Era venezolana, tenía 27 años, trabajaba como panadera y vivía en Perú junto a sus dos hijas y su pareja. Pero hace cuatro años la vida de Diana Aleman Díaz y su aventura en un país que no era el suyo se interrumpió de manera trágica. El 3 de julio de 2020, en plena pandemia, la joven acudió desesperadamente al hospital María Auxiliadora, en el distrito de San Juan de Miraflores, al sur de Lima, porque había sufrido un aborto espontáneo y urgía atención. Fue recibida recién a la medianoche pues, según su familia, le exigían la compra de ampollas y una serie de implementos.
Por: El País
Al día siguiente su madre fue a visitarla y todo indicaba que sería dada de alta sin mayores complicaciones. Pero, por la tarde, desde la red social de una compañera de cuarto, Aleman Díaz se comunicó con su pareja, Eudomar Gonzales, y le dejó un mensaje que los preocupó: “Mi vida, estos doctores van a llamar a Serenazgo por lo del aborto. Necesito que me ayudes”. El domingo 5 de julio, tras varias horas de espera, el personal del hospital les comunicó que su paciente había fallecido durante la madrugada. Su cuerpo había sido hallado en el sótano del hospital.
Se supo después que Diana Aleman Díaz había caído de un tercer piso, desde la ventana de un baño. No se sabe con exactitud cuánto tiempo permaneció allí, ni si la estuvieron buscando durante horas y si nadie se percató de su ausencia. Lo que sí se sabe es que el hospital atribuyó su muerte a un suicidio, y que a lo largo de este tiempo ha evitado pronunciarse con claridad sobre el caso. Incluso quemaron sus pertenencias. Para los familiares, la joven fue intimidada y acosada por quienes la atendieron, y ello derivó en una crisis de angustia que al parecer nadie advirtió y cuyo desenlace fue fatal.
Hace poco, un grupo de asociaciones, encabezada por Proyecta Igualdad y Justicia Verde de Perú, han presentado el caso ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), institución de las Naciones Unidas, como medida de fuerza frente a lo que consideran es una muerte originada por la criminalización del aborto y la violación del secreto profesional. La solicitud cuenta con el aval del Instituto O’Neill de la Universidad de Georgetown y Ríos Rivers, una ONG estadounidense que brinda apoyo legal.
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