Los días posteriores a las elecciones del 28 de julio que, de acuerdo a las actas del CNE que recopilaron los opositores y ciudadanos, dieron como ganador a Edmundo González Urrutia, se suscitaron protestas tras las denuncias de fraude electoral en el país, dejando un saldo trágico en el estado Aragua de cinco personas fallecidas durante las manifestaciones.
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A pesar de la gravedad de los hechos y del tiempo transcurrido, la Fiscalía General de la República y el sistema judicial no han procesado ni imputado a los responsables, generando un fuerte malestar entre los familiares de las víctimas y la sociedad civil.
Las muertes ocurrieron en diversos puntos de la ciudad de Maracay, siendo la redoma de San Jacinto el epicentro de los enfrentamientos más cruentos. Allí perdieron la vida Jesús Tovar, un barbero de 21 años; Rancés Izarra, ingeniero y trabajador de una charcutería, de 30 años de edad; y Jesús Ramón Medina Perdomo, funcionario público de 56 años. Todos murieron a causa de disparos mientras manifestaban en contra de los resultados emitidos por el CNE.
En otros puntos del estado Aragua también fallecieron Anthony David Moya Mantía, un joven obrero de 21 años, y José Antonio Torres Blanca, sargento primero de la Guardia Nacional. Este último es la única muerte confirmada por las autoridades gubernamentales en el marco de las protestas, mientras que las demás siguen sin respuestas oficiales.
Los familiares de las víctimas, profundamente dolidos, han exigido en repetidas ocasiones justicia para sus seres queridos. “Perdí a mi hijo ese día y todavía nadie nos ha dicho quién fue el responsable”, afirmó la madre de unos de los jóvenes asesinados, con la esperanza de que los responsables enfrenten la ley. Sin embargo, hasta la fecha no se ha emitido ninguna orden de captura ni han avanzado investigaciones por parte del Ministerio Público.
Diversas organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han denunciado estos hechos frente a la impunidad que rodea a los asesinatos. La represión en las manifestaciones de julio ha sido duramente criticada, no solo por las muertes en Aragua, sino también por los numerosos heridos y detenidos en otros estados del país.