El periodista Eugenio Martínez detalló este viernes las propuestas draconianas presentadas por los miembros del Palacio Federal Legislativo para reformar las leyes electorales en Venezuela.
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“De las 118 propuestas de reformas electoral que discutió la Asamblea Nacional destacan: reformar la Constitución para permitir el financiamiento del estado a los partidos, aumentar las penas por delitos electorales y permitir que se retire la nacionalidad a quienes cometan ilícitos electorales”, resumió Martínez en una publicación en sus redes sociales.
“De las 118 propuestas apenas hay tímidas menciones a la falta de proporcionalidad en la elección de cuerpos deliberantes, al atraso en la actualización del Registro Electoral, en la representación de los venezolanos en el extranjero en la AN, o estrategias para corregir las omisiones del CNE”, apuntó el comunicador y director de Votoscopio.
“En la discusión de la Mesa Técnica de Legislación, coordinada por el excandidato presidencial Luis Martínez (quien logró solo 78 mil votos en las presidenciales) no hay ninguna mención a los eventos del 28 de julio, omisiones del CNE o propuestas de observadores internacionales para corregir problemas en la legislación”, señaló Eugenio Martínez.
En la sesión parlamentaria, Didalco Bolívar propuso que “aquellas organizaciones que no participen en la convocatoria que ha realizado democráticamente el Poder Legislativo, no deben tener derecho de participar en ningún proceso legislativo”.
Un representante de Soluciones (partido de Claudio Fermín) propuso reformar el artículo 67 de la Carta Magna “para permitir el financiamiento de los partidos con fondos del Estado”. También propuso reformar el criterio de representación proporcional que se modificó en 2010.
Tania Díaz (Psuv) propuso reformar los capítulos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) sobre propaganda, para evitar el “dominio hegemónico” de los medios de comunicación y contrarrestar “ataques a la web del CNE”. Además, planteó reformar los artículos 57 y 58 de la Constitución referidos a la libertad de expresión.
Carlos Melo propuso que obligar a votar a todo el que tenga más de tres años sin hacerlo (al menos así se lee en el resumen de la comisión) e impedir la participación en procesos electorales de quienes cometen traición a la patria. El representante de Centrados propuso que “las conductas antirrepublicanas tengan consecuencias, así como las inhabilitaciones para participar en elecciones populares” y permitir que el Estado financie a los partidos.
Carlos Mogollón llamó a evaluar, en base al artículo 130 de la Constitución, cuáles son las acciones que impedirían postularse a cargos de elección popular a “aquellas personas que han buscado hacer daño en el país mediante la violencia política”.
El excandidato presidencial Daniel Ceballos (quien obtuvo solo 18 mil votos) propuso que las instituciones del Estado deben hacer hecho un diagnóstico a profundidad sobre el golpe la institucionalidad y la confianza de los venezolanos en las elecciones a causa de las fake news. Ceballos también planteó vincular el Registro Electoral al Registro Civil (algo que ya existe). Ceballos llamó a legislar en contra de la inocencia digital “que es un término nuevo, los aparatos electrónicos registran el inconsciente y son capaces de manipular la misma conciencia”. Por último, pidió promover el voto digital, crear una identidad digital y legislar sobre los derechos digitales.
Carlos Martínez propuso reformar el artículo 35 de la Constitución para que sea legal retirar la nacionalidad venezolana a los venezolanos por nacimiento que incurran en “delitos contra la patria”. Además, pidió que se permita el financiamiento del Estado a los partidos.
La única propuesta de permitir los derechos políticos de los venezolanos en el exterior la presentó Maximo Sánchez.
La magistrada de la Sala Electoral Fanny Márquez dijo (así se lee en el resumen) que “los ilícitos electorales no están previstos en ninguna ley o normativa, porque los tribunales penales deben actuar en los procesos electorales para tipificarlos”. Márquez insistió en que la ley electoral “debe incorporar una parte referida a la tipificación de los delitos y parte punitiva, además de redactarse una Ley de la Jurisdicción Contencioso Electoral”.
Pedro Carreño (Psuv) propuso crear un Código Orgánico Electoral, que subsume todas las leyes, reglamentos, resoluciones y publicaciones en materia electoral.