La campaña electoral de las elecciones presidenciales de 2024, estuvo marcada por la violencia y el abuso del poder por parte del régimen de Nicolás Maduro, denunció la ONG, Un Mundo Sin Mordaza.
Rodrigo Diamanti, presidente de la mencionada organización, declaró que durante los 21 días que duró la campaña, contabilizaron más de 130 casos de violaciones a las leyes, detenciones y abuso de poder ejecutadas desde el gobierno de Maduro en un contexto de rechazo generalizado a su gestión.
“Vemos con mucha preocupación la escalada de violencia de Estado que hubo durante el 4 de julio, cuando inició la campaña, hasta su cierre ayer 25. Todos estos casos tienen un objetivo en común, que es cercenar la libertad de expresión de los venezolanos y, por consiguiente, intervenir de forma indirecta en el ejercicio del voto con la política de terror que intenta sembrar Maduro”, expresó.
En nombre de la ONG que defiende la libertad de expresión en Venezuela, explicó que los casos más graves fueron las detenciones arbitrarias, la persecución y el cierre de comercios que prestaron servicios a la ganadora de la primaria de la oposición, Maria Corina Machado.
Detalló que desde el comienzo de la campaña electoral en Venezuela, se registraron 76 detenciones arbitrarias, las cuales violan el Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que garantiza el derecho a la libertad personal.
También denunció que documentaron 28 hostigamientos perpetrados por diferentes actores, entre ellos la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con 10 incidentes, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) con 5 y motorizados civiles con 2, entre otros.
“Estos actos de hostigamiento constituyen violaciones del Artículo 19 del PIDCP, que protege la libertad de expresión y el derecho a no ser molestado a causa de opiniones, así como el artículo 57 de la Constitución venezolana”, agregó.
Un Mundo Sin Mordaza recibió el reporte de 20 casos de persecución como medida de represalia por prestar bienes y servicios a la campaña de la Plataforma Unitaria, a esto, se suman otros 4 casos de intento de retención de bienes.
“Estos hechos jamás antes vistos en una elección en Venezuela contraviene el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza el derecho a participar en el gobierno de su país, y el artículo 26 de la Constitución venezolana, que asegura el derecho a la protección judicial y la prohibición de represalias por razones políticas”, puntualizó.
Por último, mostró su preocupación por la expansión de la violencia política durante la campaña, que no solo afectó a personas involucradas con partidos políticos y a trabajadores de comercios que atendieron al candidato opositor, sino que tocó al menos 12 sitios web informativos que fueron bloqueados en las 3 semanas de la campaña.
“Esta censura infringe principalmente el artículo 58 de la Constitución, que garantiza el derecho a una información veraz y oportuna, así como el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que aseguran el derecho a la libertad de expresión y recibir información”, finalizó.
Nota de prensa