Una denuncia ante la Fiscalía la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, presidida por Karim Khan, por el crimen de persecución política y tratos inhumanos en contra de Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, formalizó el defensor de derechos humanos, presidente de la Fundación El Amparo y director general del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), Walter Márquez.
Márquez indicó este martes 27 de agosto en rueda de prensa que tanto Nicolás Maduro como jefe de Estado, y el fiscal general de la República, Tarek William Saab se han dedicado a insultarlo y agredirlo, y ahora el Ministerio Público a través del fiscal auxiliar 36 nacional, Luis Dueñez, los han citado en dos oportunidades, acusándolo de hechos que no ha cometido como son falsificación de documentos públicos, usurpación de funciones, asociación para delinquir, delitos informáticos y conspiración.
“Son delitos inventados por el régimen ante la aplastante derrota del 28 de julio. Edmundo González junto con María Corina Machado lo que han hecho es publicar documentos que por su propia naturaleza jurídica son públicos, las actas de escrutinio. En el momento en que lo firman los testigos, los miembros de mesa, se convierten en documentos públicos y publicarlos en una página web, es un derecho constitucional, es un derecho ciudadano, lo que pasa es que estamos en presencia de lo que en la Alemania nazi se llamó la tipificación penal del enemigo o también lo que yo llamo la ley del espejo. Ellos reflejan en la oposición lo que ellos hacen”, expresó.
Walter Márquez destacó que se trata de delitos simulados por parte del régimen, por lo que se está ante la simulación de un hecho punible. “Edmundo González está cumpliendo con el deber constitucional del artículo 132 de la Carta Magna de defender los derechos humanos. El derecho al sufragio es un derecho humano”, precisó.
Afirmó el defensor de derechos humanos que los delitos fueron cometidos por Nicolás Maduro y sus subalternos, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) y su presidente, Elvis Amoroso, cometieron un fraude electoral al falsificar el acta de proclamación el 29 de julio; cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cometió un fraude judicial en contra de Edmundo González con una sentencia sin bases, ni pruebas; y cuando el Fiscal General de la República comete el crimen de persecución política en contra de González.
“Esto lo hemos documentado y lo hemos consignado a la Corte Penal Internacional como crimen de lesa humanidad, de persecución política y también como el crimen de tratos inhumanos tipificados en el artículo 7.1 del Estatuto de Roma”, añadió Walter Márquez.