Hay muchas evidencias y elementos probatorios suficientes para establecer lo que es una realidad política en nuestro país. Se produjo un proceso electoral repleto de desventajas para la oposición y a pesar de ello, el resultado fue de 67% para nuestro candidato, Edmundo González Urrutia, ante un 30% para Nicolás Maduro.
Debemos referirnos en especial a lo que significó el informe del Centro Carter, el cual indicó sobre el conocimiento que se tiene de la transmisión de la data, de que estaba aislada a la comunicación por internet y era de corte satelital. Es allí donde radican las acciones de Maduro, quien dijo que la transmisión fue torpedeada por unos hackers, lo que no sería posible por lo afirmado por el Centro Carter.
Entretanto, la ONU divulgó esta semana un documento con grandes verdades. Una de ellas es que sus observadores, de dilatada trayectoria en comicios electorales, hicieron notar que el CNE no cumplió con informar y publicar el resultado de la votación en cada mesa discriminado por candidatos. Y subrayaron que esto no tiene precedentes en elecciones democráticas. Estamos hablando de los gobiernos democráticos en general, que tienen a ese factor entre los que priorizan a la hora de valorar la transparencia de un proceso electoral. Otro elemento bien importante es que ellos hacen referencia que el CNE dispone de protocolos con resultados impresos, vale decir actas, en cada mesa de votación y que son pruebas documentales en papel, blindadas en la parte tecnológica para garantizar su inviolabilidad o alteración a posteriori, como es el código QR y los códigos de comprobación. Además de la firma de los testigos, los miembros de mesa, etc. En síntesis, no hay posibilidad alguna de falsificar la copia de las actas que fueron firmadas por los testigos tanto de oposición como los del Psuv al final del proceso del 28 de julio. Las actas en poder de la oposición, en más del 80%, fueron entregadas al Comando Venezuela, gracias a la determinación y al coraje de los testigos, que no se dejaron amedrentar y se fajaron duro aquella noche. De allí la razón por la cual el régimen comenzó a perseguirlos a partir del lunes 29 de julio.
Los observadores de la ONU revisaron todo ese proceso y establecieron la existencia de los citados dispositivos de seguridad, que impiden cambiar el resultado emitido en cada mesa. La única manera sería forjar unas actas, algo que toma su tiempo, pero que a la postre serían descartadas al comprobarse sin problemas su no autenticidad.
Las copias de las actas emitidas el 28 de julio por las máquinas del CNE son muy importantes para la convicción que se tenga del proceso, porque son elementos técnicos que pueden examinar los organismos internacionales y los gobiernos de los países del mundo.
Quizás por ello, el absurdo de Maduro de recurrir al TSJ. Sobre esta situación cabe señalar lo expuesto por el jefe de la cátedra de Derecho Constitucional de la UCV y la UCAB, Dr. Tulio Álvarez, quien aclaró que “la Sala Electoral del TSJ no tiene ninguna competencia, autoridad, ni siquiera por vía jurisprudencial, para sustituir al CNE”. Más claro, imposible. Ese es un absurdo tan grande como la propuesta lanzada por Celso Amorin, asesor del presidente de Brasil, Lula da Silva, de repetir la elección, lo cual se traduciría en un castigo y un irrespeto para el pueblo venezolano, que en forma cívica participó en la elección y decidió masivamente por el cambio político.
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Aflige a la familia venezolana la acción desmedida de persecución que ha ejercido el sistema gobernante. Nuestra constitución nos asiste en el artículo 68, al expresar que la protesta tiene un rango constitucional y permite a los venezolanos la manifestación pacífica y sin armas. Y además la constitución ordena la prohibición del uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de las manifestaciones pacíficas. El constituyente fue directo en este sentido y es lo que regularmente no cumplen los funcionarios de seguridad. Hay que recordar de nuevo que ningún decreto o medida que dicten los poderes constituidos pueden estar por encima de lo que dice la ley de leyes, que es nuestra constitución.
El otro elemento a distinguir es el gran pesar que hay en un país que esperaba que una expresión tan importante y tan evidente diera como resultado el inicio de la transición. Sin embargo, hasta el momento no ha sido así y los venezolanos están conscientes que hay que seguir por las vías constitucionales. Así lo hicimos en la etapa de las primarias, y en el proceso electoral del 28 de julio, seguimos el mismo trámite institucional del cambio político, por la vía del voto y por la vía de los procesos constitucionales. Pero existe una angustia en la sociedad venezolana, un pesar, pero también una indignación, porque se utiliza el poder del Estado para la persecución de cientos de personas que están perseguidos, simplemente por buscar el restablecimiento de los poderes públicos al servicio ciudadano. En lo particular, me dan mucho pesar mis hermanos de causa como Freddy Superlano, Roland Carreño, Williams Dávila, Dignora Hernández, Henry Alviarez y muchos más, quienes son ejemplos de compromiso con la democracia y con la familia venezolana, así como referentes de valentía. Estoy absolutamente seguro que si tuviéramos un pequeño momento de conversación con ellos, nos darían un aliento desde esos oscuros lugares, para seguir adelante con todo en la promoción del cambio político.
Solo me resta invitar a los venezolanos, estén donde estén, para que mañana sábado 17 de agosto, en atención al llamado de la líder Maria Corina Machado, sean actores fundamentales en la Gran Protesta Mundial por la Verdad. Participar es muy importante, para que nos vean unidos defendiendo ante el mundo una verdad del tamaño del sol, una verdad que no se puede ocultar, que es que la soberanía ciudadana se pronunció el 28 de julio y lo que decidió merece y debe ser respetado, para que acto seguido comience la fase de transición y el mandato presidencial de Edmundo González Urrutia.
Dr. Rafael Veloz García, diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur electo en 2015; expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, VP.