Después de siete años de litigios el Juez Federal Leonard Stark del Distrito de Delaware, Estados Unidos, decidirá el 22 de agosto el destino de la CITGO, empresa refinadora de crudo localizada en USA que ha sido propiedad filial de PDVSA desde 1986. La compañía estaba teniendo pérdidas, aun cuando experimentó una recuperación entre 2022 y 2023 y, nuevamente, declaró pérdidas de 25 millones de dólares para el segundo trimestre del 2024.
Hace mes y medio el Juez Stark dio inicio a la recepción de ofertas para la adquisición de CITGO y denegó los últimos argumentos del gobierno venezolano.
Son 18 las empresas, grandes y medianas, que presentan acreencias contra CITGO por 21.300 millones de dólares como consecuencia de impago y expropiaciones llevadas a cabo por el gobierno socialista. Entre las principales corporaciones acreedoras están: Crystallex, minera canadiense que se querelló con el gobierno en el 2008, cuando este nacionalizó la mina de oro Las Cristinas, demanda que ganó ante el Centro Internacional de Arreglo de las diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Venezuela aceptó pagarle 440 millones de dólares en dos años, pero luego incumplió. La Conoco Phillips, con acreencias por 1,4 mil millones por expropiaciones ilícitas. A la querella iniciada por Crystallex y Conoco se adscribieron otro número de empresas: Agro-isleña, Owens Illinois, ACL Investments, Rusoro, Huntington-Ingalls, Tidewather, Koch Industries, entre otras. Los acreedores no solo son empresas expropiadas, sino tenedoras de bonos como los que el gobierno de Nicolás Maduro emitió de PDVSA en el 2020 dando como garantía el 50,1% de las acciones de la CITGO.
Maduro califica la acción judicial como “robo políticamente motivado por el gobierno de Estados Unidos”. El vocero del gobierno chino Lin Jian declaró que: “condena enérgicamente el proceso, por parte de las autoridades estadounidense de despojó de la empresa, CITGO”, mientras que el expresidente colombiano Ernesto Samper lo calificó como “zarpazo financiero”.
Además de lamentarse, el gobierno actúa, curiosamente, en contra del interés nacional cuando amenaza a los compradores en la subasta diciendo que “se reservan acciones judiciales contra quien participe en la venta forzosa”. Al tomar esta medida, empuja a la baja el valor de las acciones de CITGO, dado que los compradores tienen miedo de las amenazas de futuros litigios, cotizan menos de lo vale la acción. y tienden a bajar sus ofertas de compra. En efecto, se estima que la subasta arroje solo 12.000 millones de dólares, en lugar de los 32.000 a 44.000 millones del avalúo según declaraciones del Tribunal, como consecuencia de la amenaza de futuras acciones judiciales en su contra.
En la subasta compiten el multimillonario Carl Icahn y su grupo refinador CRV Energy, enfrentados a los acreedores del gobierno de Venezuela, quien introdujo una oferta por 8 mil millones de dólares. Los acreedores venezolanos reclaman 21,3 mil millones de dólares, pero el valor de mercado estimado de CITGO es de solo 11 a 13 mil millones de dólares, alrededor de la mitad del monto de las acreencias. El consorcio liderado por Gold Reserve y Koch Industries introdujo una oferta por 9 mil millones de dólares. El proceso permite alianzas ente oferentes para aumentar el monto de sus propuestas. Hasta el momento cinco grupos han hecho ofertas, algunos financiados por bancos como J.P. Morgan y Morgan Stanley.
El Juez federal Leonard Stark debe seleccionar ganador para el 22 de agosto y conseguir la aprobación final para el 15 de octubre, previa consulta al Departamento del Tesoro.
Comentaristas calificados como el de Acosta Viera de El Nacional, explican que aun quedaría un recurso en la Corte Superior, correcto, pero a estas alturas esta acción judicial pareciera tener escasa probabilidad de éxito.
Ultima Hora: El día 12 de agosto la Tesorería Norteamericana extendió la licencia protegiendo los activos de Citgo hasta el 12 de noviembre
Gerardo Lucas. Economista-Historiador/ gerardolucas.wordpress.com