Suficientes los acontecimientos domésticos de un extraordinario calibre, pareciera que no cabe consideración alguna sobre lo que acaece más allá de nuestras fronteras. Incluso, a pesar de las semejanzas de un proceso político, como el mexicano, con el que vivimos y sufrimos desde los inicios del presente siglo.
El partido gobernante que cumplirá con otro período presidencial, asegurada la mayoría del parlamento, ha puesto en marcha una reforma judicial que ha levantado una polvareda. Múltiples las movilizaciones ciudadanas de protesta que la cuestionan, el caso ha generado una decisión judicial de amparo para detener indefinidamente la discusión del respectivo proyecto en la cámara de diputados.
Decisión curiosa, por lo demás, pues, como refiere el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, al comentar la resolución política introducida por el partido oficialista contra los dos jueces que acordaron la medida, ésta afecta un acto intermedio y no el resultado final de la voluntad legislativa (El Universal, México: 03/09/24). Huelga comentar que el asunto tiene un considerable impacto en materia constitucional y, particularmente, en el ámbito del derecho parlamentario.
El presidente López Obrador ha defendido la reforma y atacado a personalidades a las que acusa de percibir una pensión millonaria por años, cuestión que ha negado el reconocido jurista Diego Valadés en los noticieros televisivos internacionales. Valga acotar, autor de una formidable introducción a un libro especializado de Peter Häberle que nos aportó tanta claridad en su momento.
Entonces, hay materia jurídica que ventilar, pero lo importante es que el juego político no desborde los cauces institucionales. Estamos atentos a los eventos mexicanos, deseando que se calmen las aguas con la inauguración del mandato presidencial de Claudia Sheinbaum.