La Fiscalía de Querétaro, México, ha decidido desistir de la acusación por homicidio y retirar todos los cargos contra una víctima de violación de 14 años que tuvo un aborto y contra la que pesaba una pena de tres años de cárcel. Así lo han comunicado de manera conjunta la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, y el fiscal de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández. “Hay que seguir abonando a una realidad de justicia e igualdad para prevenir las violencia hacia las mujeres y las niñas”, ha señalado la secretaria. El fiscal ha asegurado que se llevará a cabo una investigación interna por parte de la contraloría para evaluar el actuar de los funcionarios que estuvieron a cargo de la investigación. Con este cambio de situación jurídica, la niña dejará de estar en arraigo domiciliario.
Por Almudena Barragán | EL PAÍS
“Es lo que tenía que pasar”, señala Mayra Dávila, abogada de la niña e integrante de la organización Adax Digitales. “Ojalá que no se vuelva a repetir, que no se vuelva a criminalizar a las niñas como Esmeralda nunca más y que las fiscalías investiguen de manera correcta”, agrega la abogada en declaraciones a este diario. El caso de la menor ha indignado a buena parte de la sociedad mexicana por ser un retrato de la desigualdad que enfrentan las mujeres más pobres en el país. Una desigualdad que se ceba con las niñas, víctimas de abuso sexual en el seno familiar.
Se estima que el 90% de los abusos sexuales contra niñas en México son cometidos por familiares o personas allegadas a la familia. “El caso devela violencias estructurales que a todos nos toca combatir”, ha señalado la secretaria de las mujeres, quien ha asegurado que se dará una atención integral a la niña por parte del Gobierno federal, el DIF, la Secretaría de Salud y la del Bienestar.
De acuerdo a la denuncia presentada en la Fiscalía, Esmeralda fue violada a manos de un familiar tres años mayor que ella. Ocho meses después tuvo un aborto espontáneo, acudió al hospital y fue denunciada por el personal de Salud. La legislación en la mayoría de los Estados establece que médicos y enfermeras, por protocolo, deben dar aviso a las autoridades ante estos casos. La Fiscalía local inició una investigación por el delito de aborto que más tarde reclasificó como homicidio doloso. La dependencia pedía para la menor tres años de cárcel y una compensación económica a su presunto violador por medio millón de pesos, aunque la familia denunció la violación hace un año.
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