiza y Argentina también han expresado su preocupación y han instado a Venezuela a tomar medidas concretas para abordar la situación de derechos humanos en el país.
Estas reacciones reflejan la preocupación internacional por la situación en Venezuela y la necesidad de respetar los derechos humanos, garantizar elecciones transparentes y permitir el trabajo de los organismos internacionales encargados de velar por los derechos de la población.