La Policía Federal reforzó la sospecha de que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro mantuvo una red de espionaje ilegal, con recursos del Estado, para vigilar a sus adversarios políticos mientras estuvo en el poder, según documentos desclasificados este jueves por la Corte Suprema.
Los documentos forman parte de una investigación iniciada el año pasado y revelan que el espionaje ilegal alcanzaba a parlamentarios, miembros del Poder Judicial, periodistas y gobernadores, entre muchos otros que eran considerados adversarios del líder de la ultraderecha.
La decisión de difundir esos documentos fue tomada por el juez Alexandre de Moraes, responsable por la investigación en el Supremo, el mismo día que la Policía Federal detuvo a cuatro supuestos miembros de esa red ilegal, entre quienes está un antiguo funcionario del gabinete de prensa de la Presidencia durante el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022).
De acuerdo a la Policía Federal, entre los vigilados figuraban el actual presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, pese a que era en la época considerado cercano a Bolsonaro, y al menos cuatro de los once miembros de la Corte Suprema.
En la red, también según la Policía, operaban juntas la oficina de prensa de la Presidencia y la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), cuyo director en la época, Alexandre Ramagem, habría estado al frente de ese espionaje ilegal.
Los documentos también renuevan la sospecha de que Ramagem, hoy diputado por la extrema derecha, también se habría valido de esa red para espiar a la propia Policía en relación a procesos que cursaban en los tribunales contra tres de los hijos de Jair Bolsonaro.
El expresidente enfrenta diversos procesos en la Justicia, pero hasta ahora solo ha sido imputado en dos, en el que aparece como sospechoso de apropiarse ilegalmente de obsequios recibidos durante su mandato, que deberían haber sido entregados al acervo del Estado, y en el que se le acusa de haber usado una red ilegal para obtener un certificado falso de vacunación contra el covid-19.
En el más grave de los procesos es sospechoso de haber planificado un golpe de Estado para impedir la investidura del actual mandatario, Luis Inácio Lula da Silva, quien le derrotó en las elecciones de 2022.
Tras la difusión de los documentos, Bolsonaro no hizo comentarios sobre el asunto, al menos inmediatamente, pero ya había rechazado por completo la existencia de esa supuesta red de espionaje.
En febrero pasado, cuando en el marco de esta investigación fue allanada la residencia de su hijo Carlos Bolsonaro, concejal en Río de Janeiro, el líder de la ultraderecha reaccionó airado y aseguró que no existe “ninguna prueba” de ese espionaje a sus opositores.
Según dijo en ese momento, todo sería parte de la “persecución” que dice sufrir desde que Lula llegó al poder y solo tiene como base “un montón de ‘fake news'” que serán “desmontadas” por sus abogados.
EFE