Cuando Donald Trump tomó posesión de su cargo en 2017, emitió inmediatamente una provocadora orden ejecutiva que prohibía viajar desde países de mayoría musulmana y que provocó caos, confusión y un aluvión de demandas que acabaron en la Corte Suprema.
De ganar en las elecciones en noviembre (como se ha proyectado que lo ha hecho), había prometido seguir un curso similar en otra polémica propuesta política: poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.
En mayo del año pasado, Trump publicó un video de campaña en el que renovaba su llamamiento a poner fin a este antiguo derecho constitucional, afirmando que firmaría una orden ejecutiva el primer día de su presidencia que garantizaría que los niños nacidos de padres sin estatus legal en Estados Unidos no serían considerados ciudadanos estadounidenses.
“Estados Unidos es uno de los únicos países del mundo que dice que incluso si ninguno de los padres es ciudadano o está legalmente en el país, sus futuros hijos son automáticamente ciudadanos en el momento en que los padres entran en nuestro suelo”, dijo Trump en el video.
Desde hace tiempo se entiende que la ciudadanía por derecho de nacimiento se requiere en virtud de la 14ª Enmienda de la Constitución, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos”. El texto se incluyó en la enmienda constitucional promulgada tras la Guerra Civil para garantizar que los antiguos esclavos negros y sus hijos fueran reconocidos como ciudadanos.
La frase ha sido generalmente entendida por los juristas de todas las ideologías como autoexplicativa, pero eso no ha impedido que algunos defensores antiinmigración presionen para una interpretación alternativa.
“El litigio es una certeza”, indicó Omar Jadwat, un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que también participó en la impugnación de la prohibición de viajar.
“Está directamente en la 14ª Enmienda”, añadió. “Sería esencialmente un intento de derribar una de las principales protecciones constitucionales que ha sido una parte clave de nuestro país”.
La Corte Suprema finalmente respaldó una versión suavizada de la prohibición de viajar de Trump, aplazando la autoridad del presidente en cuestiones de seguridad nacional, pero incluso los partidarios de la ciudadanía por derecho de nacimiento aceptan que el plan de Trump se enfrentaría a una batalla cuesta arriba potencialmente insuperable.
“Es algo que la Corte Suprema bien podría decidir en contra del presidente si diera este paso”, agregó Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, que apoya la idea. Su grupo está a favor de límites estrictos a la inmigración.
Si Trump pierde ese caso, entonces el siguiente paso está claro, añadió: habría que intentar iniciar el difícil proceso de enmendar la Constitución.
Un portavoz de la campaña de Trump declinó hacer comentarios sobre el plan, remitiéndose al anuncio original del expresidente.
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