Luego de que la oposición denunciara fraude y reclamara el triunfo de Edmundo González Urrutia en las urnas, se desataron protestas en todo el país que derivaron en una inmediata actuación de los cuerpos de seguridad del Estado y hoy se contabilizan más de 2.500 detenidos.
Por Daniella Zambrano | France24
La aprehensión de la reportera gráfica Deysi Peña el pasado 2 de agosto, acusada de terrorismo e instigación al odio tras publicar imágenes de una protesta en Carrizal, y la detención de dos camarógrafos del canal VPITV en el estado Trujillo, encendieron nuevamente las alarmas en el gremio.
El reporte de decenas de ciudadanos detenidos tras aparecer en videos de Instagram o Tik Tok protestando en contra del gobierno, generaron un profundo temor de declarar ante los medios de comunicación o emitir opiniones respecto al panorama político del país en las redes sociales.
Las denuncias de censura y autocensura han venido ganando terreno ante la amenaza latente de una posible detención por alguna publicación.
El caso más reciente se registró el pasado 25 de agosto, cuando cuerpos de seguridad detuvieron a la periodista de farándula Carmela Longo junto a su hijo. Extraoficialmente se conoció que fue detenida al ser erróneamente vinculada a una cuenta de X dedicada a destapar negocios turbios de personalidades vinculadas al gobierno y funcionarios públicos. Al día siguiente, Longo fue liberada con prohibición de salida del país, presentación periódica ante tribunales y prohibición de declarar sobre su caso. Para el gremio fue más que una advertencia.
Paúl León, protagonista de su propia historia
“¡Somos prensa!, ¡somos prensa!”. Los gritos desesperados de Paúl León, cuenta su novia, no hicieron la diferencia.
La mañana del pasado 30 de julio Paúl León fue detenido mientras iniciaba la cobertura de una concentración de la oposición en Valera, estado Trujillo, en rechazo a los resultados anunciados por el CNE que dieron como ganador a Nicolás Maduro.
Pese a identificarse como camarógrafo de un medio digital, fue llevado a la comisaría y lo que se pensó sería un procedimiento de unas horas aún no ha terminado. Han pasado más de 30 días y sus familiares todavía piden explicaciones sobre su detención.
La trayectoria de Paúl en los medios de comunicación ha transcurrido entre cabinas de grabación y campos de fútbol, su especialización es la deportiva, pero una oportunidad de un puesto vacante en un medio digital lo llevó a cubrir, por primera vez en sus 26 años de edad, la situación convulsa del país tras una elección presidencial, siendo, ahora él, protagonista de su historia.
“Los primeros 8 días no tuvimos comunicación con él. Pudimos verlo en la Hoyada, Carvajal, (un segundo centro de detención al que fue trasladado). Compartía celda con un médico egresado de la Universidad de los Andes en diciembre, con un profesor universitario, con un abogado y hasta con un pastor. Fueron días muy duros”, cuenta a France 24 su novia, quien por temor prefiere mantenerse en el anonimato.
“Han sido tantos sentimientos. Al principio, zozobra. Lo que más duele es que Paúl no se quería ir del país. Estaba firme con seguir en Venezuela. Yo tenía planes de irme en diciembre, pero a raíz de esto pues… Una de las veces que nos vimos me dijo que no me fuera sin él”, cuenta Regina* con la voz entrecortada. “En la segunda carta que nos envió desde prisión escribió que agradecía a Dios que hubiese sido él y no yo”… Regina también es periodista.
Para la familia de Paúl las últimas 72 horas han sido un calvario. La noche del pasado 25 de agosto, fue trasladado sin previa notificación a sus familiares. Se enteraron cuando le llevaban la cena. Allí les entregaron sus pertenencias y les contaron que había sido trasladado en uniforme azul (sin notificar a dónde) y con la cabeza rapada. Ante la angustia, sus padres tomaron un autobús y viajaron más de 600 kilómetros a la capital en busca de información, pues es en Caracas, donde un tribunal con competencia en terrorismo lleva la causa de su hijo.
Cuatro días después aún desconocen su paradero. Intuyen que podría estar en Tocuyito, un penal de máxima seguridad en el estado Carabobo, pues el propio presidente Nicolás Maduro anunció que más de 2.500 detenidos serían internados en dos cárceles recientemente remodeladas para tal fin.
Paúl no es el único trabajador de la prensa tras las rejas en Venezuela. Según el último boletín publicado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), ocho han sido detenidos luego de los comicios presidenciales y otros tres ya habían sido apresados durante la campaña presidencial.
El exilio forzado de periodistas venezolanos
“Hay un toque de queda no decretado que amenaza con desarticular al periodismo en el país”, declaró el pasado 27 de agosto Marco Ruiz, secretario general del SNTP, en una entrevista a un medio digital. Comentó además que hay periodistas que han tenido que salir caminando por la frontera “para huir de la represión y persecución por parte de las autoridades”.
Es el caso de la periodista María del Rosario Rojas, mejor conocida como Charito Rojas, con una trayectoria de más de 45 años en medios de comunicación de los cuales 35 ha ejercido además como concesionaria y locutora en la industria de la radiodifusión venezolana. Decía con firmeza que nunca se iría del país, hasta que vio circular por redes sociales una orden de captura en su contra que la hizo cambiar radicalmente de opinión. De manera intempestiva debió cruzar la frontera para conservar su libertad, dejando todo atrás. “Esa noche fue terrible. Tomar esa decisión de salir de mi casa, de mi vida, de mi trabajo, de mi país, de mi hogar. Una salida donde te sientes amenazada y en peligro. Me fui sola, y después de una larga travesía, llegué a Estados Unidos”.
Durante 17 años Charito fue columnista del diario Notitarde, que en 2008 llegó a ser el segundo de mayor circulación de la Nación. “Cada columna que escribí era un hito de la degradación que sufría el país, que comenzó a agravarse con la Ley Resorte (una normativa que imponía limitaciones a los medios de comunicación) y con el cierre de RCTV (el canal de mayor audiencia y con más de 50 años de trayectoria en la televisión venezolana)”.
También estuvo 35 años como locutora y concesionaria de distintas emisoras en el estado Carabobo hasta que en 2022 la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (CONATEL) cerró la emisora en la que trabajaba en el momento, Onda 100.9 FM.
Denunció que durante años recibió multas por parte de CONATEL, llamados de advertencias y amenazas directas e indirectas de personas con poder político. “Seleccionábamos con pinza los entrevistados y pasamos por la vergüenza de la autocensura. No podíamos decir tal o cual palabra. El ejercicio del periodismo se tornó muy difícil. Hacer la producción del programa era como un parto”, cuenta ahora desde el exilio.
“El periodismo libre se acabó en Venezuela (…) Se acabaron los programas de opinión. Respeto profundamente a los periodistas que aún lo intentan. Es dramático”, sentenció.
La censura, en números
Según cifras de la ONG Espacio Público, desde el año 2007 en Venezuela se han cerrado más de 430 medios de comunicación correspondientes a 330 emisoras de radio, 87 medios impresos, 19 canales de televisión y 13 medios digitales.
Aunado a las restricciones y presiones del Ente Nacional de Comunicaciones, la reciente detención de periodistas y profesionales de la información es, a juicio del director de la ONG, Carlos Correa, una política mucho más dura y restrictiva de la circulación de información en Venezuela.
“Muchas personas están siendo detenidas porque le revisaron sus celulares o porque de alguna manera colocaron información en sus redes sociales, pero sin duda el número de periodistas detenidos (11) es muy alto y es producto de una política represiva muy fuerte, que en líneas generales, a excepción de los últimos 2 años, no se había traducido en detenciones a periodistas. Es un mensaje claramente intimidatorio contra el periodista: es una política básicamente estructurada en la construcción del miedo”, declaró a France 24.
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