El gobierno de Luis Lacalle Pou decidió adherirse a una denuncia que en 2018 presentaron seis países —Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú— contra el régimen venezolano de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional.
La determinación de sumarse a esta iniciativa, que por estas horas el canciller Omar Paganini está instrumentando, fue tomada luego de una recomendación que el senador Javier García planteó en la Comisión de Asuntos Internacionales de la cámara alta el pasado 14 de agosto.
García había propuesto un documento base, dirigido al fiscal Karim Khan, que consignaba las “nuevas circunstancias sobre la situación en Venezuela”, que atraviesa una profundización de su crisis política e institucional desde las elecciones del 28 de julio, basado en los informes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU a lo largo de los últimos años.
Así, el texto de García consignó los reportes de asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones políticos ocurridas desde 2020 a la fecha.
“Hay práctica serial de ejecuciones, desapariciones forzadas y torturas sistemáticas”, dijo este senador del Partido Nacional en su cuenta de X, luego de elevar su propuesta.
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