Amenazas, escoltas y botones del pánico: la nueva realidad de los trabajadores electorales en Georgia

Amenazas, escoltas y botones del pánico: la nueva realidad de los trabajadores electorales en Georgia

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Mientras Kamala Harris celebraba su 60 cumpleaños cantando alegremente con Stevie Wonder en una megaiglesia baptista y Donald Trump posaba ante las cámaras friendo patatas fritas en un McDonald’s de Pensilvania, los votantes de Georgia, en una batalla cerrada y que tiene muchas probabilidades de terminar en drama, seguían batiendo todos los récords de participación llenando masivamente el pasado domingo los colegios electorales del Estado.

Por El Mundo





Exprimiendo la flexibilidad del ‘voto temprano’, el mecanismo que permite convertir durante unas semanas a templos, polideportivos y centros de mayores en colegios electorales a tiempo parcial para no colapsar el 5 de noviembre un sistema obsoleto, complicadísimo y propenso a los problemas. Y también evitar líos en un ambiente enrarecido y polarizado.

En 2020, Joe Biden se impuso a Trump por apenas 11.779 papeletas de diferencia en Georgia, un 49,47% frente a un 49,24% del total, logrando los valiosísimos 16 votos del colegio electoral, que cuatro años después van a ser una vez más decisivos. Según las medias de encuestas más fiables, el republicano está ahora por delante, unos dos puntos. Pero ambos están virtualmente empatados en los siete ‘battleground states’, los que lo decidirán todo, y en los que están concentrando sus apariciones. Viajaron por ellos la semana pasada y volverán de nuevo ésta, con dos mítines previstos respectivamente el miércoles y el jueves, con Barack Obama de cabeza de cartel del lado demócrata.

Los ojos están sobre todo puestos en los condados de Fulton, el más grande, y el de Cobb, ambos en la periferia de Atlanta, la capital. Todo lo que se diga y que se escriba se queda corto para reflejar la igualdad, pero también la tensión. Georgia fue literalmente el gran campo de batalla hace cuatro años. Aquí es donde Trump intentó dar la vuelta al resultado de las urnas, movilizando a sus abogados, a su gente de confianza, para que intentaran que las autoridades electorales no certificaran los resultados. Para evitar que los votos de ciertos condados sumaran. Para que aparecieran los menos de 12.000 que le hacían falta para seguir en la Casa Blanca.

Eso le costó el puesto, el trabajo y unas penas multimillonarias a su entorno, empezando por la abogada Sidney Powell (que pactó con la Fiscalía para evitar la prisión) y siguiendo por el ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani, condenado a pagar 148 millones de dólares a una madre y una hija, Ruby Freeman y Wandrea Moss, trabajadoras de la junta electoral por difamación y por las amenazas de muerte sufridas desde entonces por fanáticos trumpistas. Y está en el corazón del caso que el fiscal especial Jack Smith está construyendo contra el multimillonario.

Este año vuelve a serlo. Los republicanos, que se han hecho con el control de la junta electoral estatal y tienen también a uno de los suyos como gobernador, han cambiado decenas se regulaciones para dificultar el voto por correo, para intentar frenar la certificación de resultados e incluso para poder llevar a los tribunales un recuento si alguien tiene una ligera sospecha de que algo no está en regla, retrasando el recuento con la esperanza, según sus críticos, de llevarse el estado si está muy apretado. Un juez federal bloqueó la semana pasada buena parte de esas medidas, pero la pelea acaba de empezar.

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