Manuel “Mel” Zelaya Rosales es uno de los hombres más poderosos de Honduras. Esposo de la presidenta Xiomara Castro, líder de Libre, el partido oficialista, y jefe del clan familiar que manda en el gobierno hondureño, este terrateniente de Olancho, en el noreste del país, volvió de los días oscuros en que, cuando él era el presidente, fue depuesto por un golpe de Estado en 2009. Hoy vuelve a enfrentarse a un futuro más bien incierto: la posibilidad de que la justicia de su país lo impute por relacionarse con el narcotráfico.
Por Infobae
Zelaya es uno entre decenas de políticos, empresarios y criminales hondureños que fueron nombrados por testigos en el juicio al expresidente Juan Orlando Hernández en Nueva York, que culminó el 8 de marzo pasado con un veredicto condenatorio por delitos de tráfico de cocaína y uso de armas para importar la droga a Estados Unidos.
En aquel juicio, los fiscales neoyorquinos que acusaron a Hernández llevaron como testigos a varios narcotraficantes hondureños ya condenados en Estados Unidos, quienes, además de relatar los tratos que tenían con el expresidente, ampliaron sobre sus relaciones con otros políticos hondureños, entre ellos Zelaya Rosales.
Entre los testigos estaba Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los líderes de la banda Los Cachiros, el clan de narcotraficantes que controló el paso de la cocaína por el corredor norte de Honduras durante buena parte de este siglo. A Zelaya, dijo Rivera, él y su banda le habían dado dinero antes del golpe de Estado de 2009 para que los dejara operar sin estorbos de la policía.
Otro testigo, el contador de un empresario agrícola en el norte de Honduras vinculado al narcotráfico, también aseguró que Zelaya Rosales había recibido dinero del narcotráfico.
Las referencias a la familia de la actual presidenta en el juicio a Juan Orlando Hernández, JOH como se le conoce en Honduras por sus iniciales, no pararon ahí. Otros dos hombres fuertes de la familia fueron mencionados. Rivera Maradiaga aseguró que también había sobornado a Carlos Zelaya, hermano de Mel y actual vicepresidente del Congreso hondureño por Libre.
También salió a relucir el nombre de Héctor Zelaya, hijo de la presidenta Xiomara Castro y del expresidente Mel Zelaya y secretario privado en el gobierno actual, pero no en boca de un testigo sino en la de Raymond Colon, uno de los abogados de JOH. Durante el contrainterrogatorio al testigo Alexander Ardón, un exalcalde narco del Partido Nacional, el mismo al que pertenecía el expresidente Hernández, Colon preguntó sobre la participación de Héctor Zelaya en una reunión en la que, se supone, se planificó el asesinato en 2009 de Julián Arístides González, entonces zar antidrogas del gobierno hondureño.
Kevin Castel, el juez que presidió el juicio a JOH, ordenó retirar del récord la mención a Héctor Zelaya e instruyó al jurado no tomar en cuenta la referencia. Colon, sin embargo, insistió, fuera de la corte, con los reporteros que cubrían los procedimientos judiciales. “El hijo mayor”, dijo el abogado, había estado en la reunión en que narcotraficantes hondureños planificaron el asesinato del zar antidrogas. Héctor Zelaya respondió enseguida en su cuenta de la red X: “Es lamentable que algunos sigan haciendo eco de una difamación en defensa de un extraditado narcopolítico como JOH. Buscan desviar la atención de su involucramiento en el golpe de Estado 2009 y de lo que verdaderamente pasó en sus 4 años en el congreso y 8 años en la presidencia; 12 años de narcodictadura.”, escribió.
El club de los ex presidentes
El Ministerio Público (MP) de Honduras envió a cuatro representantes a seguir el juicio de Hernández en Nueva York con la intención de determinar, según dijeron entonces, si había nuevos indicios o gente a la que procesar en Honduras. Durante los 19 días que duró el procedimiento, los fiscales se sentaron en las primeras filas del espacio reservado al público en la corte y tomaron notas. Un día antes de que terminara el juicio, el 7 de marzo, el MP anunció que abriría 15 líneas de investigación, pero no ofreció detalles.
El pasado 7 de agosto, Johel Zelaya, el fiscal general, fue más específico. En una rueda de prensa dio a conocer los nombres de 36 personas a las que llamará para que rindan declaración preliminar en el Ministerio Público. Esto, aclaró el MP, no significa que se presentarán cargos inmediatamente, pero sí que la indagatoria a los nombrados está abierta. Que estas pesquisas iniciales terminen en presentación de cargos criminales depende de una decisión del fiscal general Zelaya.
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