El Gobierno colombiano realizó otro encuentro en el departamento de Nariño, en el suroeste del país, con comunidades y el Frente Comuneros del Sur, una supuesta escisión del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que ha causado problemas y la congelación de las negociaciones de paz con esa guerrilla.
El llamado ‘Encuentro amplio para el desescalamiento de las violencias y la transformación territorial para la paz en Nariño’, se realizó este fin de semana convocado por la gobernación de Nariño, alcaldes y gobernadores indígenas y el consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, según informó este lunes su oficina.
Al acto también asistieron “como invitados” delegados de los Comuneros del Sur, con el propósito, según la Oficina de la Consejería Comisionada para la Paz (OCCP), de “profundizar la territorialización de la paz y desarrollar acciones que dignifiquen la vida de las personas en esta zona del país”.
“En desarrollo de los diálogos con representantes de la agrupación armada Frente Comuneros del Sur, reiteraron su disposición al desescalamiento de la violencia y a aportar a la transformación territorial para la paz”, añadió la información.
El Gobierno, por su parte, presentó un plan con tres ejes: constituir cinco grupos de trabajo (para minas antipersonal; retorno de desplazados; atención a menores reclutados; casos de desaparecidos, y fortalecimiento de autoridades locales); trabajar en transformaciones territoriales y, por último, abrir la transición de los miembros del grupo “hacia una condición de ciudadanía plena”.
“Esto implica la suspensión de hostilidades contra la población y la limpieza no solo física de los territorios mediante el desminado, sino también la búsqueda y reconocimiento de desaparecidos, así como una limpieza espiritual. Todo esto debe ser abordado en los grupos de trabajo para avanzar en este proceso”, afirmó Patiño.
Problemas en las negociaciones
Un primer encuentro hace meses del Gobierno, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, y el Frente Comuneros del Sur, causó descontento en el mando nacional del ELN.
Por esa razón, desde enero no se han celebrado ciclos formales de diálogos con el Gobierno -aunque sí se han hecho reuniones e incluso se firmó el primer punto de la agenda de paz- y las negociaciones están estancadas pese a que hay temas apremiantes que solucionar, como la renovación del cese al fuego bilateral que expira el 3 de agosto.
El ELN quiere una negociación nacional liderada por su equipo negociador y no que haya acercamientos regionales con frentes o grupos que supuestamente dicen haber pertenecido a esa guerrilla.
Por ello, la propia jefa negociadora del Gobierno, Vera Grabe, le pidió en una carta hace unas semanas al presidente colombiano, Gustavo Petro que les aclare quién negocia con el ELN: si hay una negociación nacional que es la que llevan ellos; si ahora va a ser regional con el primer ejemplo en Nariño, o si van a ser procesos paralelos, que es lo que no quiere la guerrilla.
“Si hay un proceso de paz en un territorio y una estructura de un grupo con el que se está negociando nacionalmente, ¿cuál es la actitud a asumir? Lo que hemos pedido, y así ha actuado el presidente, es deslindar claramente ambos planos y darle la prioridad a la Mesa Nacional. No puede haber una negociación paralela con una sola organización en dos niveles, eso sería esquizofrénico”, dijo en una reciente entrevista con EFE el senador Iván Cepeda, miembro de la delegación del Gobierno.
Según Cepeda, la mesa nacional de diálogos es “la única instancia decisoria”, y lo de Nariño “se inscribe dentro de un diálogo social que busca que en los territorios haya transformaciones” y que se “va a acabar en el sentido de que se convierta en un proceso paralelo que atente, riñe o debilite el proceso nacional”.
EFE