La ONG Defiende Venezuela presentó su más reciente informe titulado “Espacio cívico en Venezuela: La esperanza de un país”, una investigación exhaustiva que revela las adversidades y el coraje de la sociedad civil venezolana en su lucha por mantener los derechos humanos y las libertades fundamentales en un entorno cada vez más hostil.
Este documento refleja el esfuerzo incansable de activistas, periodistas, líderes sindicales y ciudadanos comunes que, a pesar de las amenazas y persecuciones, continúan alzando sus voces en pro de una Venezuela libre y democrática.
Durante más de dos décadas el espacio cívico en Venezuela ha sido objeto de ataques sistemáticos, resultando en el cierre de 408 medios de comunicación, la clausura de 285 emisoras de radio y la reducción drástica de partidos políticos reconocidos por el Consejo Nacional Electoral, de 67 en 2015 a solo 22 en la actualidad.
Estos cierres reflejan un esfuerzo concertado para silenciar las voces disidentes y consolidar el poder de un régimen que ha permanecido por más de 25 años.
Por su parte, la nueva Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines, presentada en 2023, representa un intento adicional de eliminar a las ONG independientes del control estatal.
Una crisis sin precedentes
La crisis venezolana se ha manifestado en múltiples frentes, afectando tanto los derechos civiles como políticos. La migración masiva de casi ocho millones de venezolanos en los últimos seis años es un claro indicio del sufrimiento humanitario provocado por la crisis política, social y económica sostenida.
El desmantelamiento de la sociedad civil comenzó con el gobierno de Hugo Chávez y ha continuado con Nicolás Maduro, intensificándose en el último año con persecuciones selectivas contra sindicalistas, periodistas y defensores de derechos humanos.
En 2023, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas para Venezuela destacó el incremento de los ataques al espacio cívico. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en favor de siete líderes sindicales de la Coalición Sindical Nacional de Trabajadores (CSNT) debido a las amenazas y hostigamientos por parte de agentes del Estado.
Durante el primer semestre de 2023, se documentaron 61 actos de persecución y criminalización contra trabajadores de la comunicación, políticos y población civil, especialmente sindicalistas, campesinos e indígenas. Estas agresiones incluyen persecución judicial, medidas cautelares, hostigamientos, cierre de emisoras de radio y detenciones arbitrarias.
Agresiones al Espacio Cívico
El cierre de las vías del espacio cívico ha auspiciado el crecimiento de nuevos liderazgos y el fomento del pluralismo en el intercambio de opiniones, ideas y políticas que conforman la esperanza de la democracia en Venezuela.
En este informe, se recopilan las voces de la civilidad en Venezuela, desde un análisis sobre los actores que conforman el espacio cívico, la situación actual de los derechos y libertades fundamentales, riesgos y acciones para el cumplimiento, protección y garantía al ejercicio del derecho de asociación, libertad de expresión, derechos sindicales, derechos políticos, derecho a la libertad académica, derecho a la reunión pacífica y el derecho a la defensa de derechos en Venezuela.
Aún más importante, esta investigación recopila las recomendaciones de esas voces expertas, que, desde el territorio, desde la experiencia y el ejercicio de su labor, plantean las vías y los mecanismos a seguir para la preservación del espacio cívico en Venezuela.
Testimonios clave
Jo D’Elia, sociólogo y director de la ONG Civilis Derechos Humanos, afirmó que las agresiones al espacio cívico venezolano tienen antecedentes ligados al ámbito político-electoral. Estas restricciones afectan a organizaciones que, desde hace más de 30 años, han trabajado en temas democráticos y de representación política.
Un ejemplo notable ocurrió en 2009, cuando la organización Súmate, dedicada a la promoción de derechos políticos, fue catalogada como un “agente extranjero”. Esto significaba que, a pesar de ser una asociación civil fundada por venezolanos, se le acusaba de actuar en temas de participación y democracia con intereses no nacionales y vínculos con gobiernos extranjeros.
Joseph Poliszuk, periodista y cofundador del portal Armando.info, aseguró que las restricciones al espacio cívico en Venezuela han sido progresivas. Desde que tiene uso de razón, ha observado cómo primero se interferían las comunicaciones telefónicas, luego se agredía a reporteros durante las coberturas, se compraron medios de comunicación críticos, se bloquearon páginas web de medios independientes y finalmente se procesó judicialmente a periodistas.
Katherine Martínez, abogada y directora de la ONG Prepara Familia, indicó que existen restricciones y criminalización para quienes defienden los derechos humanos e implementan programas de asistencia humanitaria. Según Martínez, “las acciones de Prepara Familia para la exigibilidad de derechos no solo se limitan a instancias internacionales, sino que también utilizan la manifestación pacífica como una estrategia de incidencia ante medios de comunicación y entidades gubernamentales”.
Elsa Castillo, profesora en Educación: Tecnología Educativa y miembro del equipo directivo del sindicato SITE-CARACAS, destacó las agresiones a los derechos sindicales en Venezuela. Señaló que “las restricciones al espacio cívico de los sindicatos se materializaron el 7 de abril de 2002, cuando Hugo Chávez Frías usó un pito para despedir a los trabajadores de PDVSA”.
David Gómez Gamboa, abogado, periodista, doctor en Ciencia Política y director de la ONG Aula Abierta, alertó sobre la situación de la libertad académica en Venezuela. Según Gómez Gamboa, una política estatal sistemática limita la autonomía universitaria y restringe la producción de conocimiento científico y pensamiento crítico. Esta política, presente en diversos niveles estructurales del Estado, se manifiesta a través de patrones y prácticas que atentan contra los principios fundamentales de la universidad y la libertad académica. Aula Abierta ofrece recomendaciones para promover la libertad académica en los movimientos universitarios.
Así, vemos cómo desde la política electoral hasta la academia, pasando por los medios de comunicación, los derechos humanos y los sindicatos, el espacio cívico en Venezuela ha sido atacado y restringido. Las diversas voces de líderes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos coinciden en que la situación en el país es crítica y que la represión ha ido escalando de manera sistemática y progresiva.
Recomendación – Acción: Una tarea necesaria
Entendiendo los contextos en los que el espacio cívico de Venezuela ha estado en su momento más álgido, es necesario prever algunas recomendaciones para fortalecer y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En primer lugar, es crucial que la comunidad internacional mantenga y aumente su vigilancia sobre la situación en Venezuela. Esto incluye la implementación de mecanismos de monitoreo constante y la presión diplomática sobre el gobierno venezolano para que respete y garantice los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Además, es esencial apoyar a las organizaciones de la sociedad civil venezolana mediante financiamiento, capacitación y visibilidad internacional, para que puedan continuar su labor en defensa de los derechos humanos.
Asimismo, es fundamental promover la creación de espacios seguros para el diálogo y la participación ciudadana dentro del país. Esto puede lograrse mediante la colaboración entre actores nacionales e internacionales para desarrollar plataformas digitales y físicas donde los ciudadanos puedan expresar sus opiniones sin temor a represalias.
También, se deben fomentar políticas públicas que protejan a los defensores de derechos humanos, periodistas, académicos y sindicalistas, asegurando que no sean perseguidos y criminalizados por su labor. En este sentido, la formación y educación en derechos humanos desde temprana edad es vital para crear una cultura de respeto y protección de estos derechos en toda la sociedad venezolana.
La unión y acción colectiva es lo más importante para avanzar y ganar espacios en Venezuela, superar las desconfianzas e inseguridades que se pueden generar a lo interno de la sociedad civil, con el cuidado del tejido organizacional, es otro de los desafíos a enfrentar en los próximos años.
Los retos de la sociedad civil en Venezuela son fuertes, pero de igual manera lo es su convicción para restaurar la democracia y los derechos humanos en el país.
El informe titulado “Espacio cívico en Venezuela: La esperanza de un país”, está disponible para su lectura aquí:
https://defiendevenezuela.org/wp-content/uploads/2024/07/Espacio-civico-en-Venezuela-la-esperanza-de-un-pais-Defiende-Venezuela-Julio-2024.pdf
Nota de prensa