“Por terroristas se van a pudrir en la cárcel”. Estas son las palabras que escuchan repetidamente los 952 presos políticos que se encuentran en el Internado Judicial de Aragua, en Tocorón.
“Los han estado coaccionando para que admitan los hechos, pero ellos están muy claros: nadie puede declararse culpable de un delito que no han cometido y que tampoco tienen pruebas”, expresan los familiares de los detenidos al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Según sus relatos, estas presiones vienen por parte de funcionarios del centro penitenciario, quienes les dicen a los privados de libertad que deben asumir los hechos para rebajar sus penas, de lo contrario la condena puede pasar de 20 años, situación que preocupa y altera a los detenidos.
Una de las irregularidades reportadas al OVP indica que a los privados de libertad ya les habían fijado fecha para la audiencia preliminar, algunas eran después del 15 de octubre, pero las comenzaron adelantar sin notificación y estas las hacen vía telemática desde el mismo penal. Los horarios, según informan los familiares, son inusuales, unas audiencias las inician a medianoche y otras en plena madrugada.
Además a los reclusos los quieren hacer firmar y poner sus huellas en hojas en blanco, supuestamente para indicar que sí tuvieron acompañamiento de un abogado: sin embargo, estas audiencias se llevaron a cabo sin permitir el ingreso de los abogados de confianza y los defensores públicos impuestos no presentaron los documentos enviados por los familiares, tales como las cartas de buena conducta, constancias de estudio, de trabajo, deportivas o informes médicos.
“Solo se quedan callados y no defienden a nuestros familiares quienes son inocentes”. Los familiares han reportado al OVP que los detenidos que les han realizado su audiencia preliminar se negaron a firmar los papeles en blanco y se declararon inocentes, por lo cual los pasaron a juicio.
Humberto Prado, director del OVP, hace un llamado a los familiares ya que entiende que la situación por la que está pasando cada persona detenida, cada madre, esposa y familiar es bastante dura. “Es en este momento es donde deben contar con todo el apoyo familiar y les deben decir que no decaigan, que no admitan los hechos, porque hay mucha gente y organizaciones que están trabajando para que tengan justicia”.
Un vidrio como barrera
Las madres hacen largas colas para ver a sus hijos en la cárcel de Tocorón. Una vez entran al penal registran sus datos, les toman fotografías y los custodios les explican que si lloran o hacen escándalos les suspenderán la visita. Posteriormente pasan a un cubículo de revisión, no las desnudan, pero sí inspeccionan su cabello y las funcionarias hacen una requisa encima de la ropa. Finalmente pasan por un detector de metales.
Las mujeres que van a la visita deben cumplir con el código de vestimenta, igual al de otros penales: ropa interior blanca, franela blanca, blue jeans y sandalias. No les permiten el ingreso de alimentos ni agua, lo único que deben llevar es su cédula de identidad.
Al llegar hasta donde están sus hijos no les pueden dar un abrazo para calmar sus miedos ni tampoco sobar sus manos para demostrarles amor, porque los separa un vidrio. Se comunican a través de un telefóno y solo tienen 10 minutos para hablar.
Durante la visita los vigilan de lado y lado, los funcionarios están pendientes de lo que dicen y recuerdan insistentemente que tienen un minuto menos, situación que genera mucho estrés a los familiares y detenidos.
Las madres encontraron a sus seres queridos bastante delgados y denunciaron que la alimentación no es la adecuada. Comen poca proteína y está en mal estado.
Esto ya se lo esperaban los familiares porque antes de que les permitieran la visita, había un grupo de parientes que pernoctaba en las afueras de Tocorón y escuchaban gritar a los detenidos constantemente que “tenían hambre”. Una madre asegura que los gritos los hacen por unas colmenas y es así cómo se enteraron.
“Este tipo de método para que el familiar pueda visitar a su ser querido constituye un trato inhumano y degradante para este grupo de personas que se encuentran detenidas arbitrariamente y en la historia penitenciaria de Venezuela nunca se había empleado esta práctica. Además es un procedimiento regresivo y no progresivo para las personas privadas de libertad”, expresó Prado.
El OVP sigue documentando denuncias de los parientes y cada una de ellas se llevarán a instancias internacionales. Exigimos que se respeten los derechos humanos de cada uno de los detenidos y que además se respete el derecho a su legítima defensa.
Nota de prensa