Luis Gonzalo Pérez, videógrafo de María Corina Machado, pasó sus últimas semanas en Venezuela escondido en casas de seguridad de la oposición, porque el régimen de Nicolás Maduro lo declaró como el “periodista número uno” que debía ser capturado por el supuesto delito de terrorismo.
Por SEMANA
Pérez, comunicador de 33 años que recorrió Venezuela junto a Machado, recibió la noticia de que había una orden de captura en su contra de boca de la misma líder, quien le pidió que no saliera más, para proteger su vida.
No bastó con esconderse. Los funcionarios del régimen llegaron a la casa de su mamá, a la de su padre y sus abuelos y hasta al apartamento en Caracas donde vivía, haciéndose pasar por funcionarios de Cantv cuando él ni siquiera tenía teléfono fijo en su casa. Lo tenían rodeado y tuvo que huir en la madrugada del 15 de agosto en una travesía por carretera de 16 horas, en la que solo cargaba a cuestas dos camisas, dos pares de medias y un morral con sus documentos.
Él es uno de los 230 venezolanos que trabajaban en política, en defensa de derechos humanos o periodismo, que han huido a Colombia desde las elecciones porque el régimen los declaró como objetivo policial. Todos ellos ya le pidieron a la Cancillería colombiana que los reconozca como refugiados, pero hasta ahora solo tienen un salvoconducto que les permite residir en ese país de forma regular, mas no trabajar.
Las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes están en alerta porque el Estado colombiano tarda, en promedio, hasta tres años analizando una solicitud de refugio, trámite que es un clamor de protección y asilo que hacen quienes no pueden regresar a su país porque su vida corre peligro.
Hasta inicios de año, solo se habían avalado cerca de 1.400 refugiados desde el inicio de la contingencia migratoria, en 2015, y el número de solicitudes ronda las 64.000, según un derecho de petición que presentó un defensor.
La tardanza para reconocer el estatus de refugiado a los perseguidos políticos no ha sido un problema solo del Gobierno GustavoPetro, pero en su administración esa situación se agrava porque saben que la Casa de Nariño es afín al régimen de Maduro, tan cercana que no ha aceptado el triunfo de Edmundo González en las elecciones del 28 de julio, aun cuando las actas electorales así lo demuestran.
Como Pérez, la defensora de derechos humanos Angélica Ángel huyó buscando protección. En Mérida la abordaban motorizados, tenía que salir a la calle con tres vestimentas de ropa para cambiarse en el día porque la estaban persiguiendo, cuando hizo veeduría en las elecciones del 28 de julio la calificaron de “terrorista” y sujetos uniformados le dijeron que tenían claro que ella era “la alborotadora”.
Pero Angélica solo se dedicó a entrenar a los universitarios que sirvieron como testigos electorales, talleres que daba en medio de reuniones clandestinas que hacían en diferentes puntos de su estado para enseñarles a los estudiantes a votar y a proteger su derecho a participar. Se encontraban a escondidas y debían tener un plan de escape porque llegaban infiltrados a intimidarlos.
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