El papel de los tribunales y del Ministerio Público (MP) en la comisión de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela es algo que la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela (MIIDHV) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha denunciado sistemáticamente en sus informes. Sin embargo, los jueces y fiscales no son los únicos que han participado en la perpetración de dichos crímenes, en especial tras las elecciones presidenciales del 28 de julio; otros funcionarios que también han estado involucrados son los defensores públicos.
El señalamiento lo realizó la instancia en el informe que este 15 de octubre presentó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en el cual reveló —aclarando que ya había sido denunciado en informes anteriores— que la Defensa Pública no cumple “con su obligación de otorgar una defensa técnica diligente y efectiva, ya sea por falta de medios, temor a represalias o desinterés», una situación que «deja a las personas detenidas y procesadas en un grave estado de indefensión y desprotección ante los actos arbitrarios de representantes del Ministerio Público y de los propios jueces”.
La Defensa Pública es el organismo que tiene como “propósito fundamental garantizar la tutela judicial efectiva del derecho constitucional a la defensa en las diversas áreas de su competencia”. Esto estipula el artículo 2 de la ley que la regula. Palabras más, palabras menos, esta es la entidad responsable de garantizarles un abogado a los venezolanos que tienen cuentas con la justicia o que atraviesan algún proceso judicial de cualquier naturaleza y que no poseen recursos económicos para pagar una defensa privada.
Este reporte de la MIIDHV abarca todo el período previo e inmediatamente posterior a las elecciones, específicamente desde 1 de septiembre de 2023 hasta el 31 de agosto del presente, para lo cual la instancia de la ONU realizó 383 entrevistas remotas o en persona y recibió 400 comunicaciones.
De mal en peor
En su informe, de 185 páginas de extensión, la instancia, integrada por la portuguesa Marta Valiñas, el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá Valdez, denunció que la tendencia de las autoridades a negarles a los venezolanos que están siendo procesados penalmente, en particular aquellos que son percibidos como opositores, críticos o disidentes, la posibilidad de designar un abogado de su confianza, y en su lugar nombrarles defensores públicos, se ha agudizado tras las presidenciales del 28 de julio.
“En la casi totalidad de los casos investigados y documentados por la Misión, las personas procesadas no han podido designar un abogado de confianza y les han sido impuestos defensores públicos, es decir, funcionarios del propio Estado”, se lee en el reporte.
Algunos de los casos que la MIIDHV usó como ejemplo de esta práctica fueron los de los dirigentes políticos María Oropeza, Freddy Superlano y Williams Dávila; del abogado Perkins Rocha; del periodista Roland Carreño o los más de 158 adolescentes aprehendidos luego de la ola de protestas después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declarara a Nicolás Maduro vencedor de los comicios, sin presentar los resultados desglosados mesa por mesa.
La Misión denunció que las autoridades han impedido directamente a organizaciones como Foro Penal, Espacio Público o la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan), por mencionar algunas, asumir la representación de algunos de los detenidos, sin importar que hayan sido autorizados por sus familiares.
El comportamiento de las autoridades representa una clara violación a lo previsto en los artículos 44 y 49 de la Constitución de 1999.
Atados de pies y manos
¿Cuál es la consecuencia práctica de la imposición de defensores públicos? Esto dijo la MIIDHV:
“La acción directa y consciente de las autoridades judiciales y penitenciarias de no permitir la designación de abogados de confianza por parte de las personas detenidas es uno de los mayores obstáculos para que estas puedan ejercer su derecho a una defensa técnica eficaz”.
Para sustentar su señalamiento, la instancia citó el caso de los oficiales Enrique y Henry César Siero, Diana Victoria Justo y Carlos Sánchez Vásquez, detenidos a finales de 2023 por su presunta participación en una trama conspirativa. En su reporte, la MIIDHV denunció que durante la audiencia en la que se decidió enjuiciar a los uniformados, dos de ellos hermanos de la exmagistrada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Bárbara César Siero, “los defensores públicos asignados a los acusados no promovieron acciones a favor de sus defendidos”.
También expuso el caso de un adolescente detenido junto a su padre el 29 de julio, cuyos familiares le aseguraron que «no tienen comunicación» con sus supuestos representantes legales. Asimismo, mencionó el caso del exdiputado Williams Dávila, cuyos parientes y abogados no han sido recibidos por el defensor público que tiene su caso.
Obedecer o cárcel
La Misión aseveró que la actuación —o mejor dicho, la inacción— de los defensores públicos no son hechos aislados, sino que forman parte de una política. “Según fuentes consultadas (…), los defensores públicos han recibido la instrucción expresa de no realizar ningún acto procesal en favor de sus defendidos”, se lee en el informe, en el cual también se advierte que el incumplimiento de las órdenes se paga caro.
El organismo recordó los casos de las abogadas Maglen Marin Rodríguez, Rosa Mota y Anny Spin, quienes fueron encarceladas tras ser destituidas de sus cargos como fiscales de Anzoátegui y Apure, y jueza de Trujillo, respectivamente, por negarse enviar a prisión a manifestantes.
Aunque en 2022 se iniciaron los concursos de oposición en la Defensa Pública, el grueso de los más de 700 defensores públicos son provisorios; es decir, que pueden ser destituidos en cualquier momento por su superior jerárquico, el defensor público general, Daniel Ramírez, sin ningún tipo de procedimiento que les garantice el debido proceso.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
El papel que viene desempeñando la Defensa Pública está muy alejado de lo que establece la Constitución y su ley, e implica un riesgo para los ciudadanos, porque los deja sin posibilidades de demostrar su inocencia en cualquier proceso penal y los pone a merced de las policías, jueces y fiscales. La alineación del organismo con las autoridades daña seriamente la imagen de la institución, que para 2011 representaba a 8 de cada 10 personas que estaban en una cárcel esperando un juicio o que ya habían sido condenadas.
El informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos corrobora el rol del sistema de justicia venezolano en la represión contra la oposición y la disidencia y en la consolidación del actual clima de miedo que se ha instalado dentro de la sociedad venezolana.
También reitera que las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el país fueron el resultado del funcionamiento consciente y planificado de una maquinaria represora que no hace más que perfeccionarse.
NDP