En un año marcado por concesiones, Joe Biden y su equipo privaron al Gobierno de Estados Unidos de sus principales herramientas para presionar a la dictadura de Nicolás Maduro hacia un cambio democrático. Ahora, los republicanos han aprovechado la huida de Edmundo González a Madrid, tras las amenazas del régimen, para acusar a Biden de haber fortalecido al gobierno de Maduro, permitiéndole cometer excesos y violaciones que, según ellos, habrían sido impensables antes de su llegada a la presidencia en 2021.
Por David Alandete / abc.es
Durante largas horas este domingo, la Casa Blanca permaneció en silencio tras la huida de González. Aunque fuera domingo, un desenlace tan crítico en unas elecciones que, hasta hace solo un año, la propia Casa Blanca esperaba que fueran libres, podría haber motivado un comunicado del Consejo de Seguridad Nacional o del Departamento de Estado. Sin embargo, fueron los republicanos, desde la oposición, quienes se apresuraron a condenar, no tanto a la dictadura, sino a Biden y su administración por su gestión de la situación.
El senador Rick Scott, de Florida, afirmó que la Administración Biden/Harris solo ha logrado «mantener a flote la dictadura de Maduro». Añadió: «No han hecho más que apaciguar y empoderar a un régimen genocida en lugar de defender la libertad. El presidente electo Edmundo González ha sido forzado al exilio«.
El reconocimiento de González como «presidente electo» o «presidente encargado», similar al trato que recibió Juan Guaidó en 2019, ha sido un tema de fricción entre la Casa Blanca y los republicanos en el Congreso. El 1 de agosto, Biden reconoció a González como el ganador de las elecciones, pero no dio más pasos, limitándose a solicitar que el régimen permitiera una auditoría electoral. El Centro Carter, una organización independiente que observó el proceso, concluyó que la votación no fue legítima.
Biden ha optado por seguir el consejo de un grupo de veteranos diplomáticos demócratas y lobistas vinculados a intereses petroleros, quienes le han persuadido de que, por el momento, no es oportuno aplicar sanciones generales. Las únicas medidas en consideración, que se anunciarán en breve, son sanciones individuales dirigidas contra el dictador y su círculo más cercano, quienes ya han sido objeto de varias rondas de sanciones superpuestas.
Entre ellos se encuentra el demócrata Tom Shannon, exsubsecretario de Estado, a quien se le atribuye el papel clave en que el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se haya presentado como aparente mediador en Venezuela. La oposición venezolana considera a Zapatero un aliado del régimen, acusándolo de facilitar el lavado de imagen de Maduro ante gobiernos de izquierda y de ser un actor determinante en el desenlace de estos comicios, que Bruselas y Washington han declarado fraudulentos.
La postura de Trump, más dura
Después de las numerosas decisiones unilaterales de la Administración Trump en 2019 y 2020, un período en el que el entonces presidente llegó a sugerir la posibilidad de intervenciones militares, Joe Biden ha preferido dejar las condenas más importantes y decisiones clave en manos de la Organización de Estados Americanos (OEA). El problema es que esta entidad ni siquiera ha logrado un consenso para condenar a Maduro por el robo de las elecciones.
El pasado 1 de agosto, el Consejo Permanente de la OEA sometió a votación una resolución para condenar las acciones del régimen y solicitar un recuento de votos legítimo. Horas antes, la Casa Blanca expresó su confianza en que la OEA lideraría un proceso de auditoría de los comicios. Sin embargo, México boicoteó activamente la resolución, haciendo que fracasara con su ausencia, además de las abstenciones de Brasil y Colombia.
En la OEA, Biden confiaba en coordinar una estrategia con estos gobiernos con el apoyo de México. Sin embargo, estos países ya demostraron con su actuación en el Consejo Permanente que no estaban dispuestos a presionar al régimen venezolano. Los presidentes Lula da Silva y Gustavo Petro evitaron reconocer la victoria de González, lo que terminó por dinamitar cualquier posibilidad de consenso en el continente. En concreto, Lula movilizó a su asesor especial, Celso Amorim, quien viajó a Venezuela pero no consiguió concesión alguna del régimen.
La denuncia de la OEA
Esta falta de acuerdo ha dejado al secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, como una de las pocas voces críticas ante la perpetuación de la dictadura de Maduro. Almagro, en un comunicado este domingo, no solo condenó el exilio forzado de Edmundo González tras las amenazas del régimen venezolano, sino que también resaltó la falta de evidencias de un resultado electoral legítimo en las elecciones del 28 de julio. Añadió que el exilio de González, indiscutible ganador de las elecciones, es una prueba más de las acciones represivas del régimen.
En menos de seis meses la vida de este diplomático ha cambiado radicalmente; su incursión forzada en la política venezolana para liderar la transición hacia la democracia le han llevado a tener que abandonar su país y pedir asilo en España
«Es obviamente condenable y repudiable esta acción del régimen autoritario venezolano», dijo Almagro. «Es decir, todo ha sido conforme se esperaba de ellos. Hace unos días decíamos que era ridículo que se hubieran esperado elecciones libres, justas y transparentes de ese Consejo Nacional Electoral (CNE), como es ridículo esperar justicia de los diferentes actores del sistema de justicia venezolano».
A pesar de que el propio Almagro, conocedor profundo de la realidad venezolana, ya había advertido sobre lo improbable de que el régimen facilitara una transición democrática, la Casa Blanca persistió con sus concesiones sucesivas. En octubre del año pasado, levantó las sanciones sobre el crudo, brindando al régimen una inyección vital de liquidez. Además, a finales de ese mismo año, Biden indultó y repatrió a Alex Saab, quien estaba siendo juzgado por fraude en Florida y es ampliamente considerado como testaferro de Maduro.
Cesiones a Maduro
Liberar a Alex Saab era la principal prioridad de Maduro. Tanto es así que, en 2020, en los últimos días del gobierno de Trump, el dictador envió a Jorge Rodríguez, hoy ministro de Información, a México para reunirse con intermediarios del expresidente y negociar su liberación a cambio de una serie de concesiones de diversa índole. Trump rechazó la propuesta, pero finalmente fue Biden quien cedió.
Tras asegurar la liberación de Saab, Maduro procedió a inhabilitar a María Corina Machado. Luego hizo lo mismo con su sustituta, Corina Yoris. Declaró terminado el diálogo con la oposición auspiciado por Noruega, conocido como el proceso de Barbados. Además, filtró, depuró y censuró a las misiones de observadores independientes, mientras invitaba a simpatizantes como Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos. Bajo su dirección, se sometieron a estricta vigilancia los puntos de votación. Durante el recuento, provocó un apagón del sistema electoral bajo la excusa de un supuesto ciberataque. Esa misma noche, el ejército se pronunció con un tono intimidatorio hacia los opositores. Finalmente, emitió una orden de detención contra González, a quien EE.UU. ha reconocido como el verdadero ganador de las elecciones.