La familia real británica enfrenta críticas por su falta de claridad en relación a sus bienes e ingresos, tras informes periodísticos que revelan que tanto el rey Carlos III como el príncipe Guillermo reciben fondos de organismos públicos y gozan de exenciones fiscales.
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No se conoce públicamente el detalle exacto de sus activos ni de los contratos, como los arrendamientos vinculados a los ducados de Lancaster y Cornualles, que pertenecen a Carlos III y Guillermo, respectivamente. Sin embargo, una investigación del Canal 4 y el Sunday Times ha sacado a la luz esta situación.
De acuerdo con estos medios, los ducados han generado millones de libras a través de contratos de alquiler de terrenos al NHS, el sistema de salud pública, que actualmente atraviesa una crisis de financiamiento, así como a otros ministerios y organizaciones benéficas. A pesar de esto, los ducados no están obligados a pagar impuestos de sociedades ni de plusvalías sobre sus ingresos.
Norman Baker, exdiputado del Partido Liberal Demócrata y crítico de la monarquía, afirmó que esto evidencia que la familia real está “estafando al pueblo”. Baker argumenta que estas tierras pertenecen a la corona y, por lo tanto, deberían revertir al ‘Crown Estate’, cuyo ingreso se destina al Tesoro Público desde una ley de 1760. Según esta legislación, el 15% de las ganancias del ‘Crown Estate’ se destina a la familia real para cubrir sus gastos y los salarios de sus más de 500 empleados.
El próximo año, esta asignación alcanzará los 132 millones de libras (171 millones de dólares). La familia real sostiene que los ingresos de los ducados financian sus actividades públicas, caritativas y privadas. Estos ducados fueron excluidos del acuerdo de 1760 debido a que, en su momento, generaban ingresos muy bajos, pero hoy tienen un valor aproximado de 1.800 millones de libras (2.330 millones de dólares) y reportaron beneficios de 50 millones de libras (65 millones de dólares) el año pasado.
Gracias a estos activos, Carlos III es considerado una de las personas más ricas del Reino Unido, con una fortuna personal estimada en 610 millones de libras (790 millones de dólares). Su ducado de Lancaster, por ejemplo, recibirá 12 millones de libras (15,5 millones de dólares) en un contrato de alquiler con un hospital de Londres para el estacionamiento de ambulancias. Guillermo, por su parte, firmó un acuerdo de 37,5 millones de libras (48,5 millones de dólares) con el Ministerio de Justicia para el arrendamiento del terreno de la prisión de Dartmoor.
Graham Smith, líder del grupo antimonárquico Republic, criticó que los ducados buscan maximizar sus beneficios a expensas del público. Aunque ambos ducados han negado cualquier irregularidad, esta no es la primera vez que la familia real se ve forzada a defender su situación patrimonial. En 2006, una comisión parlamentaria cuestionó las exenciones fiscales que disfrutan, pero el tema no recibió atención inmediata. En 2013, el mismo comité pidió un control más riguroso por parte del Tesoro sobre las finanzas del ducado de Cornualles.
Norman Baker sostiene que el Parlamento y el gobierno deben abordar esta problemática. Por otro lado, David Haigh, director de Brand Finance, considera que los ducados de Carlos III y Guillermo operan como cualquier gran patrimonio aristocrático.