Para el momento de la elaboración de nuestro artículo de opinión de esta semana, hemos tenido conocimiento por los canales informativos de un comunicado conjunto, de fecha 7 de agosto de 2024, emitido por los gobiernos de Brasil, Colombia y México, en el cual exhortan al Consejo Nacional Electoral (CNE) a proceder sin demora a la publicación de los resultados mesa por mesa del proceso de elección del 28 de julio y que haya una verificación imparcial de los mismos. Indican estos gobiernos de América que el CNE es el organismo competente para hacerlo y no el Tribunal Supremo de Justicia. Expresan, como lo establecen los tratados internacionales, que se deben permitir las manifestaciones pacíficas, así como mantener el respeto a los derechos humanos. Brasil, Colombia y México apuestan a la búsqueda de la estabilidad política y democrática en nuestro país, lo cual saludamos.
Por otro lado, también es muy importante lo expresado por Jennie Lincoln, jefa de la misión de observación del Centro Carter, quien señaló que “Empresas monitorean y saben cuando hay denegaciones de servicio (hackeos) y no hubo uno esa noche (28 de julio)” y agregó que “la transmisión de la data de votación es por línea telefónica satelital y no por computadora. No han perdido data”, dijo Lincoln, quien coincidió con las proyecciones del triunfo opositor, como resaltó la agencia AFP. Esto es un elemento técnico muy importante y que hay que tomar muy en cuenta. De ahí la reiteración, no solo de los gobiernos de otros países, sino de todas las personas que han tenido a la vista los resultados publicados de las mesas electorales, de proceder de la manera correcta, lo cual significa hacer valer la voluntad expresada por el pueblo en el proceso electoral. Como lo hizo la Conferencia Episcopal Venezolana, que hizo un llamado donde exhorta a respetar la soberanía del pueblo expresada el 28 de julio y rechaza la vía de la violencia y de civiles armados para disolver las protestas pacíficas, así como las descalificaciones y acusaciones de terroristas contra los manifestantes, por solo pensar distinto. Monseñor Mario Moronta está semana, durante la eucaristía del Santo Cristo de La Grita en el estado Táchira, señaló que “un verdadero católico no persigue a sus hermanos por pensar distinto”.
En la misma línea, los cardenales venezolanos, Baltazar Porras y Diego Padrón, en un escrito que denominaron “Una reflexión fraterna y en comunión ante la realidad nacional”, apuntan que el pueblo “votó abrumadoramente contra Maduro” y que su respuesta ha sido la represión, para no avanzar hacia una transición política democrática. “La reacción del gobierno venezolano ha sido, hasta ahora, negar rotundamente el triunfo opositor y, sin mostrar pruebas, que son las actas de votación, que deben ser reflejo auténtico de la expresión popular materializada en el voto”, precisan los altos prelados en su documento público.
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El concepto de causa y efecto encaja a la perfección en lo que ha acontecido desde la noche del 28 de julio hasta el día de hoy, pues los ciudadanos se han movilizado en todo el país ante la opacidad del CNE, para exigir celeridad en la presentación de las actas electorales, tal como lo ha hecho también la comunidad internacional.
El meollo del asunto, indiscutiblemente, está enmarcado en el tema constitucional, legal y ético. De allí que vale resaltar también los pronunciamientos de organismos del sistema de justicia, que es el único árbitro de los Poderes Públicos y el que puede controlar y determinar el equilibrio democrático de esos poderes públicos. Hubo dos pronunciamientos importantes, uno emitido por el Colegio de Abogados de Caracas y el otro de la Federación de Abogados de Venezuela. En ambos se rechaza el impedimento que han padecido las personas que han sido imputadas para designar a sus abogados defensores, lo cual va contra de la norma 49 constitucional y el artículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero, además, se violan principios básicos asentados en tratados internacionales suscritos por Venezuela. Uno de ellos se refiere a la función de los abogados, determinada por las Naciones Unidas en el VIII Congreso Sobre la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, en septiembre de 1999. Y hay otra serie de tratados internacionales que van por la misma línea. Así mismo, se rechaza la inconstitucional e ilegal práctica de difundir por diversos medios supuestas confesiones, admisiones de culpabilidad y delaciones. Omitir tales garantías expone de manera peligrosa a los potenciales confesantes no espontaneos a ser sometidos a torturas y otros tratos crueles, degradantes e inhumanos. Por ello, los organismos señalados anuncian actuaciones ante organismos internacionales.
Resaltamos, por otro lado, la conducta equilibrada y valiente del pueblo venezolano, de las organizaciones y actores políticos, entre ellos y de manera especial del que fue candidato presidencial, Enrique Márquez, quien ha tenido una conducta ejemplar, ceñida a lo que establece la constitución y las leyes de la república.
En aras de la paz, el mundo y nosotros pedimos que se publiquen las actas electorales, que es una función específica del Consejo Nacional Electoral. Y eso no constituye un delito.
El proceso electoral del 28 de julio se realizó a la vista de más de 100 mil efectivos castrenses del Plan República, cuya inmensa mayoría tuvieron una conducta institucional. Ellos fueron testigos de excepción de lo sucedido ese domingo en todo el territorio nacional.
No podemos pasar por alto en este momento el factor comunicación, que es un elemento por demás importante, diríamos que más que siempre, porque estamos en una fase en que las distintas organizaciones han anunciado avanzar hacia un ordenamiento de organización y de orientación hacia la ciudadanía, por lo que es menester que todos estén comunicados e informados de manera veraz y oportuna.
Observamos hoy a una Venezuela unida por la verdad… Y la verdad saldrá a luz y se impondrá.
Dr. Rafael Veloz García, diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur electo en 2015; expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, VP.