Lo último que supo la familia de Carlos Chancellor, es que había salido desde Tumeremo, al sur del estado Bolívar, con destino a Anzoátegui, específicamente a Barcelona, para visitar a uno de sus hijos. Cuando estaba transitando por el estado oriental, fue interceptado y detenido. Ya han pasado 20 días de ese hecho y su familia aún no ha podido verlo ni mucho menos hablar con él.
Pableysa Ostos/Corresponsalía lapatilla.com
“Hasta ahora no han dejado verlo, solo dejan pasar comida y medicinas los días martes. Nos dicen que tenemos que esperar 45 días para poder verlo. Solo dicen que tenemos que esperar los 45 días y lo vamos a poder ver y saber por qué está detenido”, explicó un hijo de Chancellor.
El dirigente político está recluido en El Helicoide, una edificación ubicada en la parroquia San Pedro, en Caracas, que funciona como sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y también como cárcel.
Aunque se desconocen los motivos de su arresto, lo que sí era claro es que apoyaba abiertamente a María Corina Machado y a Edmundo González.
Chancellor, de 64 años, es dirigente de La Causa R y fue alcalde de Sifontes en cuatro periodos. También estuvo preso durante cinco años luego de protestar contra las políticas mineras del gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías.
El dirigente, además, es el papá de Jhon Chancellor, jugador de la selección Vinotinto, quien fue convocado recientemente para jugar contra Bolivia y Uruguay (este último será en Venezuela) y actualmente está fichado por el Club Deportivo Universidad Católica en Ecuador.
Sin fe de vida
El caso de Américo De Grazia no es muy distinto al de Chancellor. También tiene 20 días detenido y permanece en la sede de El Helicoide. Su hija, María Andreína De Grazia, afirmó al equipo reporteril de lapatilla.com que “hasta el sol de hoy todavía seguimos sin ninguna fe de vida, sin saber en qué condiciones se encuentra, sin ni siquiera saber si él está vivo”.
“Seguimos también sin recibir ningún, digamos, como documento formal que nos asegure que él realmente está en El Helicoide. Lo único que hemos tenido hasta ahora es la misma confirmación verbal del funcionario que atendió a mi familia en El Helicoide cuando dijo: ‘Américo De Grazia está aquí’. Pero hasta hoy, 20 días después, seguimos en la misma incertidumbre y preocupación. Mi familia en Caracas ha ido al Helicoide en persona todos los días de visita, que normalmente son martes, jueves y sábado. Si ellos no lo cancelan porque, por ejemplo, el sábado vieron las protestas, y cancelaron las visitas, no dejaron entrar a nadie”, detalló la joven.
Sin poder verlo
Su hija suma que en esas “visitas” que hacen no pueden verlo ni tampoco hablar con él. Solo le dejan comida, ropa y medicinas, las cuales recibe el funcionario que está de guardia, pero ellos no tienen certeza de que eso llegue a las manos del dirigente político.
“Con respecto a información sobre el caso, como te decía antes, no hemos recibido ninguna documentación formal donde primero se asegure que él está en El Helicoide y mucho menos qué cargos les están dando. Por ende, aun cuando tenemos comunicación con los abogados que nos están guiando sobre todo el proceso, no hemos podido iniciar un caso de defensa con ellos, un caso legal de defensa, porque ni siquiera sabemos de qué lo estamos defendiendo. No tenemos, pues, ninguna información de qué cargos les están dando y ninguna confirmación de que él está allí”.
Para ellos, De Grazia está en condición de “desaparecido”. Lo último que supieron del dirigente político es que iba al médico a atender una infección pulmonar y perdieron comunicación con él pasadas las 11:00 de la mañana del 7 de agosto de 2024. “No sabemos en dónde está el carro, dónde él estaba, no sabemos en qué condiciones lo agarraron, quién se lo llevó, o sea, nada. La única certeza, entre comillas, es esa confirmación verbal que dijo el funcionario de que Américo De Grazia está aquí en El Helicoide, pero no tenemos más”.
De Grazia, quien es oriundo de Upata, al sur del estado Bolívar, militó en el partido político La Causa R, fue alcalde del Municipio Piar y diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). En las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre de 2021, fue el candidato a la Gobernación del estado Bolívar por el Movimiento Ecológico de Venezuela (MOVEV).
Detenidos en Bolívar
Según datos registrados por este medio, en el estado Bolívar los cuerpos de seguridad han realizado 55 detenciones tras las elecciones del pasado 28 de julio, cuatro de los arrestados son menores de edad (entre los 16 y 17 años).
La aprehensión más reciente fue la de José Gregorio Hernández, quien desempeña en el cargo de coordinador de Operaciones en el sector Aceital, específicamente dentro la planta Aserradero Aceital (ASAC) de la empresa Maderas del Orinoco. Esta persona “mantenía bajo amenazas e insultos contra revolucionarios a los trabajadores, enviando notas de voz incitando al odio en contra de nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moros mediante equipo móvil celular por mensajería WhatsApp”, reza un parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
El equipo de lapatilla.com intentó conversar con familiares de algunos de los detenidos, pero estos se negaron “hablar porque puede perjudicar aún más a mi familiar”. Por su parte, la noche de este 26 de agosto circuló en redes sociales un video en el que se ve un autobús con varias personas, siendo escoltado por una patrulla de la policía. Se presume que estaban trasladando a varios detenidos en Puerto Ordaz. Los familiares desconocen cuál será el nuevo sitio de reclusión.
Un abogado del Foro Penal en Ciudad Guayana relató que “actualmente desde la organización, el único medio que tenemos para la verificación de información es la denuncia directa de familiares. Ellos, en este caso, realizan un reporte al centro de denuncia del Foro Penal y nosotros procedemos a recolectar la información, obviamente, del canal de denuncia para la atención del caso. A pesar de que se ha cumplido el protocolo del centro de denuncias, lo que ha sucedido es que las autoridades del Palacio de Justicia del Circuito Judicial Penal no han permitido el acceso de ningún tipo de abogado privado ni tampoco de organizaciones gubernamentales que han querido asistir y representar a las personas que han sido detenidas arbitrariamente en contexto de manifestaciones pacíficas, como es también el caso del Foro Penal”.
Sumó que “tenemos conocimiento, obviamente, que existe una imposición de defensores públicos, lo que vulnera el derecho de consentimiento de elegir al abogado de confianza por parte de la familia y también por parte de la persona detenida. Eso implica también, obviamente, que al no haber ningún tipo de acceso por parte de abogados privados ni de ninguna organización, no se puede obtener de manera certera todos los datos que se encuentran contenidos en el expediente”.