“No nos dan información, no sabemos su paradero. Estamos desesperados”, es la frase que se repite entre los familiares de 21 privados de libertad que fueron trasladados de forma irregular de dos recintos penitenciarios en los estados Miranda y Falcón.
El primer caso reportado al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) fue el de siete presos que estaban recluidos en el Centro Penitenciario Yare II, ubicado en el estado Miranda. Según sus familiares, los privados de libertad fueron sacados en un supuesto traslado el sábado 29 de junio en un autobús.
Ninguna autoridad le dio previo aviso a los familiares, quienes se enteraron por otros detenidos que les alertaron sobre lo sucedido. Una vez que se dirigieron hasta el penal para saber sobre su paradero, los funcionarios de Yare II les respondieron que no estaban autorizados para dar información.
Desde ese momento comenzó el calvario de los familiares, quienes esperan aunque sea una llamada. Al pasar los días y no tener noticias, acudieron nuevamente a Yare II y recibieron la misma respuesta, también fueron a otros penales del estado Miranda y tampoco conocen el paradero de estos siete reclusos, así como tampoco hay registros en centros asistenciales de la ciudad.
En tanto, el jueves 4 de julio, denunciaron que sucedió una situación similar en la Comunidad Penitenciaria en Coro, estado Falcón, donde al menos 14 presos fueron sacados de manera irregular del recinto penitenciario.
La información que manejan los familiares es que fueron sacados después de una requisa realizada por el Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC) del Ministerio de Servicio Penitenciario. Además relataron que, según otros privados de libertad, se los llevaron encapuchados.
Los familiares tampoco tuvieron información certera por parte de las autoridades, pero por informaciones de terceros conocieron que presuntamente los llevarían al estado Miranda.
Hasta ahora ninguno de los familiares de estos 21 privados de libertad de Miranda y Falcón, que a la fecha tienen más de una semana desaparecidos, no han tenido respuesta oficial.
También han acudido en varias ocasiones hasta el Ministerio de Servicio Penitenciario, cuya sede está ubicada en Caracas y no les han dado respuesta. En tanto, aseguran que su última visita fue el lunes 15 de julio, cuando consultaron a una funcionaria que solo les respondió “que la información del traslado se había notificado al tribunal, que si no les daban respuesta allí entonces escapaba de sus manos”.
Es de resaltar que estos familiares han acudido a los respectivos tribunales y tampoco tienen información de los supuestos traslados, también fueron hasta las sedes del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, pero en ambas instituciones sólo recibieron los escritos. En ninguno de estos organismos les han informado sobre alguna investigación al respecto.
Ahora bien, es importante mencionar que el Ministerio de Servicio Penitenciario tiene la responsabilidad fundamental de conocer y gestionar la información detallada sobre el paradero de los presos bajo su custodia. Es imperativo que este ministerio mantenga actualizados los registros de ubicación y estado de cada interno, garantizando así la transparencia y la seguridad dentro del sistema penitenciario.
En ese sentido, es responsabilidad del ministerio comunicar de manera oportuna y precisa esta información a los familiares de los presos, lo cual resulta esencial para preservar los derechos humanos de los internos, asegurando que sus familiares puedan mantenerse al tanto de su situación y bienestar, y facilitando así el mantenimiento de los vínculos familiares durante el tiempo de reclusión.
Entonces, ¿qué oculta el Ministerio? ¿Por qué no informan oportuna y debidamente sobre el paradero de este grupo de presos a sus familiares?
Desde OVP estamos interponiendo esta denuncia ante el “Relator de personas detenidas en las Américas” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos; el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT); el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (WGEID) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) – Venezuela y las organizaciones Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones