En ese período, el régimen ha desarrollado características que lo distinguen como un “Estado narco-totalitario digital y criminal”, un fenómeno que combina totalitarismo político, actividad criminal transnacional, y sofisticadas técnicas de control cibernético.
El Ascenso del Totalitarismo en Venezuela
La llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 marcó el inicio de un proceso de centralización del poder que se profundizó con el mandato de Nicolás Maduro. Chávez, inicialmente impulsado por un discurso de justicia social, utilizó su popularidad para implementar una serie de cambios constitucionales que permitieron la consolidación de un poder prácticamente absoluto y con sustento militar. Esta tendencia continuó y se exacerbó bajo Maduro, quien, frente a una creciente oposición interna y presión internacional, optó por intensificar el control estatal a través de métodos represivos y antidemocráticos.
En este contexto, Venezuela evolucionó hacia un régimen totalitario, donde las instituciones democráticas han sido desmanteladas o cooptadas. La separación de poderes ha dejado de existir, con un poder judicial que actúa como una extensión del ejecutivo, y un Consejo Nacional Electoral que manipula procesos electorales para asegurar resultados favorables al régimen. Las elecciones, en lugar de ser un mecanismo de renovación democrática, se han convertido en un ritual de legitimación de la permanencia del chavismo-madurismo en el poder, al tiempo que se cierran los espacios para la disidencia y se criminaliza a los líderes opositores.
El Factor Criminal: Venezuela como Empresa Ilícita Transnacional
Paralelamente a la consolidación del poder totalitario, el régimen venezolano ha desarrollado una profunda relación con el crimen organizado, al punto de convertirse en un actor central en redes ilícitas a nivel global. Venezuela es hoy un epicentro del narcotráfico, el lavado de dinero, y la minería ilegal, actividades que no solo generan enormes ingresos para la élite gobernante, sino que también la posicionan como un jugador geoestratégico en el ámbito criminal internacional, permitiendo que el país se convierta en una ruta clave para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Esta actividad ilícita es respaldada por actores estatales y paraestatales, incluidos altos funcionarios y militares, que han transformado sus roles de servidores públicos en operadores de una vasta red criminal. La minería ilegal, especialmente en el Arco Minero del Orinoco, genera ingresos a través de la extracción de oro, diamantes y otros minerales, en condiciones que violan los derechos humanos y devastan el medio ambiente.
La Ciberseguridad al Servicio del Totalitarismo
Para mantener y fortalecer este sistema, el régimen venezolano ha adoptado modernas técnicas de control digital, transformando el país en un laboratorio de vigilancia cibernética y represión digital. El régimen ha invertido en tecnología de monitoreo masivo, permitiéndole rastrear y censurar las comunicaciones de sus ciudadanos, identificar y perseguir a disidentes, y controlar el flujo de información dentro del país. Para legitimar esta práctica, acaba de aprobar un Decreto que crea el Consejo Nacional de Ciberseguridad asi como la Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares.
Las redes sociales, que en otras partes del mundo han servido como herramientas de empoderamiento ciudadano, en Venezuela son utilizadas por el régimen para manipular la opinión pública y desinformar, mientras que la represión digital se extiende a la censura de medios independientes y el bloqueo de plataformas que pudieran ser usadas para expresar el descontento propio de la democracia. Este aparato de ciberseguridad no solo asegura el control interno, sino que también permite al régimen proyectar su influencia más allá de sus fronteras, colaborando con otros actores autoritarios en la construcción de un nuevo eje de poder global.
Un Régimen con Impacto Global
El modelo venezolano no es un fenómeno aislado; tiene profundas implicaciones para la región y el mundo. Como un Estado narco-totalitario digital y criminal, Venezuela se ha convertido en un foco de desestabilización en América Latina, exportando su influencia a través del apoyo a movimientos y gobiernos afines, facilitando actividades ilícitas que socavan la estabilidad de otras naciones. Su alianza con otros regímenes autoritarios, como Rusia, China e Irán, fortalece un eje global que desafía el orden internacional basado en la democracia y el respeto a los derechos humanos.
La situación venezolana presenta un desafío significativo para las democracias en el hemisferio occidental y más allá.
La capacidad del régimen para combinar control totalitario, operaciones criminales transnacionales, y tecnologías avanzadas de represión digital, lo convierte en un modelo peligroso para ser replicado por otros gobiernos con ambiciones similares. Por ello, la lucha por restaurar la democracia en Venezuela no es solo una causa nacional, sino una batalla clave en la defensa de la libertad y los derechos humanos en el siglo 21.