Las autoridades de las ciudades fronterizas de Arizona tienen un nuevo mandato de inmigración, y se están preparando para hacerlo cumplir, pero también advierten que necesitan más fondos para lo que tradicionalmente ha sido una responsabilidad federal.
CNN proyectó que se aprobará la Proposición 314, que obtuvo un 63% de apoyo hasta el jueves. La propuesta permite a las fuerzas de seguridad locales y estatales de Arizona detener a inmigrantes y penalizar los cruces no autorizados en cualquier lugar que no sea un puerto de entrada oficial. En resumen, convierte las infracciones a la ley de inmigración en un delito estatal, en lugar de ser solo un delito federal.
También aumenta el castigo por la venta de fentanilo que resulte en la muerte de una persona.
Emmanuel Botello, teniente de la Policía de San Luis, dijo a KTVK/KPHO, afiliada de CNN, que para hacer cumplir el mandato se necesitarán más fondos federales.
“No estamos apuntando particularmente a enviar unidades por ahí que tengan como objetivo o busquen específicamente a ilegales”, dijo Botello. “Vamos a seguir dando prioridad a la protección de la vida, la protección de la propiedad de nuestros residentes, seguirán estando al tope de nuestras prioridades”.
La medida añade otra dimensión al largo debate sobre la seguridad fronteriza en un estado que comparte casi 600 km de frontera con México.
Sus defensores afirman que la medida frenaría la inmigración ilegal y reduciría la delincuencia perpetrada por inmigrantes, interviniendo donde el Gobierno federal ha fracasado. Por su parte, los detractores sostienen que la medida daría lugar a la singularización racial y a actuaciones policiales ilegales, resultaría costosa para el estado y sobrecargaría los recursos de las fuerzas del orden.
La propuesta es similar a la controvertida ley de inmigración de Texas conocida como SB 4, cuya entrada en vigor ha sido bloqueada mientras se resuelve un recurso judicial en los tribunales.