MARCO BELLO (Reuters)
Mientras el candidato presidencial republicano Donald Trump hace campaña para un segundo mandato en la Casa Blanca, el expresidente ha prometido en repetidas ocasiones que aprobará la mayor deportación de inmigrantes indocumentados en la historia de Estados Unidos. Es una amenaza audaz que, según los expertos jurídicos, se debe tomar en serio, a pesar de los importantes desafíos técnicos y logísticos que plantea el expulsar a 11 millones de personas de Estados Unidos.
Por El País
Aunque solo tuviera un éxito relativo, el planteamiento de línea dura de Trump respecto a la inmigración —con su especial interés en la expulsión de inmigrantes que viven en Estados Unidos sin un estatus legal permanente— tiene el potencial de desarraigar innumerables comunidades y familias mediante redadas generalizadas y el internamiento de personas en centros de detención.
Economistas, grupos sindicales y defensores de los inmigrantes aducen que las deportaciones masivas también amenazarían la economía y perturbarían la cadena de distribución de alimentos de Estados Unidos, que depende de muchas maneras de la mano de obra inmigrante.
Las ramificaciones de una operación de expulsiones masivas serían “enormes”, teniendo en cuenta “la participación de los inmigrantes en nuestra fuerza laboral”, señala Amy Liebman, jefa de programas centrados en los trabajadores, el medio ambiente y el clima de la Red de Proveedores de Servicios de Salud para Migrantes (MCN, por sus siglas en inglés), una organización sin ánimo de lucro que aboga por la justicia sanitaria. La inmigración es una de las razones que explica el crecimiento de la fuerza laboral, afirma Liebman, “y luego hay que fijarse en los alimentos, y en las granjas”.
La posibilidad de que se produzcan perturbaciones relacionadas con las deportaciones llega en un momento en que el sistema alimentario de Estados Unidos ya se está viendo afectado por el cambio climático. Las condiciones meteorológicas extremas y los desastres climáticos están perturbando las cadenas de suministro, mientras que las tendencias de calentamiento a más largo plazo afectan a la productividad agrícola. Aunque la inflación se está enfriando, el aumento de los costes sigue siendo un problema para los consumidores de todo el país, y los economistas han descubierto que la mera previsión de condiciones meteorológicas extremas puede provocar un aumento de los precios de los alimentos.
Las deportaciones masivas podrían crear más caos, porque los inmigrantes representan un papel incalculable en el sistema alimentario estadounidense. Cada año, cientos de miles de personas, la inmensa mayoría procedentes de México, obtienen legalmente visados H-2A que les permiten entrar en Estados Unidos como trabajadores agrícolas temporeros y regresar a su país cuando termina la cosecha. Pero las personas que viven en Estados Unidos sin estatus legal también desempeñan un papel crucial en la economía del país: se calcula que, durante la pandemia, 5 millones de trabajadores esenciales no tenían papeles. Y el Centro para el Progreso Estadounidense (CAP, por sus siglas en inglés) ha hallado que casi 1,7 millones de indocumentados trabajan en algún eslabón de la cadena de distribución de alimentos de Estados Unidos.
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