Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, se ejecutó una brutal represión en la que no solo se detuvo a hombres y mujeres adultos, sino también a adolescentes de entre 14 y 17 años. Según registros de organizaciones no gubernamentales, un total de 158 jóvenes fueron detenidos arbitrariamente (130 varones y 28 hembras), lo que pone en evidencia la amplitud de las acciones represivas del régimen de Nicolás Maduro.
Hasta el momento, 86 adolescentes han sido excarcelados, mientras que el resto continúa tras las rejas. De acuerdo con las denuncias de los padres a través de diversos medios de comunicación, al menos ocho de los adolescentes recluidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), conocida como Zona 7 en Caracas, fueron víctimas de abuso sexual, tortura con descargas eléctricas y asfixia.
En la presentación del más reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela, publicado este martes 17 de septiembre, se hizo énfasis en que las detenciones de adolescentes son “un fenómeno, es algo nuevo y extremadamente preocupante”.
Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) compartimos esta preocupación, pues sabemos que estos adolescentes fueron recluidos junto a los adultos, muchos de ellos presos sociales, además de que no han tenido acceso a un abogado de confianza y son acusados de delitos graves como terrorismo.
En ese sentido, nos preguntamos: ¿Saben estos jóvenes qué significa ser un terrorista? La respuesta es No. Estos adolescentes han sido humillados y maltratados, sin comprender cómo acciones como una broma en redes sociales, caminar cerca de una protesta o simplemente expresar su descontento por la situación del país, les han costado su libertad.
Es así como surge una preocupación aún mayor: ¿Cómo se repara el daño psicológico causado a estos jóvenes? Es bien sabido que bajo condiciones de encarcelamiento hay diversos factores que afectan la salud mental, y la exposición a situaciones de riesgo por el colapso del sistema penitenciario en Venezuela agrava sus consecuencias.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia es una etapa crucial para el desarrollo social y emocional, y es vital que los adolescentes cuenten con un entorno protector en su familia, escuela y comunidad.
En tanto, según los psicólogos consultados por el OVP, los adolescentes sometidos a violencia o encarcelamiento pueden desarrollar trastornos mentales como cambios de comportamiento, ataques de pánico, baja autoestima, estrés, ansiedad, depresión, psicosis e incluso llegar al suicidio. Todo esto sin considerar el profundo daño que están causando en algunos detenidos con condiciones especiales como autismo.
El pasado 12 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se pronunció sobre estos hechos y condenó “la persecución política en Venezuela y sus impactos en niñas, niños y adolescentes que ejercen su derecho a manifestarse y participar de las protestas sociales”. Destaca además el derecho de las niñas, niños y adolescentes a una protección especial y reforzada, a no ser privados de su libertad junto a adultos, ni ser expuestos a situaciones de violencia o separación arbitraria de sus familias.
Es un hecho que el daño mental causado a estos 158 adolescentes es profundo e irreversible, y es por ello que desde el OVP exigimos el cese inmediato de estos actos inaceptables que violan los principios más básicos del derecho internacional humanitario. La liberación de estos jóvenes debe ser inmediata y sin restricciones, y el Estado debe reparar integralmente por el daño causado, tanto al detenido arbitrariamente como a sus familiares.
Por último, es importante recordar que el régimen venezolano es responsable no solo por la violación de los derechos humanos de estos jóvenes, sino también por los crímenes de lesa humanidad que puedan derivarse de su inacción. Habrá justicia.