Al menos 46 opositores y críticos del Gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua se encuentran en las cárceles del país centroamericano “por razones políticas”, incluidos 10 adultos mayores, denunció este martes el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
De los 46 reconocidos como presos políticos hasta el 7 de noviembre, ocho son mujeres y 38 hombres (incluyendo 10 detenidos antes de la crisis de 2018), precisó en un informe ese mecanismo, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Estas detenciones evidencian el clima de temor y censura que impera en el país, afectando a amplios sectores de la población”, indicó el Mecanismo, conformado por organizaciones de derechos humanos, de familiares de personas presas y excarceladas políticas, además de abogados defensores.
El organismo explicó que en esa lista documentaron el caso del coronel retirado Víctor Boitano, “quien fue reportado como desaparecido durante más de seis meses”, y, aunque las autoridades no se han pronunciado al respecto, fue incluido “a las filas de personas detenidas por motivos políticos”.
Según el informe, el Gobierno sandinista ha variado los tipos de delitos aplicados a estos grupos, “lo que sugiere una estrategia de persecución adaptada a los contextos y condiciones de las personas exiliadas en cada periodo”.
Ese cambio en la naturaleza de los cargos penales apunta a una sofisticación en las tácticas de represión, ampliando el alcance de las acusaciones para estigmatizar y deslegitimar aún más a las víctimas, consideró ese Mecanismo.
Piden vigilar situación de DDHH en Nicaragua
Asimismo, ese organismo advirtió que la práctica de las desapariciones forzadas “continúa siendo una realidad alarmante en Nicaragua, con 12 personas desaparecidas cuyo paradero ha sido ocultado, sumiendo a sus familias en la incertidumbre y en la angustia de no saber su destino”.
Además, el informe revela un aumento en el número de personas adultas mayores presas políticas, que ahora asciende a 10.
“Estas personas enfrentan una situación de extrema vulnerabilidad, especialmente debido a sus condiciones de salud y su avanzada edad”, alertó.
Ese Mecanismo hizo un “llamado urgente a la comunidad internacional para que mantenga la vigilancia sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua y exija el cese de las prácticas represivas que afectan a miles de ciudadanos”.
“La situación de las personas detenidas por razones políticas, la persecución a través de destierros y desapariciones forzadas, y la creciente vulnerabilidad de los adultos mayores en prisión, demuestran que el país atraviesa una crisis de derechos humanos que necesita atención inmediata y acciones concretas para garantizar justicia y protección para las víctimas”, apuntó.
El 5 de septiembre pasado las autoridades nicaragüenses excarcelaron a 135 personas considerados presos políticos, quienes fueron desterradas a Guatemala tras una negociación con Estados Unidos.
Luego de esa excarcelación masiva, la segunda en los últimos dos años, ese organismo contabilizó 36 personas en las cárceles, luego actualizó y la fijó en 45, y ahora ha aumentado a 46.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de “golpistas” y de “traición a la patria”. EFE