En Venezuela se registraron 56 ataques e incidentes de seguridad contra organizaciones y defensores de derechos humanos en el mes de julio, 38 más que en junio, cuando se documentaron 18 casos, informó este miércoles la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
“La política de criminalización, represión y control social avanzó en el contexto preelectoral, las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos se enfrentaron a graves riesgos”, señaló la organización en su más reciente informe.
Del total de casos, 26 fueron de estigmatización, 20 de intimidación y hostigamiento, cinco ataques digitales, cuatro de amenazas y una detención “arbitraria”.
La organización sostuvo que el mes pasado fue constante el uso de plataformas comunicacionales para “amedrentar y estigmatizar” a personas y organizaciones, “con el objeto de desvirtuar sus actividades bajo la lógica del enemigo interno y pretender vincular sus actividades a hechos de desestabilización o político-partidistas”.
Detalló que el 80 % de los casos registrados fueron ejecutados contra organizaciones no gubernamentales, mientras el restante 20 % estuvo dirigido a personas.
Los principales responsables, prosiguió, fueron funcionarios públicos (37 %), seguido de medios de comunicación estatales (25 %), instituciones públicas (23 %), otros actores afines al Gobierno (14 %), y organismos de seguridad (4 %).
“Los 56 hechos documentados durante julio de 2024 generan gran preocupación, pues se originan en un contexto de aumento generalizado de la violencia y la represión estatal”, añadió el CDJ.
El pasado 15 de agosto, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó, de manera unánime, la ‘Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales’ que prevé la disolución judicial de estas agrupaciones que violen las disposiciones establecidas en la normativa.
Las ONG, de acuerdo a la nueva ley, tienen prohibido recibir aportaciones económicas destinadas a organizaciones políticas o hacer aportes a dichas formaciones, así como promover el “fascismo, la intolerancia o el odio”.
Asimismo, establece como causales de disolución de estas asociaciones el incumplimiento de las prohibiciones, declarado por decisión judicial, así como la falta de pago de cualquier multa impuesta “de conformidad con esta ley, una vez agotados los recursos judiciales disponibles”. EFE