Representantes de los cuentahabientes de la entidad financiera en quiebra se quejaron por la lentitud del proceso adelantado por autoridades de la isla para lograr la devolución de sus depósitos
El Grupo Cartera, perteneciente al banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín, deberá probar que realmente posee los activos que dice tener con el propósito de cumplir con las obligaciones derivadas de la quiebra del Banco del Orinoco NV.
El juez de Curazao, Pieter de Kort, emplazó a los representantes de la entidad financiera, en quiebra desde 2019, para que busquen los respaldos contables de lo que han asegurado durante las audiencias celebradas en presencia de los cuentahabientes y del síndico Michael Gorsira.
Sin embargo, las perspectivas no son halagüeñas, si se toma en cuenta la conclusión del último informe presentado por Gorsira en septiembre. En este documento, el síndico de esta quiebra establece que el grupo de Vargas no ha cumplido con ninguna de los compromisos contenidos en un memorándum de entendimiento suscrito entre las partes en diciembre de 2023.
El último pretexto planteado por los voceros del Banco del Orinoco NV para retrasar el proceso fue de orden político. Según lo reportado por Gorsira, el grupo de Vargas indicó que “como resultado de las elecciones presidenciales venezolanas de finales julio de 2024, no sería posible presentar un acuerdo modificado suficientemente fundamentado”.
Indignación
El juez de Kort fijó un plazo hasta el 11 de octubre para que el Grupo Cartera presentara los recaudos. De lo contrario, no se le concedería el plazo que sus representantes solicitaron para formalizar los mecanismos de pago de lo adeudado a los cuentahabientes. Según el síndico, este monto actualmente supera los 847 millones de dólares.
El Grupo Cartera intenta obtener un lapso adicional, hasta marzo del año entrante. Al conocerse la solicitud, los representantes de los clientes del banco manifestaron su rechazo, pues lo consideran una maniobra dilatoria.
“Nos parece absolutamente irresponsable e irrespetuoso, un insulto, que cinco años después de la quiebra los representantes del concursado, sin haber demostrado los activos, la composición de la cartera, ni cualquier otra información valiosa, soliciten una prórroga del plazo para presentar un nuevo plan de composición”, declaró el abogado Roberto Hung, apoderado legal de más de 70 afectados por la quiebra.
Este litigante exhortó al tribunal para que tome declaración jurada a los representantes del Grupo Cartera en torno a la composición de su portafolio de inversiones.
Igualmente, solicitó una depuración de la lista de afectados por la quiebra, pues en su criterio allí figuran “personas y empresas estrechamente relacionadas con la fallida (BdO), y en las que expresamente figura el Sr. (Víctor) Vargas”.
Fondos en Singapur
Según el presidente de la asociación civil Anauco, Roberto León Parilli, el tribunal curazoleño comisionó al liquidador del AllBank panameño, Rafael Moscarella, para verificar en Singapur la existencia de los bonos que respaldarían las acreencias del Banco del Orinoco NV.
La versión entregada por el Grupo Cartera es que estos papeles suman más de 1,3 millardos de dólares, pero tienen vencimientos variables, por lo que no sería posible hacerlos efectivos al mismo tiempo.
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