Solo 12 centros penitenciarios del país están censados y autorizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para ser centros de votación, en el caso del estado Bolívar, es el Internado Judicial de Vista Hermosa en Ciudad Bolívar, al sur del país. Sitio donde votaban habitantes del sector y privados de libertad.
Por Pableysa Ostos | Una Ventana a la Libertad
Aunque hace 9 meses fue intervenido el penal como parte del plan que impulsa el Ministerio de Interior para “reimpulsar” el sistema penitenciario, este próximo 28 de julio el CNE igual instalará las mesas para que ejerzan su derecho al voto los habitantes de la urbanización Vista Hermosa, pero ningún privado de libertad lo hará ya que en el lugar no hay ninguno.
Ni en el Centro Penitenciario de Oriente, conocido como El Dorado, ni los privados de libertad en los Centros de Detención Preventiva (CDP) podrán votar. De igual forma, sus visitas programadas para los sábados y domingos quedarán suspendidas.
Para la abogada y defensora de Derechos Humanos (DDHH), Mariela Molero, desde el punto de vista de los Derechos Humanos es abrumador que a una persona que esté actualmente bajo una investigación de carácter penal, no se le respeten los principios y las garantías constitucionales.
“La presunción de inocencia en Venezuela quedó atrás cuando una persona es detenida, es despojada de todos sus derechos humanos, comenzando por la rudeza del proceso donde el principio garantista siempre es ser, enfrentar el proceso en libertad”, señaló Molero.
La penalista sumó que “en Venezuela eso no existe, las privativas de libertad en las audiencias de presentación es sorprendente, delitos inventados por el Ministerio Público que terminan pues privando de libertad a hombres y mujeres venezolanos. Frente al proceso electoral presidencial con los operativos militares que sorprendieron a finales del año 2023 e incluso a principios del 2024, muchos procesados han sido reubicados y esos centros, en el caso de Bolívar, el Internado Judicial de Vista Hermosa, fue desalojado completamente de hecho se están haciendo algunos trabajos de mantenimiento y reparación”.
“Eso no podrá ser un centro de votación porque está en ese proceso de infraestructura, rehabilitación. Entonces la cantidad poblacional procesada queda sin poder ejercer su derecho al sufragio, que no lo pierden, ellos no pierden sus derechos civiles y políticos por estar procesados. Y así está ocurriendo en muchos estados del país, donde se está pasando desapercibido esta vulneración de Derechos Humanos. Y ser privado de libertad en Venezuela es enfrentar situaciones oprobiosas, el doble castigo, la doble pena, el Estado no cumple su función de reinserción social y no respeta los derechos humanos”, sentenció Molero en una entrevista otorgada a Una Ventana a La Libertad.
Sitios como el Centro de Coordinación Policial (CCP) Guaiparo, perteneciente a la Policía del Estado Bolívar (PEB) en Ciudad Guayana, sitio que alberga a más de 400 privados de libertad tampoco tendrá la posibilidad que estos ejerzan su derecho al voto, “es que es un proceso o trámite porque se pasa, los cuales van desde un censo hasta una autorización y certificación por parte del CNE”, señaló una fuente ligada a la institución electoral.