Los resultados parciales de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio ofrecidos por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), que dieron como ganador al aspirante a la reelección, el actual presidente de la República, por 51,2% de los votos frente a 44,2% del opositor Edmundo González Urrutia, han provocado una ola de dudas y cuestionamientos dentro y fuera del país que han llevado a una nueva ola de protestas con un saldo de varias víctimas y cientos de detenidos.
«El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer», escribió el presidente chileno, Gabriel Boric, en su cuenta de X (antigua Twitter), a los minutos de que se dieran a conocer los resultados. Él fue el primero de los casi 20 mandatarios y altos cargos de igual número de países de América, Europa y Asia que, hasta ahora, han solicitado al árbitro que presente la totalidad de las actas de escrutinio y que permita su verificación por parte de observadores imparciales con el fin de despejar cualquier incertidumbre en relación con su certeza.
Otros más duros, como el de Perú, simplemente han optado por reconocer a González Urrutia como presidente electo.
A continuación se presentan seis irregularidades detectadas durante la jornada electoral.
1. Difusión de exit polls
Pasado el mediodía del 28 de julio, mientras los electores seguían en sus colas esperando su turno para votar y faltaban horas para que los colegios cerraran, comenzaron a circular supuestas encuestas que daban ganador a Nicolás Maduro.
«La empresa de datos de Miami Lewis Thomson acaba de publicar datos a pie de urna en Venezuela a las 12 de la mañana. La distancia que le saca Nicolás Maduro a Edmundo González Urrutia es de 21 puntos. En tercer lugar, con el 8% está Ecarri. En consonancia con las encuestadoras independientes».
Esto escribió el politólogo español Juan Carlos Monedero, quien fue invitado por el oficialismo a fungir de veedor.
Es llamativo que luego se supiera que la supuesta empresa no tiene experiencia en la materia y apenas días antes de los comicios creó su página web y redes sociales, según investigaciones periodísticas.
Minutos después, los medios privados El Universal y Globovisión publicaron otra encuesta difundida por Hinterlaces que daba al aspirante a la reelección 54,57% de los votos, mientras que aseguraba que González había obtenido el 42,8%.
Lo anterior representaba una clara violación a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), que en su artículo 71 señala:
«Queda prohibido la difusión de resultados electorales por cualquier medio de comunicación social antes que el Consejo Nacional Electoral emita su primer boletín oficial, el cual ordenará al ente regulador de las telecomunicaciones, la interrupción inmediata de la señal a los medios de comunicación social que violen el presente artículo».
Sin embargo, en este caso la autoridad electoral no adoptó medida alguna.
2. Obstáculos a los testigos
Hubo algunas denuncias contra miembros del Plan República que trataron de impedir el ingreso a los centros electorales a los testigos de la Plataforma de la Unidad Democrática (PUD) que estaban acreditados por el CNE.
No obstante, los verdaderos problemas para los testigos de la PUD comenzaron a presentarse una vez cerrados los centros de votación. En la mayoría de los casos no se les quería entregar el ejemplar de las actas impresas, a pesar de que el artículo 337 del reglamento de la Lopre establece la obligación de hacerlo. También hubo casos en los que se les impedía asistir al escrutinio y se les pretendía sacar del centro, o se les sacó efectivamente, lo que también es contrario a la legislación electoral vigente (artículo 143 Lopre).
«Hay una importante cantidad de centros de votación donde están sacando a nuestros testigos», denunció la dirigente de oposición, Delsa Solórzano.
Lo anterior supone una clara violación al artículo al 337 del reglamento de la Lopre, el cual establece que
«el primer ejemplar impreso del acta de escrutinio automatizada por tipo de elección, será remitido a la Junta Electoral a la que corresponda efectuar la totalización, adjudicación y proclamación de la elección que se trate, salvo el caso de la elección de Presidente de la República que será remitida al Consejo Nacional Electoral. El resto de los ejemplares impresos se deberán distribuir: a la Junta Nacional Electoral, a la Oficina Regional Electoral correspondiente, al Presidente y Secretario de la Mesa Electoral, a los testigos de los postulantes o sus alianzas que hayan obtenido las tres primeras votaciones en la Mesa Electoral respectiva por tipo de elección; y, a las organizaciones con fines políticos que hayan obtenido las seis mayores votaciones en la elección inmediata anterior para la Asamblea Nacional; así como, a los otros miembros de la Mesa Electoral y demás testigos presentes, siempre que no se hayan agotado las copias. Ninguno de los presentes podrá recibir más de un ejemplar o copia de acta de escrutinio». (Énfasis nuestro).
3. La interrupción de la transmisión de la data de las máquinas de votación
La información contenida en las máquinas no terminó siendo totalizada, informó Delsa Solórzano. Las autoridades achacaron esto a un supuesto hackeo orquestado por sus adversarios que habría sido ejecutado desde Macedonia del Norte. Sin embargo, las autoridades del país balcánico negaron dichas acusaciones.
Lo anterior representa otra violación al reglamento de la Lopre, el cual establece que primero se imprime el acta de escrutinio para posteriormente hacer la transmisión y luego la impresión de las otras copias del acta. Durante la jornada electoral esta irregularidad fue una constante denunciada por parte de los testigos de la PUD; negar la trasmisión de los resultados de la mesa sería una grave violación a las garantías de publicidad y participación ciudadana. Como consecuencia de ello, durante la noche del 28 y la madrugada del 29, la Plataforma alertaba que solo tenía el 40 % de las actas, como resultado de la obstrucción a la labor de los testigos debidamente acreditados por el CNE.
La interrupción de la data guardada en la máquina de votación representa una arbitrariedad que, entre otras cosas, genera inconsistencias numéricas entre la data de las actas de escrutinio y los resultados transmitidos para la totalización final. Al mismo tiempo, esta irregularidad puede dificultar la corroboración de los resultados electorales de la máquina de votación y su cotejo con la reflejada en el acta de escrutinio impresa de esa mesa, que es el documento que detalla los votos obtenidos por cada candidato.
4. Sin auditoría ciudadana
En varios centros, a los ciudadanos que querían participar en la llamada verificación posterior, que consiste «en la confrontación del contenido de los comprobantes de votación con relación a los datos reflejados en el acta de escrutinio» (artículo 437 del reglamento de la Lopre), se les impidió este derecho.
Incluso, en Táchira una persona resultó muerta cuando civiles armados atacaron a un grupo de vecinos que esperaban poder participar en la auditoría posterior de las máquinas de votación.
5. ¿Resultados irreversibles y ocultos?
Como ha sido la tradición del CNE, los primeros resultados fueron difundidos en horas de la madrugada del día siguiente de la votación. Sin embargo, en esta ocasión el presidente del organismo, Elvis Amoroso, aseguró que con un 80 % de las mesas escrutadas y con una tendencia «contundente e irreversible» Nicolás Maduro se había impuesto a su adversario con 51,2 % frente a 44,2 %. La declaración de Amoroso llama la atención desde el punto de vista de las matemáticas, por cuanto faltaba totalizar el 20 % de los escrutinios, lo cual supone más de 2 millones de sufragios.
Desde que en la madrugada del 29 de julio se presentara ese resultado, ni el CNE ni su presidente han ofrecido nuevos datos. Esto a pesar de que el artículo 146 de la Lopre le da un máximo de 48 horas para ofrecer resultados definitivos. Hasta ahora los resultados parciales no han sido publicados en la página web del organismo, ni tampoco han sido difundidos desglosados por estado, municipios y centros de votación en contravención de los artículos 146 y 150 de la Loprey 383 de su reglamento.
6. Proclamación exprés
Sin totalizar como exige el artículo 33.6 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) en concordancia con el artículo 146 de la Lopre, el CNE proclamó en la tarde del lunes 29 de julio a Maduro como presidente de Venezuela. En su prisa por oficializar el triunfo del aspirante a la reelección, el organismo comicial obvió que los sufragios restantes podían cambiar el resultado anunciado en su primer boletín, en virtud de que la diferencia entre un candidato y otro es de apenas 704.114 votos.
A los hechos antes narrados hay que sumar otras incidencias, como los reportes sobre centros de votación abiertos más allá de las 6 de la tarde pese a que no había electores esperando para votar. También se reportaron presiones contra los electores para respaldar a determinado candidato, tal y como lo revelaron los incidentes que se registraron en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), donde un grupo de estudiantes encaró al rector de esa casa de estudios por instarlos a votar por Maduro.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
Los resultados electorales anunciados por el presidente del CNE han sido el broche de oro para un proceso que casi desde su inicio ha estado plagado de fallas e irregularidades, tal y como hemos denunciado en varias ocasiones. Por ello, no debe sorprender la declaración del Centro Carter, cuya misión de observación concluyó que los comicios «no pueden ser considerados democráticos».
La conclusión del Centro Carter, que fue uno de los dos organismos internacionales con verdadera experiencia monitoreando comicios electorales invitados a seguir las elecciones, es demoledora.
Desde Acceso a la Justicia advertimos que la falta de información en relación a los resultados electorales no solo genera desconfianza en el proceso, sino que abre las puertas a una mayor conflictividad frente a sus resultados.
Precisamente para evitar más escenas de violencia, instamos a las autoridades electorales a atender las demandas que desde numerosos países y organizaciones internacionales les vienen haciendo para que permitan las auditorías pertinentes del sistema automatizado electoral por parte de los expertos ya autorizados por el CNE, conforme a lo que establece la ley en la materia, y así puedan decantarse las dudas y los problemas denunciados.