DELMI ÁLVAREZ
El juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena ha rechazado el recurso del expresidente independentista catalán Carles Puigdemont contra la decisión de no aplicarle la ley de amnistía por el delito de malversación de caudales públicos.
En un auto conocido este martes, el juez desestima los recursos de reforma de Puigdemont y de su antiguos colaboradores Lluis Puig y Antoni Comín, que ahora podrán recurrir ante la Sala de Apelaciones del alto tribunal.
También rechaza Llarena los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que habían reclamado aplicar la amnistía a los tres independentistas, huidos al extranjero y procesados en rebeldía en relación con el proceso soberanista ilegal de 2017 de la región autónoma de Cataluña.
Argumenta que la ley deja fuera de la amnistía los delitos de malversación cuando el sujeto actúe con “el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial”, lo que concurre en este caso, según el juez.
Resalta que el delito hubiera entrado en la norma si la Ley hubiera proclamado sin restricciones la amnistía por todos los delitos de malversación cometidos para promover el referéndum inconstitucional de ‘autodeterminación’ de la región de Cataluña o si hubiera limitado la exclusión a casos de un aumento de la riqueza personal.
Sin embargo, aduce que la ley indica que el concepto de enriquecimiento alcanza además a las actuaciones donde se obtenga cualquier ventaja patrimonial personal.
Esto incluye a quien, con cargo a los caudales públicos, obtiene cualquier beneficio que hubiera exigido del pago de una contraprestación dineraria, aunque no aumente materialmente su nivel de riqueza.
Explica el juez que los procesados “decidieron cargar a los fondos públicos aportados por los contribuyentes el coste” del referéndum.
Llarena desestima al mismo tiempo el recurso del partido de extrema derecha Vox, que solicitó que no se aplicase la amnistía tampoco al delito de desobediencia.
Una ley polémica
El 1 de julio pasado, Llarena ya se opuso a que se beneficiasen de la amnistía por malversación y mantuvo la orden de que fueran detenidos en cuanto regresaran a España.
Puigdemont, que había huido a Bélgica en 2017, reapareció públicamente en la ciudad de Barcelona el pasado 8 de agosto, pero finalmente no fue arrestado y marchó de nuevo al extranjero.
La ley de amnistía para los condenados, procesados e investigados judicialmente en relación con el intento ilegal de independencia de Cataluña ha suscitado un acalorado debate mediático y político en España entre la izquierda, en el poder, y la derecha, en la oposición. Ha sido recurrida por el propio Supremo y los gobiernos de varias regiones en el Tribunal Constitucional.
Promovida por los socialistas tras las elecciones generales de julio de 2023, fue pactada con los partidos independentistas catalanes, y en particular Puigdemont, que así podría volver a España libre de culpa.
Fue su exigencia para apoyar la reelección por el Congreso del socialista Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo español, pues carecía de diputados suficientes para ello.
Votaron a favor la izquierda y los nacionalistas e independentistas vascos y catalanes y en contra la oposición de conservadores y de la extrema derecha. EFE