“Ay, mi papá”. Los hijos de Víctor Bustos, uno de los al menos once civiles muertos tras salir a protestar por la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro, lloran inconsolables mientras abrazan el féretro dispuesto en la sala de su humilde vivienda.
“Le arrebataron su vida injustamente, no era ninguna mala persona, ningún malandro (delincuente), él solo salió…”, solloza Jennifer Ibarra, prima de Víctor, sin poder completar la frase.
Francisco Bueno, también primo de este trabajador de 35 años que se desplomó al ser baleado, comenta que “supuestamente fue a manos de la policía” de Valencia, en el estado de Carabobo (centro-norte), gobernado por el chavismo.
Ellos eran los “que estaban disparando, no estaban disparando con perdigones sino balas de las reales, pues, y fue uno de mis primos quien cayó en esta oportunidad”, afirma.
Víctor fue uno de los venezolanos que salió a las calles a expresar su descontento ante los resultados anunciados el domingo al filo de la medianoche por el Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado de favorecer al gobierno, y cuyo conteo fue tildado de fraude por la oposición.
Según el relato de testigos, Víctor, padre de una adolescente de 16 años y dos niños de 10 y un año, recibió un disparo en el pecho el martes.
“Si tú estás en una marcha pacífica no deberían ejercer la fuerza, ni tiros a los ciudadanos. No pueden matar al país, al pueblo, a las personas que salen a defender su voto, a luchar por una mejor Venezuela”, remarca Bueno frente a la casa donde velan los restos de Víctor, quien trabajaba en una fábrica de plásticos.
La líder opositora María Corina Machado, protagonista de la campaña del candidato Edmundo González Urrutia, principal rival de Maduro en las presidenciales y cuyo triunfo en los comicios es reivindicado por la oposición, denunció una “escalada cruel y represiva del régimen”.
“Esa es la respuesta criminal de Maduro al pueblo venezolano que salió a la calle en familia, en comunidad, a defender su decisión soberana de ser libres. Esos crímenes no quedarán impunes”, dijo Machado en la red social X.
“Él no es un terrorista”
Al dolor por las muertes se suma la angustia por los cientos de detenidos que tanto la fiscalía como el gobierno de Maduro describen como “delincuentes” y “terroristas” supuestamente contratados por la oposición para desestabilizar el país.
Decenas de familiares se reúnen frente a un cuartel militar en Valencia esperando ansiosamente noticias de sus allegados. Según la ONG Foro Penal, 46 personas han sido detenidas en esta ciudad.
Niurka Mendoza, de 38 años, no tiene noticias de su hijo Ángel, de 19 años, desde que fue detenido durante una manifestación al día siguiente de la votación.
“Me dijeron que lo detuvieron porque estaba en las protestas y lo están acusando de terrorismo. No es cierto, él no es terrorista”, dice Mendoza. Afirma que su hijo fue detenido junto a dos menores de edad.
El fiscal general Tarek William Saab dijo el miércoles que hay 1.062 detenidos por “actitudes fascinerosas”.
Entre los cargos que enfrentan están “incitación al odio” y “terrorismo”, delito este que implica la pena máxima en Venezuela, 30 años de cárcel.
“No va a haber clemencia, va a haber justicia”, dijo Saab, de línea chavista.
Luis Armando Betancourt, coordinador de la ONG Foro Penal en Carabobo, indicó que los detenidos “no han podido tener acceso con sus familiares, ni abogados, y se les está vulnerando el debido proceso y el derecho a la defensa”.
Muchos son trasladados “a sitios militares, lo cual es completamente ilegal e inconstitucional”, denunció.
La angustia por el destino incierto de los arrestados se mezcla con la tristeza que inunda a quienes han perdido seres queridos por la represión.
“Me decepciona mucho lo que ha sucedido porque una frase muy popular que ha dicho nuestro libertador Simón Bolívar es ‘Maldito el soldado que levante sus armas contra el pueblo'”, comentó Adonis Alvarado, otro familiar de Víctor Bustos.
“Y eso fue lo que sucedió. Levantaron las armas contra el pueblo y resultó mi primo siendo asesinado en el acto”. AFP
