Los exjefes de Estado y de Gobierno miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), enterados de la decisión adoptada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que en un acto de usurpación de competencias constitucionales propias del Poder Electoral valida y entrega, de facto, la titularidad del gobierno al dictador Nicolás Maduro Moros, manifestamos lo siguiente:
Dicha decisión constituye un típico golpe de Estado contra la soberanía popular, expresada en la clara decisión de los venezolanos de elegir presidente de la República a Edmundo González Urrutia el pasado 28 de julio, tal como lo confirman los informes técnicos de la ONU, la OEA y el Centro Carter.
Basamos esta declaración en el ocultamiento de las actas de votación y en la falta de los escrutinios públicos que debió realizar de manera exclusiva, autónoma, transparente y constitucional el Consejo Nacional Electoral, como poder público constituido. Nos hacemos eco de lo expresado por la Misión de Naciones Unidas sobre Determinación Crímenes de Lesa Humanidad: “Alertamos sobre la falta de independencia e imparcialidad del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral de Venezuela que han desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado”.
Resaltamos que, de consumarse este golpe de Estado se le habrá dado un puntillazo final a todos los elementos esenciales de la democracia en Venezuela, como lo son el acceso al poder conforme al Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, las elecciones libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, la existencia de partidos políticos, y la separación e independencia de los poderes públicos, tal como los dispone la Carta Democrática Interamericana. Y al respecto, la Corte Interamericana ha dicho claramente que “la concentración del poder implica la tiranía y la opresión”.
Hacemos un llamado a los gobiernos democráticos y a la comunidad internacional en su conjunto para que impidan la consolidación del golpe de Estado que se sucede en Venezuela y adopten, por consiguiente, medidas reales y efectivas contra los responsables del atentado al orden democrático y de los crímenes de lesa humanidad que se siguen cometiendo en ese país, agravados tras el hecho electoral y cuyas incidencias ya conoce la Corte Penal Internacional.
23 de agosto de 2024
