Ipys Venezuela ofreció exhaustivo análisis de la cobertura electoral por la prensa extranjera

Ipys Venezuela ofreció exhaustivo análisis de la cobertura electoral por la prensa extranjera

Contar periodísticamente las elecciones presidenciales en Venezuela, que se realizaron el 28 de julio de 2024, no se limitaba a describir el proceso comicial y sus resultados. Los corresponsales extranjeros y enviados especiales de medios internacionales debían explicar el país: facilitar a sus audiencias la comprensión de una nación que después de 25 años de gobierno chavista-madurista tenía la oportunidad de cambiar el rumbo político por la vía de los votos.

Por Ipys Venezuela





En un contexto generalizado de hostilidad contra la prensa independiente en Venezuela, caracterizado por mecanismos sistemáticos de censura y autocensura, ampliamente documentados por el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela) y otras organizaciones nacionales e internacionales de promoción y defensa de derechos humanos, la cobertura periodística de las elecciones presidenciales por parte de la prensa extranjera tiene especial relevancia.

Los y las periodistas que trabajan para medios de comunicación internacionales pueden informar con más libertad que quienes ejercen la profesión desde Venezuela. La prensa extranjera puede ser una ventana informativa especialmente útil para procurar la libertad de expresión e información en un proceso comicial que, según advirtieron tempranamente los organismos especializados en la materia, no se ha ajustado a los estándares internacionales sobre elecciones verdaderamente libres y competitivas.

Las dificultades para la acreditación de corresponsales extranjeros y enviados especiales emergieron como una primera señal de los obstáculos que tendría que afrontar la prensa extranjera interesada en informar sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio. A partir de esa primera bandera roja, IPYS Venezuela planificó un monitoreo de la cobertura electoral de las y los representantes de la prensa extranjera, cuyos resultados se presentan en este reporte especial.

La acreditación y el visado especial

El gobierno venezolano, a través del Ministerio de Información y Comunicación (Minci), estableció reglas que dificultaron la labor de corresponsales extranjeros y enviados especiales, específicamente para la cobertura de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Lo primero que llama la atención es que un ministerio, es decir un órgano del Poder Ejecutivo, haya establecido estas reglas, pues, en teoría esta es una atribución del Consejo Nacional Electoral, en tanto máxima autoridad en la materia y órgano del poder público autónomo e independiente. Además de fijar las reglas, el Minci se arrogó la administración exclusiva del proceso de autorización de las labores de los corresponsales extranjeros y enviados especiales.

Las reglas del Minci fueron divulgadas el 12 de abril, mediante mensajes por correo electrónico enviados a corresponsales y periodistas extranjeros que manifestaron su interés en venir a Venezuela a cubrir las elecciones presidenciales.

La recepción de solicitudes de acreditación fue limitada a un lapso de nueve días: del 11 al 19 de abril de 2024. No hubo prórroga.

Reproducimos textualmente los requisitos exigidos:

-Carta del Director o Editor del medio para el cual labora (en castellano, membretada, sellada y firmada) dirigida a la Dirección Operativa de Articulación con Medios, y a la directora de Información y Comunicación Mayerlin González del Consejo Nacional Electoral (CNE), Mayerlin González, en la que se especifique:

– Datos del equipo (nombre, apellido, Nº pasaporte y función).

– Tiempo de estadía en Venezuela.

– Contactos del periodista una vez en Venezuela (celular, correo electrónico).

– Misión informativa que va a realizar (EN ESTE CASO, COBERTURA DE ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2024).

– Copia legible de los pasaportes vigentes de los miembros del equipo en formato PDF. Los pasaportes deben tener un mínimo de seis (06) meses de vigencia.

– Copia legible del documento de identidad nacional (DNI, CI, etc) de los miembros del equipo en formato PDF.

– Breve Currículum Vitae (CV) del periodista.

– Planilla MippCI de solicitud de acreditación “PLANILLA DE ENVIADOS ESPECIALES”, anexa al presente correo, (Debe ser llenada íntegramente por cada uno de los miembros. De faltar datos, no procesaremos la solicitud).

– Planilla de Elecciones, formato Excel, anexa al presente correo, provista por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que debe ser llenada según indica el CNE INSTRUCTIVO PARA LLENAR LA PLANILLA DE SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2024 (También anexo al presente correo).

– UNA (01) fotografía tamaño carné (Fondo blanco en formato JPG de baja resolución 140 kb) de cada uno de los miembros del equipo. La foto debe estar identificada con el número del pasaporte del o los acreditados, escrito sin puntos.

También se establecieron reglas adicionales para el ingreso a Venezuela de equipos técnicos. El instructivo del Minci precisó que “cada enviado especial deberá hacer la participación de ingreso temporal mediante comunicación dirigida al ciudadano Rafael Contreras, Intendente Nacional de Aduanas del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)”.

La comunicación al Seniat debía tener las siguientes especificaciones:

1 Datos de la persona que ingresará los equipos técnicos de trabajo como corresponsal/enviado especial de prensa extranjera (Nombre, apellido, nacionalidad y número de pasaporte con copia del mismo).

2 Fecha de ingreso al país, aeropuerto de ingreso, línea aérea, número de vuelo y hora de llegada.

3 Fecha de salida del país, aeropuerto de salida, línea aérea, número de vuelo y hora de salida.

4 Relación (lista) de los equipos técnicos que van a ingresar. Indicando:

4.1. Números seriales, si los tiene.

4.2. Valor aproximado de cada uno.

4.3. Identificar si los equipos son usados.

4.4. Cantidades y cualquier otro dato que permita su fácil identificación.

“No se autorizará el ingreso de cascos, máscaras antigás, chalecos antibalas, drones o cualquier otro ítem de naturaleza similar”, se agregó en el instructivo del Minci. Tal prohibición inquietó a algunos medios de comunicación extranjeros y de periodistas freelance y alteró los planes de seguridad física para mitigar riesgos.

También de forma explícita, el Minci formuló otras prohibiciones:

“Para el ejercicio de funciones periodísticas, los enviados especiales de medios internacionales no deben ni pueden ingresar al país con Visa de Turista ni amparados en Acuerdos Bilaterales de Supresión de Visados ratificados por la República Bolivariana de Venezuela con el país de origen de los mencionados profesionales”.

“Los enviados especiales de medios internacionales sólo podrán ejercer funciones periodísticas en Venezuela una vez su solicitud haya sido aceptada y se les haya otorgado la visa correspondiente (C-18)”.

El lapso de apenas nueve días establecido para la acreditación de corresponsales extranjeros y enviados especiales fue muy corto y muchos y muchas periodistas extranjeros interesados en venir a Venezuela y dar cobertura al proceso electoral quedaron excluidos. De esa manera, la posibilidad de que la prensa extranjera sirva como fuente alterna de información quedó disminuida.

Los requisitos para la acreditación fueron excesivos y solo podrían ser cubiertos por grandes medios de comunicación, de modo que otros con menores recursos quedaron excluidos.

La expedición de una visa especial como requisito imprescindible para que los enviados especiales puedan hacer cobertura periodística en Venezuela quedó a entera discrecionalidad de las autoridades del gobierno nacional, a través del Minci. IPYS Venezuela confirmó que algunos periodistas de algunos medios internacionales fueron vetados.

La limitación de la cobertura exclusivamente a la elección del 28 de julio, podría ser interpretada muy restrictivamente, para impedir que los y las corresponsales y los y las enviados especiales realizaran trabajos periodísticos sobre otras situaciones de interés público sobre lo que ocurre en Venezuela; por ejemplo, en materia de derechos humanos. Ello aumentó los riesgos de eventual infracción de las normas establecidas por el Minci.

La prohibición de ingreso de equipos de seguridad, como cascos, máscaras antigás, chalecos antibalas, no se justifica; sobre todo porque en Venezuela su adquisición no es fácil.

La escalada de agresiones verbales

La hostilidad contra la prensa extranjera fue manifestada en forma expresa y vehemente por Nicolás Maduro y otros altos funcionarios públicos y recrudeció en la medida en que se aproximaba la fecha de los comicios presidenciales.

El discurso estigmatizante es un patrón de agresión contra la prensa independiente y, en general, contra defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela. Así lo advirtió la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2020 y lo reiteró en mayo de 2024: “…la Relatoría ha continuado documentando restricciones severas al derecho a la libertad de expresión en Venezuela. En particular, se registran hechos de hostigamiento judicial, detenciones arbitrarias, restricciones de acceso a la información, cierre de medios de comunicación y señalamientos estigmatizantes por parte de altos funcionarios del gobierno contra aquellos que investigan y participan activamente en asuntos de interés público y político”.

La Relatoría agregó: “Esta Oficina recuerda que el uso del poder del Estado y los mecanismos institucionales ordinarios para presionar, amenazar y castigar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación según sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión. La prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema democrático y el estado de derecho”.

En la siguiente línea de tiempo se muestran los hitos más resaltantes de esta escalada de agresiones verbales contra la prensa extranjera.

El hostigamiento tributario

IPYS Venezuela documentó otras acciones previas ejecutadas por funcionarios del Estado para hostigar a la prensa extranjera.

El 18 de julio, en horas del mediodía, funcionarios de gestión tributaria de la Alcaldía de Chacao realizaron inspecciones en las oficinas de CNN, y las agencias internacionales de noticias AFP y Reuters, ubicadas en su jurisdicción. En esa oportunidad impusieron una medida de cierre a la oficina de Reuters.

En días anteriores, se ejecutó una inspección similar en la oficina de la agencia internacional de noticias Bloomberg, la cual también fue sancionada con cierre.

Por otra parte, funcionarios de la Alcaldía de Baruta realizaron una inspección en la oficina de la agencia internacional AP, ubicada en su jurisdicción.

Las deportaciones

Cumplir con las reglas establecidas por las autoridades venezolanas para el ingreso a Venezuela no fue suficiente para que los enviados y enviadas especiales, debidamente acreditados ante el Minci y con visa especial para dar cobertura periodística a las elecciones presidenciales del 28 de julio, se libraran del hostigamiento.

IPYS Venezuela documentó que tres enviados y enviadas especiales, que habían cumplido con las exigencias gubernamentales, fueron sometidos a largos interrogatorios y a dos de ellos los condujeron hasta el “cuartico” del aeropuerto internacional Simón Bolívar, como se conoce la habitación instalada en la principal terminal aérea de Venezuela que usan los cuerpos de seguridad del Estado para hacer inspecciones exhaustivas a las personas que arriban al país.

“Al menos diez veces me hicieron las mismas preguntas: ¿a qué venía a Venezuela? ¿para qué medio trabajaba? ¿cuánto tiempo me iba a quedar en el país? ¿dónde me iba a hospedar? Me llamó la atención que en tres oportunidades me preguntaron cuál era mi religión. Además, me obligaron a señalar mi nombre, mi nacionalidad, mi profesión y el motivo de mi visita a Venezuela, mientras uno de los funcionarios hacía un video”. Todo eso se prolongó aproximadamente tres horas”, relató una de las personas afectadas.

El aeropuerto Simón Bolívar fue una alcabala infranqueable para seis enviados y enviadas especiales, quienes fueron deportados después de sufrir la hostilidad de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano.

El 25 de julio, Jorge Pizarro, periodista argentino de Radio Rivadavia, fue deportado. Había arribado al aeropuerto a las 2:30 am de ese día. Antes de abordar un vuelo con destino incierto, relató su experiencia en conversación telefónica con su colega de Radio Rivadavia, Marcelo Longobardi: “En la fila de Migración, cuando vieron mi pasaporte argentino, me llamaron aparte. Una señorita que tenía un uniforme color azul marino con un escudo que decía Ministerio Público me interrogó severamente, sin explicarme por qué. Esa señorita me pasó a otra persona de civil, que me volvió a hacer, inexplicablemente, casi el mismo interrogatorio; no eran preguntas, era un interrogatorio. Y finalmente después me atendió un oficial superior que me volvió a hacer las mismas preguntas. Cuando osé decirle por qué me preguntaban tantas veces lo mismo si yo había contestado siempre igual, y no había ningún motivo para trastabillar porque las preguntas eran bien puntuales; prácticamente por haberle preguntado eso casi me pone preso. Me dijo que las preguntas las hacía él, que yo no podía responderle nada, excepto lo que él me dijera. Allí entendí lo que estaba pasando. Desde esa hora me interrogaron diez veces, me sacaron 14 fotos en escenarios distintos, me retuvieron el pasaporte, me llevaron a una oficina de aislamiento y deportación, me hicieron grabar un video de ocho minutos…”

Pizarro recordó que el lapso para la acreditación y el visado de enviados especiales venció en abril y que la Embajada de Argentina le sugirió que, al llegar a Venezuela, se presentara ante la autoridad electoral para explicarle quién era, de dónde venía y cuál era la misión que desarrollaría en Venezuela. “No llegué a eso, porque me tuvieron en esa sala. Me sacaron mi mochila, me sacaron los celulares, me sacaron la ropa que tenía. Durante seis horas no me dieron ni siquiera un vaso de agua. Yo tenía que tomarme una medicación y no me lo permitieron. Prácticamente no me dejaron ir al baño. Después me tuvieron en un corralito solo y de pie; allí me dejaron allí tres horas. Después me llevaron a otra parte del aeropuerto y ahí me permitieron sentarme, hasta que vino una persona que me dijo que por no cumplir los requisitos para el ingreso al país me van a deportar”.

El 27 de julio, las periodistas colombianas Gloria Vanessa De La Torre Sanclemente y Andrea Carolina Trinidad Cabulla, enviadas especiales de Caracol Radio, también fueron deportadas desde el aeropuerto Simón Bolívar. En una comunicación suscrita por Rubén Dávila, Jefe de los Servicios de la Oficina de Migración del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, se señala que ambas periodistas “se consideran inadmisibles”, por no cumplir con el perfil migratorio para ingresar a Venezuela

El 1 de agosto la deportación recayó contra los italianos Marco Bariletti e Ivo Bonito, enviados especiales de Rai News. El reportero Bariletto y el camarógrafo Bonito, arribaron al aeropuerto Simón Bolívar a las 12: 41 pm, en un vuelo procedente de Lisboa. Después de revisar sus documentos los obligaron a retornar.

Bariletti relató que tan pronto él y su compañero camarógrafo se acercaron a la taquilla de migración del aeropuerto, funcionarios de los cuerpos de seguridalos los interceptaron y separaron del resto de las personas que arribaban al país en ese momento: “Nos quitaron los pasaportes, nuestros teléfonos celulares y nos llevaron a una sala. Nos hicieron preguntas sobre nuestra estadía en Venezuela. Pasaron dos horas hasta que, sin explicaciones, nos condujeron hasta el mismo avión que nos trajo a Venezuela. Durante ese lapso no nos permitieron usar nuestros teléfonos celulares para comunicarnos. Nuestros pasaportes y el decreto de deportación les fueron entregados al piloto del avión, al que le indicaron que solamente podía devolvernos los documentos de identidad cuando estuviéramos de retorno en Lisboa. Sólamente cuando estuvimos dentro del avión de regreso a Lisboa, me entregaron mi teléfono celular y pude comunicarme con el embajador de Italia en Caracas. Él me dijo que no opusiera resistencia. Todo esto demuestra que el régimen de Maduro no quiere testimonios de lo que está pasando en Venezuela”.

Mediante su cuenta en X, el presidente de la Federación Nacional de la Prensa Italiana, Vittorio di Trapani, reaccionó en contra de la deportación de sus colegas: “El presidente venezolano Maduro no quiere que la prensa internacional libre informe sobre las protestas y las sospechas de fraude tras las elecciones presidenciales. La salida de Marco Bariletti e Ivo Bonato del @Tg1Rai es muy grave”.

El 2 de agosto, el director del portal informativo The Objective Álvaro Nieto fue detenido e incomunicado durante dos horas en el aeropuerto Simón Bolívar, interrogado y finalmente deportado. El periodista informó que los funcionarios que ejecutaron el procedimiento no le explicaron los motivos del mismo. Como no le permitieron usar su teléfono celular, Nieto no pudo comunicarse con las autoridades españolas acreditadas en Venezuela para solicitar asistencia consular.

A su llegada a España Nieto señaló: «Es completamente anormal que a un ciudadano español se le impida el acceso a un país al que tiene derecho a viajar. Entiendo que se me expulsa por mi condición de periodista crítico con Nicolás Maduro, lo cual da buena muestra sobre qué tipo de régimen existe hoy en Venezuela. Espero que el Gobierno español tome nota de lo sucedido».

Otros cinco periodistas que habían logrado ingresar al país también fueron deportados. En estos casos, la expulsión fue precedida por aprehensiones ejecutadas por los cuerpos de seguridad del Estado venezolano.

El dirigente político Juan Pablo Guanipa fue el primero en alertar sobre la arremetida contra Cake Minuesa, enviado especial de OK Diario. Guanipa denunció por su cuenta en X que Minuesa fue detenido por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano en la madrugada del 29 de julio. En ese momento, el periodista español se dirigía al hotel donde se hospedó en Caracas. El Ministerio de Relaciones de Exteriores de España hizo gestiones para la liberación y posterior deportación del periodista de Ok Diario.

El 1 de agosto dos enviados especiales de una agencia internacional de noticias fueron detenidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. IPYS Venezuela verificó que los ejecutores de la medida llegaron armados al hotel donde se hospedaban los dos profesionales de la comunicación en horas de la noche y los trasladaron a la fuerza al aeropuerto Simón Bolívar para ser deportados, como en efecto ocurrió. Ambos comunicadores tenían la acreditación y el visado exigido por las autoridades venezolanas para hacer cobertura del proceso electoral. La agencia internacional de noticias prefirió mantener bajo reserva su identidad y la de los dos periodistas deportados.

El 2 de agosto, el reportero Iván Núñez y el camarógrafo José Luis Tapia, enviados especiales de Televisión Nacional de Chile (TNC), también sufrieron los rigores de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano

Iván Núñez relató que ingresaron a Venezuela vía terrestre desde Colombia y que en la frontera fueron chequeados por las autoridades migratorias venezolanas, quienes constataron que su documentación estaba en orden.

El periodista de TNC precisó que fueron detenidos en un puesto de control militar ubicado en la localidad Chururú, en el estado Barinas y que fueron esposados y trasladados a un centro de reclusión militar en San Cristóbal. Indicó que pasaron la noche y parte de la madrugada en un calabozo con 22 personas detenidas en el contexto de las manifestaciones ciudadanas contra los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral que dieron la victoria a Nicolás Maduro.

Según el periodista, él y el camarógrafo que lo acompañaba fueron interrogados por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), quienes también revisaron exhaustivamente sus teléfonos y sus equipos electrónicos y audiovisuales. Les dijeron que serían imputados por el delito de espionaje, acotó al recordar el momento de mayor tensión.

“Tenían mucha inquietud por los contactos telefónicos”, destacó Núñez y agregó que, en particular, les preguntaban por números telefónicos de dirigentes de la oposición venezolana.

“Antes de entregarnos a Migración Colombia, grabaron un video, pues de lo contrario no nos liberarían. A cada pregunta que me hacían, yo repetía lo mismo: ‘Soy Iván Núñez. Soy periodista. Estoy en completo desacuerdo con que ustedes graben este video’”, recordó el periodista chileno.

La detención y deportación del reportero Iván Núñez y el camarógrafo José Luis Tapia causó la movilización de las autoridades de Chile acreditadas en Venezuela, del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país y del presidente Gabriel Boric. A través de su cuenta en X, el jefe del Estado chileno expresó: “Quien prohíbe a medios serios y profesionales informar sobre la realidad, solo demuestra miedo”.

Las expulsiones de periodistas enviados y enviadas especiales ordenadas por el gobierno venezolano causaron el repudio de organizaciones gremiales. La Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (Adepa) se pronunció contra la expulsión de Jorge Pizarro. Por su parte, el presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, Diego Caicedo, indicó: «Los periodistas están siendo perseguidos, les decomisan los equipos, les detienen. […] A los corresponsales extranjeros los vejan y luego los deportan».

El 13 de agosto, Reporteros sin Fronteras denunció 70 agresiones a comunicadores y comunicadoras sociales en los 15 días posteriores a la elección presidencial del 28 de julio, y calificó las deportaciones como “un claro patrón de hostilidad hacia la prensa extranjera”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un comunicado mediante el cual condenó las prácticas de “terrorismo de Estado” en Venezuela, particularmente en el contexto post electoral, también se refirió a las deportaciones: “La RELE -Relatoría Especial para la Libertad de Expresión- ha recibido información sobre la escalada represiva y los ataques sistemáticos dirigidos contra periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que difunden información de interés público de especial trascendencia en el contexto poselectoral. Desde el 28 de julio, se han registrado aproximadamente 108 casos de vulneraciones a la libertad de expresión, que incluyen la detención arbitraria de periodistas y trabajadores de la prensa bajo acusaciones infundadas de ‘instigación al odio’ y ‘terrorismo’, anulación de pasaportes, el cierre de medios, la confiscación de equipos y la deportación de personal de prensa internacional”.

Las estrategias

Su fenotipo caucásico fue la mayor dificultad para ser inadvertida en Caracas. Tampoco era suficiente que se disfrazara de turista en una ciudad poco visitada por extranjeros. Sin embargo, sí recorrió algunas regiones de Venezuela; no por placer, sino como una medida para despistar a algún funcionario que le podría cerrar el paso por no contar con la acreditación del Minci para hacer cobertura periodística de los comicios del 28 de julio. Cuando arribó a Venezuela su teléfono y su laptop estaban totalmente “limpios”, sin ninguna pista que permitiera identificarla como una periodista enviada especial.

Llegó al país con dos semanas antes del 28 de julio, lo que también le permitiría tomarle el pulso a una sociedad difícil de entender y más difícil de explicar, aún para periodistas especializados en coberturas en el extranjero.

Es una periodista independiente que gestionó recursos económicos específicamente para viajar a Venezuela y dar cobertura periodística a las elecciones presidenciales. Antes de ingresar al país contrastó diversos manuales de seguridad para el ejercicio del periodismo en el extranjero con la información disponible en línea sobre la situación política, económica y social de Venezuela. A partir de allí, hizo un plan que incluyó contactos con organizaciones de su país en Venezuela y la respectiva delegación diplomática acreditada en el país.

Todos sus reportes fueron suscritos con un alias y también resguardó la identidad de ciudadanos y ciudadanas que podrían ser objeto de represalias por compartir con ella informaciones y opiniones. Además, antes de salir del país volvió a hacer limpieza de sus dispositivos móviles para borrar su historial de conexiones durante las tres semanas que estuvo en Venezuela.

Aunque también rubio y con un dejo al hablar que lo delataba como sureño, otro periodista que ingresó a Venezuela sin la acreditación exigida por el Minci también optó por disimular al máximo su trabajo de cobertura de las elecciones presidenciales. El 28 de julio salió a la calle en short y franela y así recorrió los diversos centros de votación de Caracas y, luego, estuvo presente en las manifestaciones multitudinarias en contra de los resultados oficiales que dieron como vencedor de la contienda a Nicolás Maduro. En verdad parecía uno más de los jóvenes venezolanos que salieron a las calles.

Su atención estuvo concentrada en la movilización ciudadana. Cuando estaba en espacios públicos, más que hablar, escuchaba y miraba con detenimiento la movilización ciudadana y, de esa forma, podría describir y narrar el ánimo de la gente.

Mientras estuvo en Venezuela sus reportes fueron principalmente descriptivos. A partir del 5 de agosto, cuando regresó a su país de origen, podría incluir con más detalles y menos riesgo de represalias los testimonios de las personas con quienes habló; pues sus relatos dan cuenta de que sí habló con muchas personas. Cuando estuvo a buen resguardo, también pudo incorporar elementos de contexto sobre la falta de independencia de los órganos del poder público que enturbiaron las elecciones presidenciales.

Para algunos representantes de la prensa extranjera la cobertura de las elecciones presidenciales en Venezuela implicó un costo en metálico. “El jefe de seguridad de mi periódico también se puso en contacto con una empresa de seguridad internacional para evaluar la situación de seguridad antes de las elecciones”, indicó un periodista europeo.

Tres periodistas extranjeros que compartieron sus experiencias con IPYS Venezuela optaron por no firmar sus reportes periodísticos sobre las incidencias del proceso electoral mientras permanecieron en Venezuela. De esa manera era más difícil identificarlos como autores de los relatos y pudieron informar con más libertad sin correr mayores riesgos.

Igual de prudente debió ser otro periodista que ingresó a Venezuela como turista, pues no pudo solicitar acreditación y visa en el breve plazo que fijaron las autoridades venezolanas. Él se hospedó en un sector del oeste de Caracas, antes identificado como un bastión del oficialismo, pues quería incluir en sus relatos la cotidianidad de las personas que aún apoyan al gobierno de Maduro.

“No fue sencillo hablar con personas chavistas maduristas. Algunos se mostraban hostiles tan pronto les decía que era un periodista extranjero. Los pocos que accedieron a hablarme, primero me hicieron un exhaustivo interrogatorio”, explicó el reportero.

Este periodista tenía, al menos, dos asuntos que atender: la aproximación a las fuentes vivas y la aproximación a los cuerpos de seguridad del Estado. Cuando estuvo en el Liceo Andrés Bello, en el centro de Caracas, tuvo mucho temor al momento de instalar sus equipos para hacer una transmisión en vivo. Optó por ubicarse estratégicamente alejado de los funcionarios del Plan República y camuflarse entre la multitud de votantes, aprovechando que era uno de los centros de votación más concurridos de la capital.

Menos posibilidades de no ser identificada como una enviada especial tendría otra periodista extranjera. En su caso no solo era el aspecto físico o su forma de hablar, sino el acompañamiento de un camarógrafo y la exhibición del logo del medio para el cual trabaja en el micrófono que usó durante la cobertura de los comicios. Ambos tenían la acreditación y el visado exigido por las autoridades venezolanas para cubrir el proceso electoral en Venezuela.

“No queremos escondernos, queremos ser transparentes. Sin embargo, eso tiene un costo: es desconcertante que algunas personas, aunque pocas, debo aclararlo, nos hayan acusado de fascistas. Nos hemos dado cuenta de que son acusaciones sin fundamentos y que las personas que las hacen simplemente repiten la retórica oficialista contra la prensa. Pero también hemos tenido que afrontar emplazamientos poco amables, por decir lo menos, de partidarios de la oposición, que nos reclaman mayor beligerancia. No todas las personas entienden que a los periodistas no nos corresponde tomar partido por uno u otro bando”, indicó la reportera.

Esta reportera y su camarógrafo permanecieron en Venezuela después del 28 de julio y dieron cobertura periodística a las primeras protestas ciudadanas en contra de los resultados oficiales de las elecciones divulgados por las autoridades del Consejo Nacional Electoral que otorgaron la victoria a Nicolás Maduro. El 29 de julio estaban en la avenida Francisco de Miranda, cerca del Centro Lido, hasta donde se propagaron los gases lacrimógenos disparados por los cuerpos de seguridad del Estado contra los manifestantes. Llorosa y vulnerable, la enviada especial preguntaba dónde podía adquirir máscaras antigás y chalecos antibalas. Los podía traer de su país de origen, pero el Minci lo prohibió en forma expresa.

El peligro era latente, sobre todo en la cobertura de manifestaciones ciudadanas que fueron reprimidas por los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Por eso una periodista suramericana se apresuró a comprar, aunque sea, “un casco de bici normal”. Su experiencia en Venezuela reafirmó una convicción: “Es esencial cuidarse en contextos de conflicto”.

Otro periodista europeo, que no contaba con la acreditación y la visa especial exigidas por las autoridades venezolanas, compartió sus estrategias para cubrir las elecciones presidenciales del 28 de julio: “Me comuniqué con un amigo en Caracas y le pedí que fuera mi coartada en caso de que me preguntaran sobre mis motivos para viajar a Venezuela. Estaba dispuesto a decir que lo visitaría como amigo por unos días. También decidí salir del país un día antes de las elecciones para evitar que las autoridades sospecharan que estaba allí para cubrir las elecciones. Completé mi reportaje antes del día de las elecciones y decidimos publicar los artículos el mismo día que volé a casa”.

El impedimento para ingresar a Venezuela fue tempranamente denunciado por la periodista italiana Bárbara Schiavulli. El 14 de julio, mediante su cuenta en Instagram aseguró: “Después de dar el OK (y hacernos comprar vuelos y hoteles), el gobierno venezolano canceló las visas de @radiobullets para seguir las elecciones en Venezuela. No podemos entrar, contar y publicar. Pero esto no significa que quienes quieran silenciar la voz de los venezolanos tendrán éxito. ¿Nos impiden entrar? Podemos ir a la frontera donde hay cientos de miles de refugiados, disidentes y políticos. Y luego ya veremos. Vámonos de todos modos, porque ahora que sabemos que esta historia no debe contarse, lo haremos con aún más determinación”.

Otros percances dan cuenta las “concesiones” que tuvieron que hacer algunos enviados especiales durante su permanencia en Venezuela “Cuando fui a Barinas, hace dos semanas ya, me pararon en una alcabala la Guardia Nacional y revisaron mi celular, mi laptop y mi cuaderno de notas durante aproximadamente 45 minutos. Todo estaba en inglés y no entendían nada. A pesar de que tenía los documentos exigidos por el gobierno venezolano para cubrir las elecciones, insistían en preguntarme por qué estaba recorriendo el país. No fue chévere. En otra alcabala de la Guardia Nacional, en Guárico, también me detuvieron. Al notar mi apariencia física y mi acento extranjero, se apresuraron a pedirme 25 dólares para dejarme ir. Los di porque quería salir lo más rápido posible de eso. Tampoco fue chévere”.

El hostigamiento selectivo

La periodista argentina Carolina Amoroso, en un Instagram Live transmitido el 6 de agosto de 2024, relató su experiencia en Venezuela: “El gobierno venezolano me hizo sentir que mi cobertura no había sido de su agrado. Todo el registro de lo que yo hice debe estar en teléfonos de personal de inteligencia, orgánico e inorgánico; personal, incluso uniformado, que me grabó durante toda mi estadía. Luego, de una manera muy explícita y yo diría que hasta agresiva, se me recordó sobre la legislación vigente en Venezuela que impone penas en el marco de la Ley del Odio. Se me eliminó del grupo (de WhatsApp) de los enviados especiales que había armado el Ministerio de Comunicación”. La reportera contaba con la acreditación y la visa exigidas por las autoridades venezolanas.

“Luego me tocó escuchar declaraciones del propio fiscal general del régimen haciendo alusión a medios internacionales que habían estado en el Liceo Andrés Bello y que habían cubierto las marchas que ellos categorizan como marchas terroristas, que son las marchas opositoras. No me podía quedar ni un minuto más de lo que indicaba mi visa”, indicó la periodista que vivió cuatro años en Venezuela y no oculta su especial interés, incluso personal, en lo que ocurre en el país.

“El nivel de asfixia sobre los medios de comunicación, control y censura es total”, considera Carolina Amoroso. “Quienes desde afuera estamos contando lo que pasa en Venezuela no podemos utilizar eufemismos”, agregó en entrevista con Luz Mely Reyes y Xabier Coscojuela, en el espacio Cocuyo Claro y raspao. “A Freddy Superlano lo secuestraron , lo ‘chuparon’, expresó en referencia al término usado por los argentino que no olvidan las detenciones arbitrarias y desapariciones durante las dictaduras militares en el Cono Sur.

Amoroso también afirmó haber recibido un mensaje vía correo electrónico, en el cual se le advertía que a ella le podrían aplicar la llamada Ley contra el odio.

IPYS Venezuela obtuvo copia de una comunicación suscrita por el ministro de Información y Comunicación, Freddy Ñáñez, como la que describe la periodista argentina. Sin embargo, el documento estaba dirigido a la jefa de la corresponsalía de una agencia internacional de noticias.

“En nombre de la República Bolivariana de Venezuela, cumplo con dirigirme a usted con el propósito de notificarle que ha sido considerada Persona No Admisible en nuestro territorio por incumplir con las responsabilidades respecto al ejercicio de la comunicación social establecidos en la Constitución Nacional.

“También es importante hacerle saber a usted que el periodismo que su agencia ejerce en nuestro país violenta lo establecido en la Ley Constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia.

“La agencia de noticias que usted representa, de manera reiterada y sistemática, demuestra un sesgo político en la cobertura de la realidad venezolana que difunde a través de sus productos informativos, vulnerando el derecho de los venezolanos a estar informados oportuna y verazmente”, se insiste en la comunicación suscrita por el ministro Ñáñez el 6 de agosto de 2024.

La persona afectada alertó sobre el hostigamiento en su contra a la representación diplomática en Venezuela, al ministerio de Relaciones Exteriores e, incluso, a la presidencia de su país. El incidente causó una intensa movilización diplomática y le hicieron saber al ministro Ñáñez que una eventual deportación o cualquier otra medida gubernamental contra cualquier integrante de la agencia internacional de noticias en cuestión podría escalar a una disputa internacional con graves consecuencias. Náñez se abstuvo de ejecutar otras acciones más allá del envío de la carta amenazante.

La sensación de persecución experimentada por algunos enviados especiales no siempre pudo ser confirmada, como le ocurrió a un periodista europeo: “En Maturín, durante un acto de campaña de María Corina Machado, se me acercó un señor que hablaba inglés y quería tomarse una foto conmigo. Se presentó como periodista, pero nadie lo reconoció. Me tomó una foto con su teléfono móvil. Luego me di cuenta que debía ser un agente del Sebin”.

The Wall Street Journal también fue objeto de hostigamiento selectivo, específicamente del bloqueo de su sitio web, según verificó la organización Venezuela sin Filtro. El 2 de agosto, pocas horas después de que WSJ publicó un artículo de opinión suscrito por la líder opositora María Corina Machado, el portal informativo fue bloqueado por CANTV, Movistar, Digitel, Inter y NetUno.

Planificación, prevención y responsabilidad

1 Es necesario que antes de su traslado a Venezuela los y las representantes de prensa extranjera planifiquen, con el mayor nivel de detalles posible, la cobertura periodística que se proponen realizar en el país.

2 El acatamiento de las normas establecidas por las autoridades venezolanas para el ingreso al país y el desarrollo de labores periodísticas es una ventaja, a pesar de lo limitantes que sean. Sin la acreditación y el visado especial exigido los riesgos son mayores y esa fue la situación de los y las periodistas que ingresaron al país como turistas, pues tuvieron que ser especiales esfuerzos por pasar inadvertidos.

3 El análisis del contexto político e institucional venezolano, suficientemente nutrido por otras personas periodistas y especialistas venezolanas, marca la diferencia entre una cobertura segura y una cobertura riesgosa por parte de la prensa extranjera.

4 A efectos de una exhaustiva evaluación de riesgos, es pertinente considerar aspectos estructurales y coyunturales del funcionamiento de la sociedad venezolana que estén implicados en las situaciones que la prensa extranjera vaya a abordar mediante una cobertura presencial en Venezuela.

5 Es conveniente y útil que los enviados y enviadas especiales conozcan el alcance de la legislación vigente en Venezuela, sobre todo de las leyes restrictivas de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública.

6 La asistencia consular es una importantísima garantía de seguridad personal para los representantes de la prensa extranjera que se propongan hacer cobertura periodística en Venezuela. Es recomendable que la comunicación con la delegación diplomática del país en cuestión se establezca con suficiente antelación al ingreso a Venezuela y puede ser útil confiarles el alcance del trabajo que tienen previsto realizar: temas, lugares, fuentes a consultar.

7 La seguridad digital es clave para que los y las periodistas representantes de la prensa extranjera mantengan comunicaciones seguras y no corran el riesgo de ser criminalizados por los contenidos que tengan archivados, reciban o envíen desde sus teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.

8 Las organizaciones no gubernamentales de promoción y defensa de los derechos humanos en Venezuela y, más específicamente, las dedicadas a la protección de periodistas, pueden ofrecer asesoría y acompañamiento a la prensa extranjera para reforzar medidas de seguridad física, sanitaria, digital, legal y psicosocial.

9 Los manuales de seguridad como “Periodistas a buen resguardo”, elaborado por IPYS Venezuela, son útiles para mitigar los riesgos de la cobertura de eventos en Venezuela por parte de la prensa extranjera.

El aprendizaje

Haber estado en Venezuela y hacer periodismo en el país antes de las elecciones presidenciales de 2024 fue una ventaja para varias personas de medios internacionales, pues el conocimiento de la situación política e institucional fueron determinantes al momento de planificar su trabajo.

“Antes de llegar a Venezuela, entré en contacto con la embajada de mi país Caracas para informales de mi viaje a Venezuela y, en grandes líneas, de los reportajes que quería hacer. También avisé a muchos contactos que tenía en Venezuela para asegurarme de lo que era posible hacer debido a la situación”.

Este periodista contaba con la acreditación emitida por las autoridades venezolanas para hacer cobertura periodística del proceso electoral: “aunque la visa fue enviada solamente apenas una semana antes de mi viaje, lo cual me que generó un poco de estrés; quería mucho venir para cubrir la elección y no podía confirmar mi boleto de avión sin tener la visa”.

“Solamente me quedé con personas de confianza que ya conocía antes de regresar a Venezuela. Cuando empezaron las marchas después de la elección, llamé a otra corresponsal de mi país, quien tenía equipos de seguridad, para asegurarme que podía seguir trabajando sin tomar demasiados riesgos. Entre las cosas que aprendí están nuevas maneras de proteger mis contactos en las redes sociales”, comentó.

El testimonio de la periodista de CNN, Alejandra Oraa, publicado en su cuenta en Instagram el 14 de agosto es revelador y, por ello, transcribimos algunas de sus reflexiones:

“Como periodista, he cubierto algunas elecciones presidenciales en Venezuela que han sido denunciadas como falsas por miembros de la oposición y algunos observadores internacionales. Pero esta elección presidencial se sintió diferente para mí, porque por primera vez la cubrí desde mi país natal. Me fui un año después de que Chávez asumiera el poder, así que mi comprensión de la cultura y vida diaria del venezolana ha sido formada prácticamente desde la distancia. Quizás por esto me sentí como una periodista extranjera en mi propio país”

“Me enfrenté a una nueva realidad –continúa la periodista de CNN–. En Venezuela, acceder a la información libremente requiere un VPN. Durante cinco días cada intento de leer noticias locales en línea, en portales como El Nacional, El Pitazo o Runrunes, se vio frustrado por la misma censura del Internet. Incluso visitar un puesto de periódicos sólo daba lugar para periódicos deportivos. Para mantenerme informada tuve que recurrir a las redes sociales y también a un VPN. Como periodista la limitación fue frustrante. Solo podía imaginarme todos los esfuerzos que tenían que hacer los venezolanos solamente para mantenerse informados.

“Pero para mí lo más difícil fue reportar con veracidad y precisión lo que pasaba mientras salvaguardábamos la posibilidad de seguir haciéndolo. Era un balance muy delicado. A menudo era consciente de las malas interpretaciones y cuáles podrían ser sus consecuencias”, enfatiza Alejandra Oraa.

“…regresar a Venezuela me hizo reflexionar sobre la importancia de la libertad de prensa y los peligros que tienen los periodistas que viven y reportan desde regímenes represivos. Y ahora desde la comunidad de mi escritorio de ancla en Estados Unidos, regreso para contar las historias de esas personas que no pueden hablar libremente, con el coraje de quienes protestan a pesar de los peligros y con la esperanza de que un día los venezolanos vuelvan a sentir que viven en una democracia plenamente funcional. Esta experiencia no solo me ha formado como periodista; reafirmó mi compromiso de contar historias”, concluye la periodista de CNN.

Con su testimonio, Alejandra Oraa, honra a todas las personas periodistas que hacen periodismo en Venezuela, lo cual incluye a las corresponsales de la prensa extranjera basados en el país, entre ellas sus colegas de CNN, que a diario enfrentan el riesgo de sufrir represalias por informar “con veracidad y precisión”. Justamente, por eso, IPYS Venezuela mantiene bajo reserva la identidad de las personas que contribuyeron con la elaboración de este reporte.