La querella que interpuso a finales de julio el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, contra el juez que le citó como testigo en la investigación sobre su mujer, Begoña Gómez, fue inadmitida, anunció este viernes el tribunal de Madrid que la estaba examinando.
Sánchez le reprochaba al juez Juan Carlos Peinado que no hubiera respetado su posición de presidente del gobierno convocándole a declarar en persona, en vez de permitirle hacerlo por escrito, como había solicitado.
El tribunal no aceptó sus argumentos por unanimidad y, en su exposición, uno de los jueces consideró que la querella estaba “desprovista de fundamento”, además de ser “gratuita y arbitraria”. También dijo que “menoscaba seriamente el clima de serenidad”.
Sánchez había sido citado a declarar a finales de julio en el palacio de la Moncloa, residencia oficial del jefe del gobierno español, en la investigación por corrupción y tráfico de influencias abierta contra su esposa.
El líder socialista había exigido días antes declarar por escrito, lo que a su juicio le permitía la ley en tanto que presidente del gobierno. Pero la justicia no consintió y mantuvo su testimonio cara a cara frente al magistrado.
Finalmente, Sánchez, que mantiene la inocencia de su mujer, se acogió ante Peinado a su derecho a no testificar contra Gómez, una garantía que le ofrece la ley.
Días después, Sánchez interpuso una querella contra el juez por “prevaricación”, al igual que también haría su mujer.
“No cabe disociar a una persona y pretender que se le va a preguntar como esposo, cuando lo determinante del objeto de la investigación (…) es la condición de presidente de Gobierno del marido de la investigada”, subrayaba el texto.
Gómez -especialista en captar fondos para fundaciones y oenegés-, es sospechosa de haber aprovechado el cargo de su marido en sus relaciones profesionales, en particular con el empresario Juan Carlos Barrabés.
El juez Peinado abrió la investigación en abril ante una denuncia de un colectivo cercano a la extrema derecha, Manos Limpias, que dijo haberse basado exclusivamente en artículos de prensa.
El magistrado siguió con su investigación pese a dos informes de la Guardia Civil que no hallaron irregularidades y contra la opinión de la Fiscalía, que pidió archivar la causa.
A principios de octubre, la justicia española avaló que continuara la investigación, pero limitó el radio de las pesquisas, lo que implicaba dejar fuera del caso otro de los flancos que afectaba a la empresa Globalia, a la que se le adjudicó un contrato de agencia de viajes para el Estado.
Cuando se conoció el inicio de la causa sobre su esposa a finales de abril, Sánchez anunció sorpresivamente que estaba considerando renunciar. Tras cinco días de reflexión, decidió sin embargo mantenerse en la Moncloa.
AFP