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Tres palabras en español se han colado recientemente en el léxico estadounidense: Tren de Aragua. Si bien los reportes de la presencia de la banda criminal de origen venezolano en Estados Unidos han ido llegando a cuentagotas desde hace meses, en el último las menciones por parte de republicanos culpando a la política migratoria de la Administración del presidente Joe Biden por la actividad de la pandilla la ha ubicado en el primer plano de la conversación política.
Por Nicholas Dale Leal / elpais.com
Todo con el trasfondo de unas inminentes elecciones presidenciales en las que la inmigración es uno de los asuntos clave. Con incidentes reportados desde Texas a Nueva York y de Florida a Colorado, y los medios afines al Partido Republicano dándole una cobertura intensa —muchas veces exagerada y sin pruebas reales—, el Tren de Aragua, TDA, o sencillamente “la pandilla venezolana”, se ha transformado en el abstracto villano favorito de las voces conservadoras del país. Sin embargo, según la información disponible, las fuerzas de seguridad todavía saben muy poco sobre sus actividades y nivel de organización.
El frenesí en medios y redes por el Tren de Aragua comenzó hace menos de un mes, cuando empezaron a circular imágenes que presuntamente mostraban a miembros de la banda armados con fusiles de asalto forzando su entrada en viviendas de un edificio residencial en Aurora, Colorado. Los titulares de publicaciones y canales más conservadores afirmaban que la pandilla se había “tomado” la localidad que hace parte del área metropolitana de Denver. El expresidente y candidato republicano Donald Trump también hizo eco de la historia en el debate presidencial en el que se enfrentó a Kamala Harris, usando exactamente la misma palabra.
En esos días, en respuesta, la policía local negó que la pandilla venezolana se hubiese hecho con la ciudad, ni siquiera algunos edificios, aunque admitió que sí había presencia de los que sospechaban eran miembros del Tren de Aragua. En Denver, la banda ha sido responsabilizada por la policía de varios casos de robos y asaltos a tiendas de lujo que han dejado cientos de miles de dólares en pérdidas, y hasta un homicidio.
La narrativa que replica el trumpismo encaja perfectamente en la historia más amplia sobre inmigración y criminalidad que cuenta el candidato. El republicano repite una y otra vez ante cualquier micrófono que tenga enfrente que Venezuela —y otros países que van cambiando según el día— está “vaciando sus cárceles y manicomios” y mandando a criminales y enfermos mentales a Estados Unidos. Trump nunca ha proporcionado una prueba al respecto más allá de señalar que la criminalidad ha descendido en Venezuela, y esto se basa en datos sin verificar del régimen de Maduro. Tampoco existe ninguna evidencia externa que respalde sus afirmaciones. Pero la creciente presencia del Tren de Aragua, aunque sea una gota en el mar de la inmigración venezolana reciente, le da cierto sustento, así sea circunstancial, a su alarmismo xenófobo sobre la supuesta relación entre los nuevos migrantes y el crimen.
En julio, la Administración Biden impuso sanciones a la banda, incluyéndola en una lista de organizaciones criminales trasnacionales que incluye a la MS-13 o la Camorra italiana, y ofreciendo una recompensa de 12 millones de dólares por el arresto de sus tres líderes conocidos. Este mes, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, declaró al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera y ordenó al Departamento de Seguridad Pública del Estado crear un grupo de combate para perseguir a la pandilla allí donde se supiera que estaba presente. En la ciudad fronteriza de El Paso un hotel fue clausurado por la persistente actividad criminal. La policía ha dicho que esta aumentó por la presencia del Tren de Aragua, aunque no fueron los únicos responsables nombrados. Y esta misma semana, Abbott anunció un premio de 5.000 dólares para cualquier información que lleve a la detención de miembros de la banda.
Ariana Cubillos (AP)
En el Capitolio también se ha pronunciado el nombre de la banda creada en el penitenciario de Tocorón, en el Estado de Aragua de Venezuela. Once republicanos liderados por el senador Marco Rubio de Florida, el vicepresidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, escribieron una carta hace poco más de una semana dirigida al fiscal general, Merrick Garland, reclamando una estrategia coordinada por parte del Gobierno de Biden para enfrentar a la pandilla. “La débil aplicación de las leyes de inmigración por parte de la Administración permite a las bandas, como el Tren de Aragua, controlar las rutas y explotar a los migrantes”, señalaba la carta.
En ciudades como Chicago o Nueva York, la pandilla ha sido acusada de crímenes como el tráfico sexual —una actividad que practican en casi todo el continente—, tráfico de drogas, agresiones a la policía, robos, extorsiones y, como dicen los senadores republicanos, explotación de migrantes. En un artículo reciente del New York Times que cita fuentes confidenciales de la policía de la ciudad neoyorquina, se narra lo que se sabe de la presencia del Tren de Aragua en la metrópolis que más migrantes ha recibido en los últimos años. Allí, según la policía, la banda se ha enfocado en el robo de celulares, atracos de mercancías de lujo y el tráfico de tusi, una célebre droga sintética rosada.
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