El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, está dispuesto a declarar como testigo, pero por escrito, en la investigación judicial que afecta a su esposa, Begoña Gómez, sobre un presunto tráfico de influencias y una posible corrupción en los negocios.
Sánchez envió un escrito con fecha de este miércoles, al que tuvo acceso EFE, al juez del caso, Juan Carlos Peinado, que lo había citado a declarar como testigo el próximo 30 de julio en el palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno español y su residencia.
En el mismo, señala que el pasado lunes tuvo conocimiento “a través de los medios de comunicación” de la providencia del magistrado que lo convocaba a declarar, y que había sido dictada el viernes.
Según subraya Sánchez en el escrito, es “su voluntad, como no podía ser de otro modo, colaborar con la administración de Justicia, siempre en el marco del estricto cumplimiento de la Constitución Española y la ley que a todos nos vinculan y que son la máxima garantía de nuestro Estado de Derecho”.
“Con el fin de garantizar el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico y dadas las cuestiones que son objeto” del procedimiento, Sánchez señala que esa declaración “debe producirse conforme a lo establecido en el artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
Recuerda en este sentido, que ese precepto prevé que, por razón de su cometido como presidente del Gobierno, su declaración se deberá prestar “por escrito”.
“Es notorio -argumenta- que mi comparecencia resulta inescindible de la condición de presidente del Gobierno”.
Y como jefe del Ejecutivo, Sánchez asegura que tiene “el deber y la responsabilidad de cumplir la ley y de preservar el sentido propio de la institución” a la que representa por elección del Congreso de los Diputados.
Sánchez no tiene duda de que el magistrado “compartirá la necesidad del máximo respeto” al marco constitucional y legal de España y, por lo tanto, a lo establecido por la legislación respecto a la institución del presidente de Gobierno.
El juez, que tiene intención de desplazarse a la Moncloa para el interrogatorio, argumentó que la jurisprudencia contempla la modalidad del “delito de tráfico de influencias en cadena” y ve “conveniente, útil y pertinente” recabar la versión del presidente del Gobierno como esposo de Begoña Gómez para indagar en “la posible relación de la persona investigada con una autoridad”.
Uno de los investigados en la misma causa, el empresario Juan Carlos Barrabés, había reconocido que se reunió varias veces en la Moncloa con Begoña Gómez y que en dos ocasiones estuvo presente Sánchez.
El juez podrá tomarle declaración “sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo” en su “domicilio o despacho oficial”, conforme a la ley española, que también exime a cualquiera de testificar en contra de su cónyuge y otros familiares próximos en un procedimiento judicial.
Peinado tomó la decisión de llamar a Sánchez como testigo el mismo día en que su esposa se acogió al derecho de no declarar como investigada por no ver suficientes garantías en el procedimiento judicial, como explicó entonces su abogado, Antonio Camacho.
El juez investiga a Gómez desde abril pasado a raíz de una denuncia del autodenominado ‘sindicato’ Manos Limpias, que la Fiscalía solicitaba archivar, y que pedía aclarar si utilizó su condición de esposa del presidente del Gobierno para favorecer la concesión de contratos a Barrabés, profesor del máster de la cátedra que ella codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
Después de remitir parte de los contratos investigados a la Fiscalía Europea, el juez analiza otras adjudicaciones, aunque dos informes de la policía judicial coinciden en que se tramitaron con “normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”. EFE