La Fiscalía General de Bolivia instruyó activar una alerta migratoria contra Evo Morales y abrir una nueva investigación por supuestos casos de corrupción durante su gestión, tras una denuncia presentada por los ex diputados Amilcar Barrar y Yesenia Yarhuri Albino.
Por Infobae
Los casos a los que refiere la denuncia tienen que ver con el manejo de los recursos de un programa millonario denominado Fondo Indígena y la firma de contratos con la empresa china CAMC cuya representante en Bolivia era una ex novia de Morales, entre otros. Según los ex parlamentarios el daño económico total al Estado sería de 1.000 millones de dólares, cifra que deberá ser corroborada tras una investigación del Ministerio Público.
Esta denuncia se suma a otras que se abrieron en contra del expresidente en las últimas semanas, en un acto que el evismo considera una campaña de lawfare para eliminarlo del escenario político. La acusación que cobró mayor notoriedad es la que lo implica en el presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando era jefe de Estado.
Según documentación que está en poder de la Fiscalía Departamental de Tarija, Evo Morales habría tenido una hija con una menor de edad el año 2016, a la que registraron dos años más tarde en un registro civil de la localidad de Yacuiba, fronteriza con Argentina, y cuya partida de nacimiento constituye la prueba del delito. Al expresidente se lo acusa por trata y estupro, ya la menor tenía 15 años y él 57 cuando ocurrió el presunto embarazo. En la denuncia también se acusa a los padres de la víctima por supuesta complicidad y haberse beneficiado con cargos públicos durante la vinculación del ex presidente con su hija.
Morales fue citado a declarar el pasado jueves ante la comisión de fiscales que lleva la investigación pero no se presentó por lo que la Fiscalía puede emitir una orden de captura.
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