La presidenta Dina Boluarte anunció que el Poder Ejecutivo trabajará junto a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) para hacer un “seguimiento financiero” a las remesas que envían los ciudadanos venezolanos residentes en Perú.
Por Infobae
Especialistas calificaron esta y otras medidas que compartió la mandataria, como supervisar contratos labores y de alquiler, como discriminatorias.
“Se le va a exigir a cada venezolano que supuestamente trabaja de manera lícita que presente su contrato de trabajo y de alquiler. Haremos un seguimiento en el sistema financiero, a las divisas y remesas que se envían fuera del país para ver de dónde generan ingresos”, manifestó la jefa de Estado.
Medidas es inconstitucional
De acuerdo con el abogado penalista Jorge Zuñiga, esta propuesta es inconstitucional. En diálogo con el portal LP Pasión por el Derecho, indicó que vigilar el movimiento financiero de un ciudadano afecta su derecho al secreto bancario, al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad. Además, afectaría el derecho a la intimidad y la inviolabilidad bancaria.
“El delincuente de nacionalidad extranjera que delinque no es un delincuente que tenga un contrato de alquiler ni una persona que tenga un trabajo, es alguien que carece de esas características”, dijo al medio especializado.
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