Tras el allanamiento a la propiedad de Ricardo Albacete, empresario tachirense que brindó hospedaje a María Corina Machado (MCM) en su gira en días pasados al Táchira, sus trabajadores permanecieron detenidos en un galpón por más de 12 horas y la propiedad sufrió destrozos y fue saqueada, según denunció el defensor de los derechos humanos, Walter Márquez.
Luz Dary Depablos / Corresponsalía lapatilla.com
“Son 30 empleados que van a quedar sin ningún tipo trabajo y la empresa prácticamente está confiscada. Es una confiscación y ahí se pone en evidencia lo que le dijo MCM a Hugo Chavez en la Asamblea Nacional, ‘expropiar es robar’.
De facto y de hecho están expropiando esa empresa, la están robando y la están saqueando”, enfatizó Márquez.
Destacó que los trabajadores fueron sometidos “a interrogatorios, a estrés y a angustia, a una presión. Había tres anillos de seguridad en el sector Pueblo Chiquito y muchos de los habitantes de la zona, no pudieron llegar a sus casas porque no les permitieron pasar por allí”.
Es un hecho que contraviene no solo a la Constitución de la República, sino a los tratados internacionales, igualmente al pacto de las Antillas y los Acuerdos de México, Barbados y también al compromiso que adquirió Nicolás Maduro con el fiscal de Corte Internacional, Karim Khan, quien el pasado 30 de abril estuvo presente en Miraflores.
El defensor de los derechos humanos, precisó que Maduro además de incumplir el compromiso con Karim Khan, sobre “garantizar un proceso electoral en paz y en libertad, pareciera que este allanamiento y la detención arbitraria de Ricardo Albacete, pudiera ser una estrategia del gobierno regional para ocultar el rotundo fracaso de la presencia de Maduro en el Táchira hace tres días, donde ni siquiera llenó cuatro cuadras angostas en Barrio Obrero, mientras María Corina llenó más de 20 cuadras.
“Este es un hecho, de que este gobierno ya cayó y está derrotado y por eso en su desespero final quiere sembrar el terror entre los electores… Pero contra eso es que tenemos que votar contra ese terrorismo de Estado”, enfatizó.
Por su parte, Sergio Guerrero, concejal del municipio Guásimos, manifestó que durante el inicio del allanamiento, “fueron horas de angustia para Palmira. Nos cortaron la luz desde las 2:00 pm para evitar informaciones, para que no hubiera wifi, para que no hubiera datos. Las personas (trabajadores) duraron más de 12 horas sin ser atendidos por sus abogados de manera ilegal, porque no contaban con el debido derecho de estar asistidos por sus abogados”.
Por su parte, Zorbel Colmenares, otra concejal del municipio, señaló que los parientes de los trabajadores se mostraron muy desesperados, “querían grabar y comunicarse con sus familiares y esto efectivamente fue negado… Prácticamente, estas instalaciones fueron vandalizadas, porque salían carros, venían, subían, no dejaban a las personas llegar a sus hogares y con ese miedo rotundo”, puntualizó.
Imágenes de la propiedad
