“Para simplificarle las cosas al estado de Florida: es la Primera Enmienda, estúpido”.
Por CNN
Eso es lo que escribió un juez federal el jueves al ponerse del lado de las estaciones de televisión locales en una disputa extraordinaria sobre un anuncio de televisión a favor del derecho al aborto.
El juez de distrito Mark E. Walker del Distrito Norte de Florida otorgó una orden de restricción temporal contra el director general de salud de Florida después de que el departamento de salud del estado amenazara con presentar cargos penales contra las emisoras que transmitieran el anuncio.
La controversia surge de un anuncio de campaña del grupo Floridians Protecting Freedom, que está detrás de la “Yes on 4 Campaign”, que promueve una medida electoral que busca revocar la prohibición del aborto a las seis semanas de Florida consagrando el derecho al aborto en la constitución del estado.
En el anuncio de 30 segundos, una sobreviviente de cáncer cerebral llamada Caroline dice que la ley estatal le habría impedido recibir un aborto que le hubiera salvado la vida.
“Los médicos sabían que si no interrumpía mi embarazo, perdería a mi bebé, perdería mi vida y mi hija perdería a su madre”, dice ante la cámara. “Florida ha prohibido ahora los abortos, incluso en casos como el mío”.
El departamento de salud del estado –parte de la administración del gobernador Ron DeSantis, que ha hecho una campaña agresiva contra la enmienda proaborto– dijo que las afirmaciones del anuncio son “falsas” y “peligrosas” para la salud pública.
John Wilson, el asesor general del departamento de salud, envió cartas de cese y desistimiento a varias estaciones de televisión que transmitían el anuncio. Floridians Protecting Freedom presentó luego una demanda contra Wilson y el director de Sanidad del estado, Joseph Ladapo, diciendo que las amenazas equivalían a “coerción inconstitucional y discriminación de puntos de vista” y presionó al tribunal para que prohibiera al estado dar seguimiento a las amenazas de demandar.
El jueves, el juez estuvo de acuerdo en que las amenazas del departamento de salud eran “discriminación de puntos de vista” y escribió que el grupo presentaba “una probabilidad sustancial de demostrar una violación continua de sus derechos de la Primera Enmienda a través de la amenaza de penalización directa de su discurso político”.
La orden del juez, que es válida hasta el 29 de octubre, prohíbe efectivamente a Ladapo intimidar a las estaciones locales por emitir el anuncio de la Enmienda 4.
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