En un fallo reciente, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la solicitud de la administración de Joe Biden para restablecer temporalmente su plan de reducción de pagos de deudas estudiantiles, conocido como el plan Saving on a Valuable Education (SAVE).
Por El Tiempo
Tal como detalló News Channel 8, este plan tenía como objetivo reducir los pagos mensuales de millones de prestatarios. La apelación de emergencia del Departamento de Justicia buscaba que la Corte Suprema revocara un fallo de un tribunal inferior que actualmente impide la implementación del plan de Biden mientras continúa un desafío legal en curso.
La orden de la Corte Suprema no constituye un fallo definitivo, lo que significa que la legalidad del plan podría eventualmente regresar al tribunal para una evaluación más exhaustiva.
Por el momento, la decisión de la Corte representa un obstáculo para la administración de Biden en su intento de implementar el plan SAVE. El portavoz de la Casa Blanca, Angelo Fernández Hernández, declaró que la administración continuará defendiendo enérgicamente el plan, que ya benefició a más de 8’000.000 de prestatarios, permitiendo a 4’500.000 de ellos tener pagos mensuales de cero dólares.
El plan SAVE aumentó el monto del ingreso protegido de los pagos de préstamos al 225 por ciento del nivel de pobreza federal y evitó la acumulación de intereses no pagados. En su segunda fase, que debía comenzar en julio, tenía como objetivo reducir los pagos mensuales del 10 al 5 por ciento del ingreso discrecional del prestatario y acortar el período de amortización a 10 años para ciertos prestatarios, tras lo cual el saldo restante sería perdonado.
Las oposiciones republicanas a la medida de Joe Biden sobre los pagos de deudas estudiantiles
Hay dos grupos de fiscales generales republicanos de varios estados, quienes argumentan que Biden no tiene la autoridad legal para implementar el SAVE y desafían su intento de hacerlo, tal como destacó News Channel 8.
Según ellos, el plan contraviene la decisión de la Corte Suprema del año pasado que anuló un programa anterior de alivio de la deuda estudiantil del presidente. En los documentos presentados ante el tribunal, uno de los grupos de estados describió el plan como un “intento unilateral de cancelar la deuda” que es “tan ilegal como el esfuerzo anterior que esta Corte rechazó”.
Ambas demandas llegaron a la Corte Suprema recientemente después de fallos contradictorios en tribunales inferiores. Un fallo del Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito había levantado temporalmente el bloqueo del plan a petición del Departamento de Justicia, mientras que el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito detuvo efectivamente todo el plan en respuesta a otra demanda encabezada por Misuri y otros seis estados.
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